Aprobaron la equiparación salarial de jueces provinciales con sus pares nacionales
Se aprobó la ley que establece la equiparación salarial de funcionarios y magistrados provinciales con los que perciben sus pares federales que de acuerdo al proyecto firmado por el gobernador, José Manuel de la Sota, dispone la equiparación salarial de manera escalonada en cuatro años.
Los jueces provinciales cobrarán el 80 por ciento a partir de noviembre del 2012, el 83,5 por ciento a partir de noviembre del año q viene, el 86,50 por ciento en el 2014 y finalmente el 90 por ciento en noviembre del 2015.
El legislador del oficialismo Juan Manuel Cid defendió el proyecto del gobierno provincial argumentando que no se trata de una medida aislada sino que se toma en un contexto muy importante para garantizar la independencia del Poder Judicial en la provincia cuando a nivel nacional se están alternado los órdenes de mérito establecidos por el Consejo de la Magistratura.
“Veo a los legisladores nacionales junto a miembros del poder judicial defendiendo la independencia del poder judicial porque se había alterado los órdenes de merito del consejo de la magistratura”, dijo.
En este sentido, recordó que tanto el gobernador De la Sota como Juan Schiaretti se comprometieron por decreto a no alterar nunca un orden de mérito establecido por el Consejo de la Magistratura en la designación de los magistrados provinciales.
Inmediatamente le salió al cruce la legisladora del Frente Cívico, Maria Fernanda Leiva, le recordó que el actual gobernador, durante su segundo mandato en 2003, decretó la emergencia judicial, suspendió el Consejo de la Magistratura “y llenó de jueces y fiscales amigos Tribunales II”.
Antes Cid, había enumerado los logros alcanzados durante los doce años de gobierno justicialista en materia judicial como la implementación de los jurados populares, la digitalización del poder judicial, la creación de distintos fueros como el de lucha contra el narcotráfico y juzgados importantes como el de ejecución fiscal entre otros.
Además sostuvo que el diferimiento en la equiparación, forma parte de la realidad económica de la provincia que es un criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y adoptado por distintas provincias. Como es habitual, Cid recurrió a citar distintos autores e intelectuales jurídicos para justificar la medida.
“El legislador Cid me ha emocionado hasta casi el punto de las lagrimas, tanto decir grege para decir Gregorio, tanto decir para no reconocer que llegamos a esto porque no hay plata, faltó traer al Papa para no reconocer simplemente que esto es una medida de ajuste porque no hay con que pagarlo” le replicó.
Cid le respondió que presuponía que los autores que había nombrado durante el debate no le iban a gustar por lo que optó por traer otros “autores contemporáneos”, como Hermes Binner y Bonfatti.
“El gobernador Hermes Binner dispuso un aumento del 10% para el poder judicial adoptando el criterio de la Corte Suprema de Justicia, allá son respetuosos, los que diseñan la política del socialismo a nivel nacional son el árbol, me hubiera gustado que el fruto hubiera caído más cera de ese árbol”.
Aunque la UCR terminó acompañando el proyecto, el presidente de bloque, Luis Brouwer de Koning, dijo que esta equiparación se realiza progresiva porque no se cumple con la cuestión presupuestaria “porque se gasta la plata y se gasta mal”.
“Es un nostálgico, tal vez en su nostalgia quiere volver al sistema de los gobiernos radicales para designar a dedo a los jueces solo con acuerdo del senado”, le replicó Cid.
Los bloques de la UCR, el FC y Encuentro Vecinal Córdoba que votaron en contra de la iniciativa coincidieron en recalcar que es la tercera vez en un año y medio que se discute la misma ley dándole un carácter de improvisación e imprevisibilidad a las políticas del gobierno provincial.
Estuvo presente durante la sesión, la titular del gremio de los judiciales Irina Santesteban junto a empleados judiciales que reclamaban por una propuesta alternativa para que el gobierno provincial pueda solventar la equiparación salarial completa desde el primero de noviembre en la que se incluya a los empleados del Poder Judicial.
