Camarista que viajó invitado por Clarín no tenía permiso de la Corte
El camarista Francisco Horacios de las Carreras, que debía intervenir en la causa que cuestiona la constitucionalidad de uno de los artículos de la Ley de Medios, estuvo en Miami quince días invitado por el Grupo Clarín para participar de la III Cumbre de CERTAL, a pesar de que la Corte Suprema sólo lo había autorizado a ausentarse cinco días.
Así lo revelaron fuentes judiciales a Télam, luego de que el Gobierno Nacional denunciara al magistrado ante el Consejo de la Magistratura por asistir a la III Cumbre de CERTAL realizada en Miami entre el 1 y el 3 de mayo de este año, evento que organizó el Grupo Clarín a través de Cablevisión.
Las mismas fuentes confirmaron que de las Carreras viajó acompañado por su esposa y, como parte de la invitación, ambos se alojador en el lujoso hotel Biltmore, el mismo que -a lo largo de su historia de casi 90 años- fue elegido por Al Capone, el ex presidente estadounidense Bill Clinton y hasta Carlos Menem.
La información sobre el viaje del vocal De las Carreras fue revelada el viernes por el diario Página/12, donde también se consignó que el Gobierno lo recusó.
De las Carreras participó en un viaje de turismo a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, financiado por el Grupo Clarín en la primera quincena de mayo, mientras tramitaba en su sala el caso vinculado” con la ley de Medios, dice el texto de la denuncia, al que tuvo acceso el matutino.
En el texto también se sostiene que participaron de ese viaje los abogados del Grupo Clarín Fernando Llerena y Fabián Rodríguez Simón.
Sin embargo, según se confirmó en las últimas horas, también partició del encuentro de CERTAL el Gerente de Asuntos Regulatorios del Grupo Clarín, Hernán Verdaguer, quien incluso fue uno de los oradores centrales del evento en el que participó el magistrado.
Verdaguer es uno de los siete directores de la organización CERTAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso ade la Información en América Latina), que es presidida por Pablo Scotellaro.
En ese marco, en la denuncia presentada por el gobierno a través del ministro de Justicia Julio Alak, se pidió en base a los antecedentes que el magistrado, hasta tanto se decida la recusación, “se excuse de intervenir en las presentes actuaciones” relacionadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y no se descarta en el gobierno que estas revelaciones deriven en un juicio político al acusado.