Fiscal pidió perpetua para cinco represores en Santiago del Estero
El fiscal federal Gustavo Gimena pidió la condena a prisión perpetua de cinco de los diez represores acusados por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas, antes y durante la última dictadura militar.
Gimena pidió perpetua para Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López Velloso, Francisco Paco” Laitán y Juan “Serpico” Bustamante por considerar probados los delitos de “homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, torturas, abuso deshonesto, violación y asociación ilícita”.
Asimismo, reclamó una condena de 25 años de prisión para el ex militar Jorge Alberto D´Amico y los ex policías Eduardo Bautista Baudano y Carlos Héctor Capella, como coautores responsables de los delitos de “privación ilegal de la libertad y torturas”.
Para los restantes imputados, los ex policías José Gregorio Brao y Rolando Salvatierra, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió 15 años de cárcel efectiva.
Se han lesionado los derechos a la vida y la libertad, desde un laboratorio de asesinos, que contaron con la complicidad del poder de derecho y de facto una vez usurpada las instituciones”, explicó el fiscal.
Gimena calificó de "patotas, canallas, sinvergüenzas, bárbaros y cachafaces” a los acusados de delitos de lesa humanidad y denunció que antes y durante la última dictadura militar “hubo una auténtica carnicería”
Con anterioridad, las querellas coincidieron en pedir prisión perpetua para los represores santiagueños Musa Azar, Garbi y López Veloso, en el marco del juicio de la denominada Megacausa.
También, reclamaron 25 años de cárcel para el ex militar D´Amico y 15 años para los policías Baudano, Salvatierra, Capella y Brao.
Entre los alegatos de las defensas, Pablo Lothier, representante del represor Musa Azar pidió revisar la decisión acerca de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
En la audiencia de hoy, el defensor oficial reclamó “el sobreseimiento” de Musa Azar, que actualmente cumple dos condenas a prisión perpetua por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, en noviembre de 1976 y el denominado doble crimen de La Dársena.
Asimismo, denunció que el represor “no pudo ejercer su derecho a defensa” tras sufrir una afección cardíaca, aunque sistemáticamente se niega a seguir las audiencias a través de un sistema de videoconferencias instalado en el Hospital Regional “Ramón Carrillo” en el que permanece internado.
Por su parte, la defensora oficial Angelina Bosselini, pidió la absolución del represor “Serpico” Bustamante, tras realizar un planteo de inconstitucional a la decisión de juzgamiento por delitos de lesa humanidad.
En su alegato, Bosselini explicó que Bustamante “no puede ser condenado porque la mayoría de los testigos no lo mencionaron en sus declaraciones.