Ampliaron imputación contra un represor en el juicio de Jujuy
El Tribunal Oral Federal de Jujuy hizo lugar hoy a un pedido de ampliación de la requisitoria fiscal respecto para imputar por tormento agravado a uno de los acusados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esta provincia.
Querella y fiscalía pidieron en dos de las cinco causas acumuladas en el juicio que Antonio Orlando Vargas, director del Servicio Penitenciario de Jujuy durante la última dictadura y acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada, también sea imputado por tormento agravado a los presos políticos.
El Tribunal integrado por los jueces René Casas, Marcelo Juárez Almaráz y Daniel Morín resolvió conceder esta solicitud y suspendió el debate hasta el 9 de noviembre a fin de que la defensa de Vargas prepare su descargo.
"La decisión del Tribunal sigue la línea que se viene planteando en el marco de los juicios" por delitos de lesa humanidad en otras provincias, dijo a Télam el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, quien consideró probada la "morosidad que hubo en la instrucción".
El mismo acusador de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento en causas por violaciones a los derechos humanos añadió que "la privación ilegítima de la libertad y los tormentos no son delitos independientes".
La ampliación de la requisitoria fiscal contra el ex interventor del Servicio Penitenciario provincial fue pedida por el abogado Oscar Rodríguez, querellante en la causa "Aredez Luis y otros", y por la fiscalía en la causa "Bazán, Avelino y otros".
"Sabemos mucho más ahora que en el momento de la instrucción", dijo Rodríguez al fundamentar el pedido sobre la base del artículo 144 del Código Penal, legislación internacional vigente en la Argentina y decisiones de tribunales orales y la Cámara Nacional de Casación Penal en otros juicios por delitos de lesa humanidad.
Las testimonales de las víctimas en la instrucción "se ha enriquecido" durante las audiencias del juicio, "crece la prueba de ahora sobre la alcanzada en la instrucción", sostuvo el querellante y subrayó "que los tormentos han sido ampliamente probados en las declaraciones".
Los fiscales Francisco Santiago Snopek y Pelazzo dijeron a su vez que las víctimas declararon ante el Tribunal que, además de haber sido privadas ilegítimamente su libertad, sufrieron diversos tormentos.
En este orden, relataron torturas físicas y psicológicas, simulacros de fusilamientos, carencia de atención médica e incluso visitas de religiosos, como el obispo José Miguel Medina, mientras los interrogaban militares en el Penal de Gorriti.
Otras formas de tormento descriptas por las víctimas fueron los confinamientos de hasta 45 días a que eran sometidos y el alojamiento en pequeñas celdas de castigos, donde eran obligados a comer en el mismo lugar donde defecaban en una lata.
El fiscal Snopek señaló que 32 personas privadas ilegítimamente de la libertad fueron también sometidas a tormentos.