El “Terrorismo Negro”, el inicio para instaurar un modelo económico neoliberal

Con el juicio de la megacausa de “La Perla” que comienza mañana, no solo se dejará en evidencia, el ya comprobado accionar represivo y asesino del Estado durante la última dictadura cívico militar, sino que por primera vez en Córdoba quedará demostrado que la finalidad de este plan sistemático fue la instauración de un modelo económico neoliberal, incrustado a la fuerza en la sociedad argentina a través del miedo.

Parte de los hechos que se ventilarán durante este proceso judicial comenzaron en 1974 con el Navarrazo y la aparición de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), cuya versión en Córdoba terminó siendo el Comando Libertadores de América, integrado por oficiales, suboficiales, personal civil de inteligencia del III Cuerpo del Ejército y la patota de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Córdoba, la D2, quienes ejecutaron lo que se conoce como “Terrorismo Negro” que preparo psicológicamente a la población para permitir el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Tenían como objetivos claramente definidos para la persecución, secuestro, desaparición y asesinato, a los integrantes de los movimientos sindicales, de organizaciones políticas y estudiantiles. Nada era por casualidad, hubo un plan de aniquilamiento programado y ejecutado, que con la excusa de la existencia de grupos guerrilleros armados, lo fueron desarrollando ante la mirada cómplice de gran parte de las instituciones y la sociedad argentina.

El 58% de los desaparecidos en Córdoba eran trabajadores y sus ejecutores formaban parte de una gran comunidad informativa de la que participaban los distintos jefes de inteligencia de las fuerzas estatales de seguridad; la policía, el ejército y las fuerzas aéreas comandadas por el III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, que se reunían una vez por semana.

En abril de 1976, el ejército emitió un memo, que integra parte de la evidencia de este megajuicio, que dice textualmente que a los opositores había que desaparecerlos. Esto pasó en Córdoba, pero formó parte de un plan perfectamente orquestado para instaurar las medidas económicas más siniestras de la historia moderna de nuestro país que durante casi tres décadas estuvo condenado a la miseria planificada, sin cultura, educación, industrias ni trabajo.

Para ello las primeras medidas que tomó la Junta militar fue en  materia laboral y sindical, como el decreto ley  del mismo día del golpe,  donde se suspendió el derecho de huelga y de cualquier medida de fuerza que pudiera afectar la producción, complementada en la ley 21400 de setiembre de 1976 donde establecía penas para los trabajadores que participaran en medidas de fuerza  y autorizaba a las empresas a despedir sin indemnización  a trabajadores detenidos a disposición del PEN.

En mayo de ese mismo año se sancionaba el decreto ley 21.307 que suspendía el funcionamiento de las Comisiones Salariales y autorizaba al Poder Ejecutivo a establecer los aumentos salariales. A su vez, la ley 21.356 suspendía la elección de delegados, que pasaron a ser designados por el Ministerio de Trabajo a propuesta de las empresas y la burocracia sindical.

Y en relación  a los trabajadores del estado la ley 21.260 autorizaba al Poder Ejecutivo a cesantear a todo empleado sospechoso de actividades disociativas, o vinculación con la subversión. A la  par de una inflación galopante se  devoraba los salarios de los trabajadores.

Para lograr consensos, la dictadura militar argentina utilizó, como casi todas, la propaganda para convencer  a la sociedad de las bondades de un sistema económico impuesto a través de la fuerza y el terror. Estos mensajes llamaban “bajar los costos" internos (Video 1), comprar productos extranjeros  (Video 2) y el llamado a la unión nacional para "terminar" con la subversión (Video 3).

El mensaje era claro: empresarios ricos, sueldos indignos a los trabajadores, especulación financiera, importaciones y destrucción de la industria nacional financiada con un fuerte endeudamiento internacional, instaurando un proceso planificado de pobreza y miseria en el país.

