Oreja de Burro le Vamos a Poner
Inexplicablemente la semana pasada ingresó a la Unicameral un convenio vencido entre la provincia y la nación por cincuenta millones de pesos destinados a obras de infraestructura para los municipios de la provincia.
El proyecto que tenía preferencia para ser aprobado en la sesion del día de hoy deberá volver a comisión para esperar que el gobierno nacional subsane el error a través de una addenda en los plazos estipulados para poder prestarle aprobación ya que en el proyecto original ya han caducado.
Al advertir este error la comisión de economia de la Unicameral decidió que el proyecto debía permanecer en tratamiento hasta tanto se subsane este grosero error que resulta al menos llamativo teniendo en cuenta que intervinieron la Dirección de Uso del Crédito y Deuda Pública del Ministerio de Finanzas y la Contaduría General de la Provincia.
Ambos dijeron al enviar este convenio vencido que “habiendo tomado intervención previa se expide, expresando que no se encontrarían impedimentos para realizar la operación de financiamiento de que se trata”.
Pero al parecer a todos en la administración provincial se les pasó la fecha en que caducaba el tiempo para adherir a este convenio, que de no haberlo advertido la legislatura habría hecho pasar un mal trago a los funcionarios provinciales que de por sí deberán explicar que leen cuando envian proyectos a la Unicameral.
Se trata de un Acta Acuerdo suscripta entre la Provincia de Córdoba y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional que autoriza el financiamiento de cincuenta millones de pesos para infraestructura urbana destinada a los estados municipales en el marco del “Programa de Mejoramiento de Infraestructura Urbana en Municipios de la Provincia”.
Esta asistencia financiera está pensada para que los estados municipales realicen la ejecución de obras “necesarias y vitales” permitiendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes y “avanzar en su desarrollo socio-urbano”.
El acuerdo establece también que la provincia designará al intendente de cada municipio como representante ante el Fondo Fiduciario (FFFIR) y al municipio como ejecutor de las obras eximiendo de impuestos y tasas provinciales las operaciones de financiamiento.
El gobierno de Córdoba garantizará con la coparticipación provincial las operaciones de crédito autorizadas por esta ley, y en su caso, de corresponder, también realizará retenciones en la coparticipación de Municipios y Comunas, por los compromisos que estos contrajeren en la realización de las obras.