Córdoba tendrá Policía Ambiental

La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó el proyecto de ley que envió el Gobierno de Córdoba creando la Policía Ambiental que tendrá a su cargo el control y fiscalización hídrico– ambiental en toda la geografía provincial (Ver La Provincia avanza en la creación de la Policía Ambiental).

La iniciativa oficialista fue acompañada por los bloques del radicalismo, del Frente Cívico (FC) y de Encuentro Vecinal Córdoba, mientras que el Frente de Izquierda se abstuvo de votar.

No obstante, toda la oposición remarcó su desconformidad con el artículo diez el cual refiere al régimen laboral del futuro personal que integrará la Dirección de Policía Ambiental, ya que el mismo faculta al propio Poder Ejecutivo a establecer el futuro estatuto, en vez de a la Legislatura de Córdoba.

“Hay que preservar el ambiente. Esta política de ambiente le ha dado un rasgo constitucional a este derecho que tenemos todos, pero que también tenemos el deber de proteger”, remarcó el legislador de Unión Por Córdoba, Javier Pretto.

A su turno, la legisladora por el FC, Nancy Lizzul, remarcó su desconformidad con el artículo diez, y agregó que las organizaciones no gubernamentales deberían haber participado de la elaboración del proyecto.

“Nuestra voluntad es de apoyo a proteger el ambiente, vamos a acompañar el proyecto, pero votando en contra el articulo diez. Estamos en contra de la delegación de poder”, señaló la parlamentaria juecista y agregó que “vamos a manifestar que hubiese sido muy oportuno incluir a las organizaciones no gubernamentales en este proyecto de ley”.

Asimismo, el bloque de legisladores provinciales de la UCR decidió respaldar en general y rechazar en particular el proyecto de ley. En primer término, la legisladora Amalia Vagni destacó la voluntad política del oficialismo de haber consensuado e incorporado algunos puntos de una propuesta similar presentada -años atrás- por un ex integrante del anterior bloque Radical en la “Casa de las Leyes”.

Luego opinó que esta nueva figura debe contar con la debida asignación de recursos, “sin él sería de imposible cumplimiento para un control eficaz, que demuestre que la política ambiental en Córdoba es realmente una política de Estado”.

Posteriormente, la parlamentaria Radical Olga Rista hizo referencia a la objeción en particular por parte del Radicalismo que giró en torno al artículo diez del despacho final, referido al régimen laboral del futuro personal que integrará la Dirección de Policía Ambiental, ya que el mismo faculta al propio Poder Ejecutivo a establecer el futuro estatuto, “cuando en realidad y según la normativa vigente es potestad de la Legislatura en llevarlo a cabo”, dijo.

Del mismo modo, desde el bloque unipersonal Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, remarcó su disconformidad con el artículo diez y abogó por que no se demore la reglamentación de la ley.

“Apoyo a la iniciativa salvo el articulo diez, y quiero confiar que estamos poniendo en marcha reglamentaciones constitucionales, que esta ley logre ponerse en marcha”, señaló García Elorrio.

En tanto, desde le FI, Liliana Olivero, pidió la abstención a la votación asegurando que “hemos visto durante trece años que al gobernador de Córdoba el tema del ambiente ha estado en el último escalón de la agenda publica”.

Recordemos, que la iniciativa prevé una conformación de 70 agentes especializados a quienes se los dotará de los recursos materiales necesarios para hacer más eficiente la custodia de los recursos naturales, entre los que se contarán 25 autos y camionetas, cuatro lanchas, ochos motos y cuadriciclos y un avión de uso exclusivo.

El proyecto contempla además, la creación de una Dirección, órgano que dependerá directamente del ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo.

De este modo, podrá actuar de manera más expeditiva e integral durante todo el procedimiento administrativo que contempla el control. También se apunta a unificar el trabajo que hoy ejercen las secretarías de Recursos Hídricos y Ambiente en esta materia.

Para poder cubrir todo el territorio provincial, la Policía Ambiental tendrá agentes en puestos fijos y grupos móviles. Contará con capacitación permanente y un régimen especial en el que se ponderarán el cumplimiento de objetivos y la eficiencia en la tarea asignada.

“La creación por ley de este cuerpo especializado de control demuestra que para el gobierno provincial la custodia y preservación de nuestros recursos naturales es una política de Estado. Definimos esta política pública y luego elaboramos el proyecto de ley para instrumentarla”, señaló Calvo.

“Para facilitar el procedimiento y poder detener actividades irregulares, los agentes podrán ingresar en cualquier establecimiento sin previa orden judicial en el caso de que existan actividades que se encuentren en flagrante infracción de la normativa”, agregó el funcionario.

Según lo establece el texto enviado a la legislatura, los agentes públicos podrán ingresar sin autorización judicial en el caso de que exista la posibilidad de que en ciertos establecimientos se encuentren acopios de productos obtenidos de actividades infractoras, y maquinarias, vehículos o herramientas utilizadas.

En cuanto a la celeridad que tendrán las sanciones derivadas de ilícitos ambientales e hídricos, el ministro precisó: “El director de la policía ambiental estará facultado para resolver en definitiva los sumarios que se labren a partir del trabajo de control en campo”.

Desde el gobierno provincial señalaron que en los últimos 60 días, el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía evitó que se desmontaran 20 mil hectáreas de bosque nativo en distintos puntos de la provincia. De un total de 34 operativos de control, se procedió a la clausura de 30 predios rurales para que el bosque se recupere de manera natural.