En los fundamentos de la iniciativa, el ejecutivo hace referencia a la situación financiera atravesada por la Provincia, derivada de los “incumplimientos reiterados de envío de fondos en los que incurriera la Nación”.
Asimismo, explica que “se propicia una nueva modificación de la ley originaria, que permita su cumplimiento de manera paulatina, hasta alcanzar el porcentaje previsto originariamente, de forma tal que resulte posible al tesoro provincial soportar su impacto, ya que al realizar una equiparación de manera escalonada, se prevé para este primer año un incremento de alrededor de menos del 5% por sobre los ingresos que hoy perciben ajustados conforme las pautas generales del resto de los empleados”.
Cabe señalar, que desde el Tribunal Superior de Justicia se señaló -a principios de octubre- que no aceptaría un nuevo aplazamiento en la aplicación de la ley sancionada en 2009 y prorrogada hasta el primero de noviembre de este año por el gobierno de De la Sota (Ver El TSJ “espera” equiparación salarial de jueces en noviembre; Jueces cordobeses cobrarán en noviembre el 90% de lo que cobran sus pares federales).
En aquella ocasión, consultado por Cónclave Político, el máximo órgano judicial de la provincia hizo saber a través de uno de sus voceros que “esperan que se cumpla con la ley”, luego de la postergación dispuesta en enero de este año, descartando de esta forma que la justicia provincial pueda aceptar una nueva dilación en la equiparación.
La entrada en vigencia de la equiparación, que al gobierno de Córdoba le costaría más de 130 millones de pesos anuales, se da en medio de fuertes medidas tomadas por De la Sota, principalmente por la deuda de 1039 millones de pesos que el estado nacional mantiene con la provincia correspondientes al déficit de la Caja de Jubilaciones durante 2011, reclamo que culminó con una denuncia y una audiencia de conciliación fracasada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ver La Provincia acudió a La Corte por la Caja y Fracasó la audiencia de conciliación por el déficit de la Caja).
Con este argumento, el gobierno de Córdoba impulsó primero un Reforma Previsional estableciendo un diferimiento de ciento ochenta y dos días para el pago a los pasivos de los aumentos que perciben los activos, respetando el cálculo del ochenta y dos por ciento móvil sobre el salario bruto, (Ver Aprobaron la reforma del Sistema Previsional) y posteriormente creó una Tasa Vial que incrementa el costo de todos los combustibles en el territorio provincial (Ver Aprobaron la Tasa Vial ).
Inicialmente la ley 9725 dispuesta durante el gobierno de Juan Schiaretti, estableció que las “compensaciones remuneratorias” de los jueces cordobeses serán fijadas en el 90% “de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal” y comenzaría a regir el primero de enero de este año.
Pero, el 10 de ese mes, la Legislatura de Córdoba aprobó en sesión extraordinaria convocada por el gobernador José Manuel De la Sota la ley que prorrogó hasta el primero de noviembre de este año esta equiparación.
Además la iniciativa determinó que durante este período de transición, los reajustes que se otorguen a los magistrados no iba a poder superar los porcentajes de incremento que se concedió la administración provincial.
Puntualmente, el proyecto enviado por el mandatario provincial propuso que se agregue un artículo que disponga la derogación de la ley 9725 sin perjuicio de sus efectos ya cumplidos; y otro por el que se creó una comisión con representación igualitaria de los tres poderes del Estado provincial a los fines de acordar una rejerarquización de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y agentes públicos especialmente en las áreas de salud y educación.
La normativa que envió el gobernador tuvo como fundamento la “situación financiera” porque la que atraviesa la provincia derivada, según los dichos del mandatario en el mensaje de elevación de la iniciativa, “de los serios y reiterados incumplimientos de parte del Estado Nacional de los acuerdos oportunamente celebrados”.
Esa sesión extraordinaria convocada por decreto del gobernador De la Sota fue la primera vez en la historia de la Unicameral que se utilizó esta facultad avalada por reglamento puesto que ningún mandatario de turno necesitó contar con la aprobación de alguna iniciativa fuera del período ordinario de sesiones que se extiende por once meses (desde el 1 de febrero hasta el 30 de diciembre).