Nina Juárez negó desapariciones de opositores en 1975
La ex gobernadora santiagueña, Mercedes Marina “Nina” Aragonés de Juárez, negó hoy que opositores políticos hayan sido secuestrados y desaparecidos en 1975, antes del último golpe militar, entre ellos el concejal peronista Emilio Alberto Abdala.
La ex gobernadora negó que haya habido desaparecidos en el 75, entre ellos el concejal de Clodomira, Emilio Abdala, de quien dijo no recordar nada, quedando al descubierto el error de sus aseveraciones cuando se le dio a conocer nombres de desaparecidos en aquella época”, explicó el fiscal federal Gustavo Gimena.
De acuerdo a testigos, el edil Abdala desapareció el 3 de diciembre de 1975, cuando fue a entrevistarse con el entonces ex ministro de Gobierno, Robín Zaiek, en presencia de Musa Azar y militares, en la Casa de Gobierno de Santiago del Estero.
Por más de una hora, la viuda del ex cinco veces gobernador y caudillo peronista Carlos Juárez, respondió a las preguntas que le formularon en presencia del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero (TOF), que preside Graciela Fernández Vecino.
En su lujosa residencia denominada “La Rosadita, la ex gobernadora que durante décadas dirigió la denominada “Rama Femenina” del PJ santiagueño, sólo se limitó a recordar “la prisión y cárcel”que sufrió durante la última dictadura militar.
El fiscal Gimena indicó que durante las declaraciones de Aragonés de Juárez “cuando se habló del período del 75 (gobierno de Juárez) se mostró reticente a responder a las preguntas” sobre los opositores desaparecidos que militaban en el sector peronista de Francisco “Pancho” López Bustos.
Recordó que estuvo presa durante la última dictadura militar, en condiciones de detención similares a la de otros presos políticos y que tras su liberación se fueron a vivir a España durante 6 años”,añadió el funcionario judicial.
Las mismas fuentes indicaron que en el mismo interrogatorio, “Nina” de Juárez respondió a un pliego de preguntas elaborado por el represor Musa Azar, a través de su abogado defensor oficial Pedro Lothier, aunque en la mayoría de los casos respondió no recordar ni saber nada”.
Musa Azar, que cumple condenas a prisión perpetua por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, en 1976 y el denominado doble crimen de La Dársena, había pedido asistir a declaración testimonial de la ex gobernadora “Nina” de Juárez, en el marco del juicio oral por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas, antes y durante la última dictadura militar.
El ex jefe de Inteligencia santiagueño, considerado el hombre “fuerte” de los Juárez durante décadas, se había negado de presenciar por videoconferencias las audiencias del juicio desde el Hospital Regional “Ramón Carrillo, pero esta vez pidió al tribunal estar presente en la declaración de la ex gobernadora.
Al final de la jornada, se le entregará a Musa Azar un video con las declaraciones de la testigo, en el caso de que quiera realizar nuevas preguntas”, añadió Gimena.
La decisión del TOF y los letrados que intervienen en el proceso judicial de la denominada “Megacausa” de trasladarse a la residencia surgió tras el dictamen médico de Analía Juárez, acerca de que “Nina” se encuentra “bajo tratamiento psiquiátrico”.
El diagnóstico y la sugerencia de no declarar en público, fue también compartido por el médico forense Claudio Maravilla, que revisó a la ex gobernadora y confirmó el tratamiento que lleva adelante en su casa de Alvarado al 400.
La única contradicción surgió cuando la médica de cabecera diagnosticó que durante 90 días la ex mandataria no podía declarar, mientras que el forense oficial consideró que está en condiciones de ofrecer su testimonio, evitando hacerlo en público.
Nina” Juárez, que en 2003 fue destituida por la ex intervención federal de Pablo Lanusse, fue ofrecida como testigo de los diez represores acusados por delitos de lesa humanidad.
En distintas indagatorias, Musa Azar responsabilizó a la pareja del ex gobernador Carlos Juárez de la detención y desaparición de personas, antes del golpe militar de 1976.
En la “megacausa” y por varios meses, Carlos Juárez sufrió prisión domiciliaria en “La Rosadita” y el embargo de sus bienes por cuatro millones de pesos, acusado de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio calificado”, de los que fue beneficiado con "falta de mérito".