Procesaron a Otero Álvarez, Puga y Cornejo
La Justicia Federal de La Rioja resolvió hoy procesar a tres ex funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba y sobreseer a otros dos, en el marco de una causa que se investiga la presunta complicidad de funcionarios judiciales federales con la última dictadura cívico-militar, según confirmaron desde esa jurisdicción judicial en Córdoba.
El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dictó el procesamiento del ex fiscal federal Antonio Cornejo, del ex juez federal Miguel Ángel Puga y del ex secretario federal Carlos Otero Álvarez, y para los tres casos el magistrado dispuso la “inmediata libertad bajos las restricciones formales como mantener el domicilio y la prohibición de salir del país.
Cornejo y Puga fueron procesados por el delito de "incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal".
Por su parte, Otero Alvarez fue procesado por "encubrimiento" y para los tres casos el juez Piedrabuena consideró que hubo “actitud omisiva” y “silencio cómplice” de los magistrados como un común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba.
En ese sentido, el juez añadió que con su actitud “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos con su inactividad.
En ese contexto, Piedrabuena sostuvo que “los distintos hechos gravísimos aquí investigados, hieren, laceran a la humanidad y por ende a la razón, puesto que de haberse hecho lo que se debía las víctimas asesinadas, hoy, tal vez, no lo estarían; los torturados, los abusados, los maltratados, los privados ilegítimamente de su libertad, tal vez, hubieran tenido justicia en su oportunidad.
En la misma resolución, el juez federal riojano dictó la “ausencia de mérito” respecto de los hechos por los que fueron indagados los ex defensores oficiales de la justicia federal de Córdoba, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina.
En esta causa se investiga la actuación de ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial en la tramitación de causas, donde resultaron víctimas personas detenidas durante la última dictadura y que se encontraban a disposición de la Justicia Federal de Córdoba.
En el marco de esta causa el viernes 31 de agosto, fue detenido con prisión domiciliaria el ex Defensor Oficial, Ricardo Haro, (Ver Ordenaron prisión domiciliaria para Haro).
El jueves 30 del mismo mes quedó privado de su libertad Luis Eduardo Molina, defensor oficial durante la dictadura acusado de encubrimiento, abuso de autoridad en calidad de autor y de cómplice secundario respectivamente (Ver: Quedó detenido el ex defensor federal Molina).
El martes 28 de agosto ordenaron la prisión domiciliaria al ex procurador fiscal Antonio Sebastián Cornejo acusado de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal en calidad de autor y aplicación de tormentos como cómplice secundario (Ver Detuvieron con prisión domiciliaria al ex procurador fiscal Cornejo).
Y el lunes 27 de ese mismo mes, el ex juez federal Miguel Ángel Puga fue traslado al Servicio Penitenciario de Bouwer acusado de abuso de autoridad en concurso ideal con complicidad en homicidio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados (Ver Detuvieron al ex juez federal Puga).
Cabe señalar, que el imputado Ali Fuad Ali, en base a los resultados de la pericia psiquiátrica a la que fue sometido, y debido a un cuadro de incapacidad procesal sobreviniente, fue temporariamente excluido de legitimación pasiva en este proceso.
El sábado 31 de agosto, el ex juez federal fue detenido y trasladado a la Penitenciaria de Bouwer tras ocho horas de declaración indagatoria, completando la del miércoles 29 (Ver Otero Álvarez: “Muchas gracias a todos…y todas”) ante el juez federal de la provincia de la Rioja Daniel Herrera Piedrabuena (Ver Detuvieron al ex juez federal Otero Álvarez).
Paradójicamente, en Bouwer Otero Álvarez compartirá las instalaciones con los represores que el mismo condenó el 24 de julio de 2008 en la causa “Brandalisis” cuando integró como vocal el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1). (Ver Prisión perpetua para Videla y Menéndez).
Este proceso condenó a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez alias “cachorro”, Hermes Rodríguez a 22 que falleció este año, Jorge Ezequiel Acosta alias “rulo” a Luis Manzanelli alias “El hombre del violín” Carlos Alberto Díaz, alias “HB” ,Orestes Valentín Padován alias “Gino” y Ricardo Ramón Lardone alias “Fogo” Carlos Alberto Vega alias “Vergara” que fue condenado a 18 años.
El ex juez federal está acusado por delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal en calidad de autor y aplicación de tormentos en calidad de cómplice secundario en noventa y tres hechos cuando se desempeñaba como Secretario del Juzgado Federal 1 bajo las órdenes del fallecido Adolfo Zamboni Ledesma.
Este juzgado llevó adelante numerosas causas de presos políticos que se encontraban detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de los cuáles muchos de ellos terminaron siendo asesinados por los militares sin ninguna investigación judicial.
Los acontecimientos de cómo fueron fusilados clandestinamente con la complicidad de la Justicia Federal en fraguados intentos de fuga quedaron demostrados en el último juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba durante el 2010 en la denominada causa “Videla” (Ver Evidencian los Fraguados Intentos de Fuga).
Durante este proceso se juzgó la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la “Ley de Fugas” además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones políticas opositoras en 1976.
El tribunal estaba presidido por Jaime Díaz Gavier e integrado por Otero Álvarez y José Vicente Muscará como vocales.
Cuando se conoció que integraría este tribunal Luis Miguel Baronetto, ex Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, presentó el 14 de abril de 2008 una recusación en contra del juez federal debido a que él había denunciado las torturas que estaba sufriendo cuando estuvo detenido ilegalmente ante el juzgado que integraba Otero Álvarez como Secretario durante la dictadura cívico-militar (Ver Porque ahora Vitín?)
Esta acción despertó fuertes críticas entre los organismos de DD.HH debido a que entendían que entorpecía el comienzo del primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad en Córdoba.
La querella del juicio a Videla y Menéndez en 2010 solicitó que se investigue la participación que tuvieron estos ex funcionarios y magistrados de la justicia federal de Córdoba en relación a la violación de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y dignidad humana, etc., de las víctimas fatales de la causa UP1 al omitir investigar los asesinatos de detenidos políticos.
En ese mismo juicio Baronetto, que fue una de las víctimas, declaró haber sido trasladado al centro de detención Sierra Chica desde la UP1 en marzo de 1977, donde fue visitado por el juez federal Luis Zamboni Ledesma y el secretario penal Otero Álvarez para una nueva indagatoria.
Baronetto tenía como defensor a Luis Eugenio Angulo al que reemplazaron forzosamente por un defensor oficial, Luis Eduardo Molina (otro de los detenidos en esta causa) quien estuvo presente el día del interrogatorio donde antes de comenzar exigió conocer las causas sobre el asesinato de su mujer, Marta.
“Por qué mataron a mi mujer, si nosotros estábamos bajo sus responsabilidades o a la disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con una causa judicial”, les preguntó.
Según relató, el juez quedó “mudo”, mientras que Otero Álvarez “más activo” le dijo que contaba con un comunicado del Ejército y se lo leyó. El documento que pudo ver estaba firmado por el coronel Vicente Meli e indicaba que su esposa había muerto en un enfrentamiento durante un intento de fuga.