Mentalistas

Ante la aprobación de la media sanción de la Ley Nacional de Salud Mental por la Cámara de Diputados de la Nación el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba realizó gestiones para solicitar a la Cámara de Senadores de la Nación la urgente aprobación de dicha ley.

Esta propuesta contempla aspectos jurídicos, constitucionales y fundamentalmente aspectos de técnica legislativa y en donde las provincias implementarán y articularán dispositivos necesarios  para llevar adelante la transformación institucional requerida a los fines de la aplicación de la presente Ley.  

La iniciativa que fue elaborada por la Mesa de Derechos Humanos y Salud Mental, tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas que sufran este tipo de enfermedades, en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Además, proporciona el marco legal para la integración en la comunidad de los afectados, la prestación de una atención de calidad, la cual sea accesibilidad, la protección de los derechos civiles y la protección y promoción de derechos en otras áreas clave, como la vivienda, la educación y el empleo. 

En el proyecto se tiene en cuenta principalmente los derechos de las personas que padecen enfermedades psíquicas y los tratamientos necesarios para garantizar  la mejor atención y rehabilitación posible. 

En este sentido, el artículo 11 contempla las decisiones y preferencias de los pacientes que reciban atención en Servicios de Salud Mental ya que “podrán formular y expresar su consentimiento informado,  en las que plasmen sus decisiones relativas a los tratamientos que prefieran o no deseen recibir”.

Sin embargo, existen excepciones en las cuales se debe intervenir más allá de la voluntad de la persona que padezca una enfermedad mental, ya sea el caso en corra peligro para la salud pública, o en una situación de emergencia “con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales”.

Otros aspectos que están siempre presentes en la propuesta son el mantenimiento de vínculos y contactos de las personas internadas con sus familiares y allegados; el pleno conocimiento de su situación clínica; y respeto a su intimidad.

Por otra parte, la ley establece que el rechazo de la atención de pacientes por el  hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio, siendo el derecho a la igualdad y a la no discriminación los principales ejes del proyecto.

La autoridad de aplicación de la Ley, será el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que deberá promover y garantizar la implementación de medidas asistenciales alternativas. Además, se determina la creación de la Comisión de Control Ciudadano de Derechos Humanos y Salud Mental, la que tiene por objeto promover la Salud Mental y proteger los derechos humanos de las personas con padecimiento psíquico.

Finalmente, la iniciativa ordena que “los institutos neuropsiquiátricos o de internación monovalentes, ya sean públicos o privados, deberán adaptarse a los objetivos y principios establecidos en la presente ley”.