Aprobarán el resarcimiento a víctimas de la represión de diciembre de 2001
La Cámara de Diputados debatirá mañana el proyecto de ley que establece un resarcimiento económico para las víctimas de la represión en las jornadas de protesta de los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001, a raíz de la crisis social que tuvo lugar durante el gobierno de la Alianza y desembocó en la renuncia del presidente, Fernando de la Rúa.
El proyecto, respaldado por la mayoría de los bloques de la Cámara, apunta a la reparación económica de los familiares de las 36 víctimas fatales y de los cientos de heridos en aquellas jornadas.
Según el texto, la indemnización a las víctimas comprenderá los casos de muerte, lesiones gravísimas y lesiones graves, y a los efectos de la acreditación del carácter de víctima de la represión se admitirá cualquier medio de prueba.
El texto agrega que, en el caso de muerte de la víctima, serán beneficiarios del resarcimiento económico sus derechohabientes; y que también serán beneficiarios los que hayan vivido en unión de hecho por lo menos dos años anteriores al fallecimiento.
Aclara que el resarcimiento económico obtenido por esta ley es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios.
Se establece que la solicitud del resarcimiento económico se hará ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reviste el carácter de Autoridad de Aplicación de la norma.
En relación a los montos, prevé un monto equivalente a 100 veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa por la totalidad de los rubros que integran el salario del agente sujeto a aportes jubilatorios.
Para las víctimas con lesiones gravísimas, prevé un monto equivalente a 30 veces esa remuneración y para los lesionados graves, un monto equivalente a 20 veces esa remuneración.
Además, aclara que dichas sumas no comprenden los montos necesarios para afrontar eventuales gastos de internación, operación y recuperación, los que deberán ser erogados por el Estado Nacional en su totalidad.
El plenario del cuerpo analizará también el pedido de designación de Cynthia Ottaviano como la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fuera aprobado oportunamente por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento.
La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá el rol de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión.
Ambos proyectos serán tratados en el marco de la sesión especial que se iniciará a las 11,45 y que incluye los debates sobre el establecimiento del `Per Saltum` y sobre el agravante de penas por femicidio.