Se extiende la brecha entre el delasotismo y el mestrismo
El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) del Concejo Deliberante y vicepresidente 1º del Comité Central de la UCR, Javier Bee Sellares, reclamó hoy en la audiencia pública por el presupuesto 2013 en la legislatura de Córdoba, que la “Ley de Leyes” generará un perjuicio fiscal a los municipios y comunas alrededor de casi 600 millones de pesos.
“Conforme el análisis de los fondos que la provincia distribuiría entre los Municipios y Comunas durante el año 2013, y lo que hubiera correspondido distribuir, se desprende como conclusión que el gobierno provincial posiblemente no distribuya entre las entidades locales una suma aproximadamente de 597 millones de pesos”, aseveró el concejal Radical.
En Concreto, el edil exhibió críticas al proyecto que ya cuenta con una aprobación en primera lectura por imposición del oficialismo y el rechazo del arco opositor, resaltando que la provincia no coparticipa fondos de la distribución primaria, Impuesto a las Ganancias (excedente Fondo Conurbano), ley 24.699, de Bienes Personales, Régimen simplificado de pequeños contribuyentes.
Además, aseguró que la provincia aumentó los impuestos coparticipables y esos aumentos han derivado a fondos.
“La provincia no sólo no incorporará en la masa coparticipable fondos de origen federal sino que además ha utilizado otra sutil herramienta, ha aumentado los impuestos coparticipables y ha derivado esos aumentos a “fondos”, que no son otra cosa que aumentos de impuestos, nada más que con el simple recurso de ponerles como nombre fondo, ha impedido que los mismos sean coparticipados”, añadió Bee Sellares.
El concejal aseguró luego que “esto trae como corolario de lo antedicho, que no se incorporarán a los municipios y comunas recursos provenientes del Fondo Mantenimiento de la Red Firme Natural, Fondo de Desarrollo Agropecuario (ley 9456), Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Educativo (FODISE), el de Infraestructura para municipios y comunas, el de Emergencia (ley 8663, artículo 4 inc. C), FASAMU y FOFINDES creados por la mencionada norma en los incisos D y E, respectivamente y de distribución primaria para municipalidades y comunas”.
“Estamos convencidos desde la UCR que es en el marco del diálogo, como herramienta fundamental de nuestra democracia, desde donde debemos encauzar este reclamo que corresponde sea atendido”, concluyó el concejal.
Asimismo, el presidente del bloque del Frente Cívico (FC) del Concejo Deliberante, Esteban Dómina, expresó que para el 2013, la ciudad capital se verá afectada en 240 millones de pesos que la provincia debería girarle, y explicó que se debe principalmente a que la provincia absorbe recursos nacionales que no incluye en la coparticipación, y a que la recaudación del impuesto inmobiliario rural deriva a fondos específicos, los cuales pueden o no ser gastados en los municipios.
A su turno, la Secretaria General de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Irina Santesteban, remarcó su critica hacia el poder legislativo provincial, por el poco dialogo que éste tienen con el gremio: “últimamente, venimos y venimos pero nos parece que no nos escuchan”.
Luego puntualizó, que el proyecto -aprobado ya en primera lectura- prevé destinar dos millones de pesos para el poder judicial, remarcando que en el mismo, no se tiene en cuenta las refacciones edilicias que se deben hacer y el incremento de trabajo y trabajadores que se tuvo que efectuar debido a la sanción de la ley que traspasó a la provincia la lucha contra el narcotráfico.
“Para que haya un poder judicial independiente tiene que haber autonomía”, resaltó Santiesteban, y agregó que no solamente el cuerpo legislativo debería intervenir en cuanto se distribuye, sino en la manera en que se distribuyen los fondos dentro de la justicia.
En este sentido, empleados del poder judicial, Guadalupe Vásquez y Daniel Crivello, realizaron la presentación ante los parlamentarios de un proyecto de ley que pretende la equiparación salarial –con la nación- de todo el poder judicial, y no solamente de los magistrados.
Otro punto que se cuestionó en general en la Audiencia Pública por el presupuesto 2013 es el esquema tributario regresivo. En este sentido, el presidente de la delegación de Córdoba de APUME, Gabriel Tobal, aseguró que “la relación jurídico tributaria esta desequilibrada entre el gobierno y los contribuyentes. La Policía Fiscal no capta a los grandes evasores la policía fiscal” y denunció una persecución a las pequeñas empresas.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Tejerina, evidenció que en el año 2012 hubo un incremento del 34 por ciento del sueldo de los camaristas y denunció que “un cordobés que quiera asistir a la justicia va a tener que pagar un 37 por ciento más por el aumento de la unidad economía JUS”.
“Evidentemente vamos a generar una justicia para algunos y una injusticia para otros muchos cordobeses no vana acceder”, concluyó el jurista.
Por otra parte, el representante por el Colectivo por el Derecho a la Salud, Carlos Godoy, manifestó su disgusto por los recursos estipulados para el área. Puntualmente, dijo que “hay una deuda importante con el deterioro de la Salud”, y explicó que en el sistema de salud hay una situación de saturación.
“El Estado debe ser el garante para la salud, nos parece que el presupuesto es insuficiente”, declaró Godoy, mientras que denunció que la provincia esta, progresivamente, remplazando recursos nacionales por los provinciales, “en vez de que los recursos nacionales sean un extra”.
También se hizo presente, por el Nuevo Encuentro, Graciela Trebber, quien remarcó el carácter regresivo tributario y puntualizó el reclamo en la “desactualización” del impuesto inmobiliario rural: “creemos que políticas distributivas deberían sacar a los que mas tienen para distribuir a los que menos tienen”.
Posteriormente, hizo uso de la palabra la representante de la Asociación de Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda, María Teresa García, quien pidió a los legisladores que incorporen en el presupuesto 2013 recursos para materializar las cinco mil viviendas que salieron sorteadas en el 2005 y que hasta el día de la fecha el gobierno provincial no las entregó.
En este marco García remarcó y cuestionó que en el 2012 no se hayan previsto fondos para las viviendas pero si para la construcción del Faro, de la Nueva Terminal y del Centro Cívico.
“Nos prometieron 16 mil viviendas para la clase media. La clase media cordobesa no es una prioridad para el gobierno de Córdoba, fue una estafa electoral”, concluyó García.
A su turno, Eduardo Salas, por el Frente de Izquierda, denunció que “esta decisión política es la decisión política que se aplica en el orden nacional y municipal. Con un carácter regresivo de la política tributaria” y agregó que es “un bolsillo donde todo el mundo mete la mano: provincia municipio y nación”.
En tanto, presentó a los parlamentarios un escrito en el que se aboga por que se contemple la eliminación de todos los impuestos al consumo, que se aumente el impuesto inmobiliario rural, que se deroguen las leyes que aplican el recorte jubilatorio, y que se reclame a la Nación la suspensión del pago de la deuda externa.
Cabe señalar, que hoy se llevó a cabo la décimo primera Audiencia Pública en la Legislatura Provincial en la que pocos sectores de la sociedad civil expresaon su opinión acerca del Presupuesto 2013 y de las modificaciones al Código Tributario y a la Ley impositiva anual, instancia que se viene desarrollando desde el año 2002. (Ver: La Audiencia Pública, cada vez más devaluada)