El plan económico anunciado el 2 de abril de 1976 fue creado por José Alfredo Martínez de Hoz. Sus primeras medidas fueron congelar los sueldos de los trabajadores, que quedaron bajo el control de la Nación. “El salario real ha llegado a niveles excesivamente altos en relación con la productividad de la economía” afirmaba el ministro en 1976. Esa política provocó que el ingreso de los trabajadores cayera un 40 % entre 1976 y 1980.

Se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones y se inauguró el pedido de créditos a organismos internacionales: la Argentina recibió del FMI 400 millones de dólares. El slogan para los primeros meses de la dictadura fue: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

En 1975, la inflación había subido más del 300 por ciento al año, el PBI descendió un 1,4 por ciento y el PBI per cápita cayó un 3 por ciento. Mientras, los precios al consumidor habían subido entre marzo del ‘75 y enero del ‘76 un 566,3 por ciento. La respuesta que Martínez de Hoz encuentra para parar la inflación fue la famosa “tablita". Un sistema de devaluaciones preanunciadas para que se supiera cómo y cuándo se iba a devaluar. La tablita dio comienzo á la era de “la plata dulce” y “al deme dos”.

La etapa de la circulación de dinero que producía más dinero fue denominada “la época de la plata dulce” y, junto con endeudamiento externo, trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a una tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta: con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor.

El año 1980 fue el comienzo de un final anunciado: las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30%, acompañada por una nueva crisis mundial que, para un proyecto basado en el mercado externo, era determinante. En ese contexto se produjo el “crack bancario” de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada “plata dulce”.

La quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR) fue el primer indicador. Siguió el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales. El frente de la burguesía que hasta ese momento había apoyado acríticamente al proyecto —sobre todo en su aspecto represivo— reclamó una política de salvataje por parte del Estado frente al crack industrial y financiero. A partir de allí, el plan pasó a retiro.

En realidad esta primera etapa del plan económico constituía una puesta a punto de lo que vendría meses más tarde. El 1 de junio de 1977 la “ley de entidades financieras” libera el mercado de dinero y le da garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Con esta norma, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Comenzó así la especular y tristemente célebre "bicicleta financiera".

En octubre del ‘77, las tasas de interés alcanzaron un nivel del 135 por ciento anual. La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas tuvieran que endeudarse en el extranjero, la que debieron pagar altas tasas para lograr financiación en el mercado local. Así, mientras los plazos fijos y las financieras se reprodujeron ferozmente, los que tomaron créditos hipotecarios durante esa época terminaron pagando tasas usurarias: el ejemplo fue la de la recordada circular 1050 del Banco Central, que determinó que miles de ahorristas terminaran pagando tasas siderales o que debieran entregarle sus viviendas al banco, ya que los intereses, fijados por un mercado de tasas que llegaron a más del 100 por ciento al año, tornaba impagables los préstamos.

En 1978, el plan de Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total -o de un éxito pergeñado para destruir una nación en beneficio de intereses externos y una pequeña elite- la inflación anual llegó al 160 por ciento, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2%. Al crecimiento nulo del país se le sumaron los fuertes gastos del Estado: el 25 de junio del 1978 la Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Ese mundial, organizado en el país, costó cerca de US$ 500 millones, gasto que fue completamente cubierto por el Estado.

La perversión del sistema financiero se tomó difícil de dominar para el Gobierno: en 1979, los precios minoristas crecieron en un 139,7 por ciento, y a capacidad de consumo se redujo vertiginosamente. Al final, la distorsión la banca terminó por perforar a muchas entidades financieras, que no pudieron hacer frente a sus obligaciones: el 28 de marzo de 1880 el Banco Central ordenó la Intercambio Regional (BIR).

A fines de ese año, cerca de 23 entidades financieras habían quebrado, casi todos bancos cooperativos o provinciales. El fracaso de la gestión de Martínez de Hoz terminó por hacerse evidente cuando tuvo que tomar una resolución drástica: el 3 de febrero de 1981 el peso fue devaluado un 10 por ciento con relación al dólar. Con la economía en contracción, la gestión de Martínez de Hoz finalizó en 1981, con el reemplazo del teniente general Jorge Rafael Videla por el teniente general Roberto Eduardo Viola en la presidencia de la Nación.

