Entregaron a la justicia federal archivos vinculados a inteligencia
El gobierno jujeño entregó a la justicia federal archivos vinculados con el juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia obtenidos tras una serie de allanamientos en dependencias policiales impulsados por la denuncia penal interpuesta por representantes del Ejecutivo provincial, ante procedimientos irregulares que llevó a cabo parte del personal policial superior de la Unidad Regional 4 de Libertador San Martín.
La intervención del Poder Ejecutivo provincial se dio por pedido del Juez Federal 1 Mariano Cardozo, quien solicitó información sobre hechos vinculados a la existencia de actividades de inteligencia que habrían tenido lugar en 2005, según se informó desde Casa de Gobierno.
El ministerio de Gobierno había solicitado a la Jefatura de Policía la nómina y actuación del personal superior en la fecha de la marcha y como respuesta obtuvo que la documentación correspondiente a los períodos 1980 al 2007 habría sido incinerada por razones de salubridad e higiene.
Las actividades de inteligencia fueron dadas a conocer por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, HIJOS y la Asociación de Ex Presos Políticos luego de un allanamiento realizado por la justicia federal en oficinas en Jujuy de la empresa Ledesma.
En aquella oportunidad se encontraron listas de participantes en la Marcha del Apagón, entre los que se encuentran el Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, los dirigentes sociales Milagro Sala, Carlos Perro Santillán y el dirigente de ATE, Fernando Acosta, representantes de Madres de Plaza de Mayo y organismo de Derechos Humanos, entre otros.
Ante la situación y dado lo irregular del procedimiento, el Ministerio de Justicia conjuntamente con la Fiscalía de Estado, a cargo de Alberto Matuk, dispusieron iniciar los sumarios administrativos y efectuaron la denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía 9.
Homenaje a Bazán
La Asociación Minera Argentina (AOMA) recordará al sindicalista Avelino Bazán, a 34 años de su desaparición durante la última dictadura, con un acto el viernes próximo a las 18 en la sede del gremio, en San Salvador de Jujuy, y otro el domingo al mediodía en la plaza de Mina El Aguilar.
Bazán fue detenido desaparecido el 26 de octubre de 1978, en el contexto de una represión masiva contra dirigentes y activistas sindicales de Mina El Aguilar, en el noroeste de la provincia.
La causa por la detención ilegal de Bazán y otros 27 mineros de El Aguilar es una de las cinco acumuladas en el juicio oral y público que se desarrolla en la capital jujeña, y tiene como principal acusado al represor Antonio Orlando Vargas, interventor militar del Servicio Penitenciario durante la dictadura.
El acto del viernes en la sede de AOMA Jujuy, en San Martín 1181, extenderá el homenaje a todos los dirigentes y afiliados del sindicato detenidos tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, informaron los organizadores.
Participarán de la recordación familiares de Bazán, ex presos políticos, dirigentes de AOMA y representantes de organismo de derechos humanos, entre otros. En el acto, será inaugurada una muestra fotográfica y se entregarán réplicas del banderín de 1974, recordatorio de la marcha con demandas salariales realizada ese año por los mineros.
Bazán fue diputado provincial y en su breve gestión legislativa presentó el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Jujuy, casa de estudios que este año le rindió homenaje y reconocimiento.
El otro acto de homenaje a Bazán y sus compañeros se realizará en la plaza principal del pueblo de Mina El Aguilar al mediodía del domingo 28, en el Día de la Minería donde estarán presentes muchos de los mineros detenidos por la dictadura, también cesanteados por la empresa y cuyas familias fueron expulsadas del lugar, al extremo de que, en algunos casos, debieron hacerse cargo de sus hijos vecinos solidarios.
En el acto que tendrá como consigna "Por la puerta grande", muchos de los mineros volverán al lugar por primera vez en 36 años, ya que, aun después de quedar en libertad, en tiempos de la dictadura tenían prohibido retornar a la mina, bajo amenaza de ser nuevamente detenidos.