El Poder Judicial advierte al gobierno y a los medios

Un día antes del vencimiento del recurso cautelar que interpuso Clarín para evitar la desinversión, la Comisión Nacional de la Independencia Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exhortó al Poder Ejecutivo a cumplir con la Constitución Nacional y a los medios a que ejerzan el derecho de crítica evitando el agravio personal o familiar,

A través de un comunicado del Centro de Información Judicial, la comisión exhortó al estado nacional a "cumplir estrictamente con la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces".

La Comisión, coordinada por las ministras de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, resolvió "exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia", según el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial del máximo tribunal del país.

Esta advertencia se enmarca en el conflicto generado en la Cámara Civil y Comercial Federal que debe decidir acerca de la medida cautelar interpuesta por el grupo Clarín acerca de la desinversión contemplada en el artículo 161, ante irregularidades por la designación de jueces subrogantes que se debían expedir sobre la cuestión.

También se resolvió "exhortar a los demás poderes públicos del Estado" para que "no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados" subrayando que la independencia de los jueces "constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos".

En este sentido reivindicó esa garantía y sostuvo que para los jueces "se encuentra protegida por la Constitución Nacional y es un principio fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia".

El organismo advirtió que la independencia "no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos, puesto que se trata de hacer pública la preocupación de la magistratura como Poder del Estado por la afectación que recibe al tener que decidir sobre cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los propios".

Además se pidió a las "autoridades competentes" cubrir "cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado".

Por otra parte "exhortó a titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias" y además los llamaron a "promover el debate democrático de ideas".

Por último se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y a la AFSCA que "habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública".

En medio de la confrontación que el grupo Clarín mantiene con el gobierno nacional para no cumplir con la nueva ley de medios, el organismo de la Corte salió a poner paños fríos 24 horas antes de la aplicación de la nueva norma.

El comunicado está firmado por la Comisión, además de la Junta federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados, que respondió históricamente al juez Ricardo Recondo y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.

La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial está integrada por las tres asociaciones firmantes y es coordinada por las ministras de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.