El 29 de marzo de 1981 asume un nuevo ministro, Lorenzo Sigaut quien pasó a la historia por la frase “esta vez, el que apuesta al dólar pierde”. Tan sólo un mes después el flamante ministro dispone una nueva devaluación que provocó que el peso perdiera un 35 por ciento de su valor con, respecto al dólar.

Sigaut duró 9 meses los mismos que Roberto Viola que fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. A fines de año el Ministro de Economía fue reemplazado por uno de los hombres cercanos a Martínez de Hoz y ex-Ministro de Economía durante el gobierno de Frondizi: Roberto Alemana.

Los objetivos globales de Alemann eran bajar la tasa de inflación, desregular y privatizar, en ese orden. Sus primeras medidas incluyeron la reunificación del mercado cambiario, el restablecimiento de una tasa de cambio flotante, nuevos impuestos sobre las exportaciones una reducción de la dispersión de derechos de importación y el congelamiento de los salarios del sed público.

Como consecuencia, la inflación declinó. De todos modos, la guerra Malvinas desatada el 2 de abril 1982 marcó un punto de inflexión para el gobierno militar. La derrota de las Fuerzas Armadas argentinas aceleró el proceso de deterioro del régimen y lo empujó a buscar una trasmisión política que le permitiera transferir el poder.

Las decisiones económicas, entonces, estuvieron sujetas a los vaivenes de la liberalización política: En julio de ese año general Reynaldo Bignone reemplazó a Galtieri e inmediatamente inició diálogo con los sectores políticos. Su primer Ministro de Economía fue José María Dagnino Pastore (ex ministro de la misma cartera durante gobierno de Onganía), a quien acompañó, como presidente del Banco Central, Domingo Cavallo.

Los principales hechos económicos estuvieron marcados por la reforma financiera lanzada por Cavallo que provocó una escalada  inflacionaria. Dagnino Pastore y Cavallo dejaron sus puestos a mediados de agosto. El último Ministro de Economía del Proceso fue Jorge Wehbe, quien “administró” la crisis. Durante esos meses se restablecieron negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y se volvió a implementar el control de precios y de las tasas de interés, la inflación volvió dispararse en 1983 y el traspaso del poder al nuevo gobierno constitucional se hizo en el marco de una acentuada crisis económica.

Finalmente la dictadura militar y las política liberales aplicadas por sus ministros de economía terminaron provocando la destrucción del aparato productivo, el cierre de miles de empresas que dejaron en la calle a otros tantos trabajadores. La deuda externa trepó hasta cifras inconcebibles y el gobierno democrático de Raúl Alfonsín que asumió en diciembre de 1983 debió cargar con una pesada herencia que luego provoco su propia caída.

Más de 700 testigos aportarán sus declaraciones, a partir de mañana, en el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el marco de la mega causa del ex centro clandestino de detención La Perla, cuyo principal imputado es el multicondenado represor Luciano Benjamín Menéndez.

La Perla es una de las causas más grandes del país y la más importante de Córdoba, con aproximadamente 500 víctimas y más de 700 testigos entre familiares, víctimas sobrevivientes y personal perteneciente a fuerzas de seguridad.

Durante el juicio, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba se sentarán en el banquillo de los acusados 45 represores, (hoy 44 ya que durante el fin de semana se suicidó Aldo Carlos Checchi) entre los cuales están Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, y Luís Gustavo Diedrichs, quienes ocuparon distintos puestos de mando en el Destacamento de Inteligencia 141, cuya base operativa era La Perla.

También se encuentran imputados Luís Alberto Manzanelli, Jorge Exequiel Acosta y Arnoldo José López (torturadores de La Perla); Carlos Alfredo Yanicelli y Yamil Jabour, ex miembros del Departamento de Informaciones de la policía de la provincia (D-2); y Héctor Pedro Vergez, ex jefe de La Perla, entre otros.