Oficialistas defienden el proyecto que crea la figura del Per Saltum
La cúpula del oficialismo en el Congreso Nacional defendió hoy el proyecto que crea la figura del Per Saltum "para casos de gravedad institucional", y remarcó que su aplicación está dirigida a desarticular "acciones dilatorias" en la justicia.
"Queremos aclarar que esto no significa ningún factor de presión", aseguró el jefe del bloque oficialista de senadores, Miguel Angel Pichetto, quien esta tarde ofreció una conferencia de prensa en el Salón Illia del Senado, acompañado por los principales referentes del Frente para la Victoria en el Congreso.
Ante una consulta de la prensa, Pichetto consideró que las trabas a la Ley de Medios se encuadran en un contexto de gravedad institucional porque esa norma "hace a la democratización de los medios y a la búsqueda de la multiplicidad de voces".
"Creemos que sí, aun cuando el Per Saltum está para regular otras situaciones", respondió el senador y, como ejemplo, mencionó el fallo de una jueza nacional que recientemente frenó un aborto no punible hasta que intervino la Corte Suprema y habilitó la práctica.
Ayer el Frente para la Victoria presentó en el Senado un proyecto que propone la reglamentación de la aplicación del recurso del "per saltum" ante la Corte Suprema "en causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución expedita sea necesaria".
Se trata de un recurso que habilita a la Corte a intervenir en determinadas causas aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas que debe atravesar un expediente, antes de ser abordado por el máximo tribunal.
De hecho, Pichetto detalló que la iniciativa apunta a "establecer requisitos y mecanismos" para el uso del Per Saltum, en "casos de gravedad institucional, en causas con juicio pendiente o con sentencia de primera instancia, o en aquellas en las que una medida cautelar demore el proceso indefinidamente".
"Esto no tiene nada que ver con la discrecionalidad", aseguró Pichetto, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkes de Alperovich; los senadores Marcelo Fuentes, Aníbal Fernández, y los diputados Diana Conti, Teresa García y Carlos Cuto Moreno.
El oficialismo salió así a refutar argumentos esgrimidos por diputados de la oposición, que más temprano ofrecieron una conferencia de prensa en la cámara baja, en la que denunciaron que "la independencia judicial está sufriendo un indebido acoso por parte del Poder Ejecutivo".
Pichetto recordó que ese recurso judicial se utilizó con "arbitrariedad" durante la década de 1990 y que en el último tiempo fueron presentados por la oposición varios proyectos de similares características al que impulsa el oficialismo.
Por último ponderó que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina casos de gravedad institucional, y sostuvo que desde el gobierno de Néstor Kirchner el máximo tribunal es un organismo "probo, con independencia de criterio".
Más temprano, en la cámara baja, diputados opositores cuestionaron la iniciativa del oficialismo, señalando que "la facultad de recurrir a un tribunal independiente e imparcial constituye un derecho humano fundamental que es necesario defender con toda firmeza, porque es uno de los pilares de una democracia constitucional y la mayor garantía de la libertad".
Allí estuvieron, entre otros diputados nacionales, los radicales Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Juan Tunessi y Patricia De Ferrari; Eduardo Amadeo, Enrique Thomas y Gustavo Ferrari (Frente Peronista); Federico Pinedo y Jorge Triaca (PRO); Patricia Bullrich (Unión por Todos); y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica).
En la conferencia, los legisladores de la oposición dieron a conocer un documento en el que exigieron al oficialismo que “cese inmediatamente sus ataques al orden constitucional” y repudiaron “las diversas acciones que, de un modo cada día más intenso y ostensible, promueve el gobierno nacional para terminar con ese principio esencial al Estado de Derecho”.
El diputado Negri dijo que el proyecto “tiene una relación directa con la reunión nacional anual de los jueces que se está realizando hoy en Mendoza. Y es lógico, porque así actúa el gobierno que tenía la intención de mandar un mensaje intimidatorio en un nivel de escala que ya no va por los tribunales inferiores y que pretende, si es necesario, que llegue a la Corte”.
Además, Negri acusó al oficialismo de “haber hecho renunciar a un juez por violencia moral, de denunciar penalmente a los miembros del Consejo de la Magistratura, pretendiendo que sean citados como imputados, lo que es algo inconcebible. Esa propuesta de ayer en el Senado tenía el objetivo de mandarle un mensaje a los jueces federales nacionales que se reunieron en Mendoza”.
El diputado agregó que “también queremos enviarle un mensaje institucional a los jueces, porque creemos que sirve y mucho y que es el absoluto respaldo a la independencia de la Justicia, a la actuación del Poder Judicial y de los jueces, sea quien fuere el responsable, caiga quien caiga, que los jueces sigan hablando por sus sentencias y que no tengan temor”.
“La política tiene el cuero duro y puede soportar agravios, acusaciones y, a veces, sin límites, como las que lleva este gobierno adelante. Pero entendemos que la intención no es desanimar a un dirigente político sino hacer desfallecer y bajarle los brazos los jueces por lo que creemos que es oportuno el mensaje que les estamos enviando desde el Congreso. En esto no hay ni puede haber especulación política porque de por medio están las instituciones del país”, destacó Negri.