Montero denunció severas irregularidades en el Centro Educativo Esperanza
La legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero denunció irregularidades, faltas de insumos, poca presencia de los equipos de salud y precariedad en la seguridad en dos institutos que conforman el Centro Educativo Esperanza conformado por cinco instituciones que albergan a jóvenes en conflicto con la ley penal hasta los 18 años, ubicado en cercanías de Bouwer, a 12 kilómetros de Córdoba Capital.
La parlamentaria junto a su equipo de trabajo recorrió el último martes, por más de tres horas, los institutos Horizontes y Nuevo Sol donde habló con los trabajadores, los adolescentes alojados allí, los profesionales médicos y con un sacerdote que realiza una tarea de acompañamiento y donde pudo tomar fotografìas que muestran el estado de estos lugares.
En lo que Montero definió como un primer informe, señaló en una primera instancia la precariedad en el acceso principal, un pobre sistema de seguridad fuera y dentro del Complejo, donde inclusive el ómnibus urbano entra al complejo, gira en una rotonda interna y vuelve a salir por un precario portón de caño y alambrado, que está siempre abierto.
La mayor queja de los jóvenes que están alojados en el lugar es la comida, calificada por la legisladora como “espantosa”, “probamos las milanesas que habían almorzado ese día y ni siquiera se puede distinguir de que están hechas, son literalmente vomitivas”, aseguró.
En materia de infraestructura Montero pudo constatar un serio déficit de mantenimiento apreciable en, humedad en paredes y techos, baños precarios, sin canillas, con letrinas tapadas, agua y humedad por todos lados, ventanas sin vidrios, tapados con cartones o bidones de plásticos, las cloacas se tapan o desbordan cerca de los invernaderos donde pululan los mosquitos.
En lo pertinente a los equipos de salud, la legisladora constató que estos servicios son esporádicos e insuficientes, la psicoterapia se da cada 15 días, hay un solo trabajador social, la médica pasa 24 hs. “en una pocilga” y el consultorio no tiene pileta para lavarse las manos, por lo que no se sutura más ninguna herida por temor a infecciones y no cuentan con una ambulancia.
Con el personal no ocurre lo contrario, según el informe de Montero, la mayoría tiene categoría de administrativo y viene desde hace años reclamando se les de un nuevo encuadramiento por lo que cuando sufren algún altercado que les genere heridas o trastornos físicos, la ART no los cubre porque no “entiende” porque un administrativo sufrió tal situación.
En la escuela que poseen los institutos funcionan algunos talleres donde aprenden oficios que le puedan dar una salida laboral. En la granja, existen tres invernaderos a los que se les voló el techo y ya no funcionan como tal. Tienen un tractor Fiat modelo 1973 que hace dos meses que está parado porque se le rompió el eje y se le salió una rueda y nadie lo arregla porque no hay mecánicos ni herramientas para mantenimiento.
Los insumos que la legisladora pudo encontrar en los institutos sólo fueron un papel higiénico por día, para 11 o 15 internos, un jabón y un litro de shampoo para 50 internos, sin secadores ni trapos de piso, por lo que todo siempre está mojado.
Ante esta situación Montero aseguró que “en la medida de que allí adentro no se generen condiciones de vida digna, no se trabaje seriamente con los internos en espacios terapéuticos y laborales en serio es muy poco probable que de allí egresen con mejores condiciones personales para afrontar la vida en sociedad (…) pues allí es la Ley de la Selva”.
“La responsabilidad de lo que está pasando en el Complejo Esperanza es del Gobierno Provincial pero también de la Justicia de Córdoba que brilla por su ausencia para controlar lo que allí sucede” concluyó.
El Centro Educativo Esperanza está compuesto por los institutos, CAD-Centro de admisión-, Horizontes, Pasos de Vida, Nuevo Sol y San Jorge.
Esta visita forma parte de las que ya viene realizando Montero, como la del Hospital Misericordia, tomando la tarea legislativa orientada a la acción. Al terminar estos relevamientos de la situación en la que se encuentran, la legisladora los plasma en pedidos de informes al Poder Ejecutivo, que aunque terminan rechazados en el recinto de la Unicameral, sirven para hacer públicas estas situaciones.
“Nos parece central el contacto directo con las situaciones de las que pretendemos hablar y dar cuenta. Nadie nos cuenta la realidad, la vemos, la vivimos, la documentamos y a partir de ese trabajo proponemos lo que creemos oportuno”, aseguró.