Alak reclamó a la Corte que resuelva las irregularidades en la designación de jueces

El ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó hoy que el Poder Ejecutivo le solicitará formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "se avoque a resolver la irregularidad" que constituye el bloqueo "injustificado y arbitrario" por parte de un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura para la designación de jueces "naturales y constitucionales" de la Cámara Civil y Comercial.

El Consejo de la Magistratura no pudo sesionar para designar entre otros jueces, al nuevo magistrado del juzgado número 1 que debe fallar sobre la inconstitucionalidad solicitada por Clarín al artículo 161, que obliga a adecuarse a lo que fija la Ley de Medios en cuanto a la cantidad de licencias permitidas.

En este sentido, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco recibieron hoy al consejero Ricardo Recondo, y a los consejeros Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes, quienes informaron sobre la situación existente en el Consejo de la Magistratura.

Alak formuló estos conceptos en el marco de una conferencia de prensa realizada en la sede de esa cartera, en la cual anunció que el gobierno, por intermedio del Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, hará dos presentaciones una ante la Corte y otra ante la Procuración General de la Nación.

En cuanto a la denuncia a la Procuración, Alak dijo que "si un mismo actor de estos cinco está generando mecanismos de no aplicación de la ley para ocupar los cargos vacantes, será analizado desde el punto de vista penal".

Agregó que "los funcionarios públicos tienen especial responsabilidad en el cumplimientos de las normas. No podemos dejar de hacerlo si observamos que hay una maniobra para bloquear la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura y si el responsable es Ricardo Recondo".

Además,  consignó que el Ejecutivo solicitará también al Máximo Tribunal "la nulidad del mecanismo utilizado por la Cámara en lo Civil y Comercial para designar a jueces subrogantes en los juzgados vacantes mediante sucesivas acordadas sin fundamento y a veces incluso contradictorias entre sí".

"Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que en su rol de superintendencia se aboque y que analice la nulidad de este sistema rotatorio (de selección de jueces) y se aplique la ley que regula qué debe hacer una Cámara cuando un Juzgado queda vacante", apuntó.

Agregó que "hicimos numerosos planteos para que cese este irregular mecanismo, especialmente para causas de gravedad institucional y sin embargo se mantienen este esquema rotatorio de designación de jueces", sostuvo Alak.

Señaló que el gobierno "hubiese preferido no tener que hacer estas presentaciones" pero remarcó que "a las instituciones hay que protegerlas" y, para eso, "es mejor anticiparse a los hechos".

Alak responsabilizó de estas irregularidades a un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura y, sobre todo, al juez Ricardo Recondo, que "demora la designación de jueces naturales en el Juzgado Civil y Comercial de Capital Federal".

El Juzgado Civil y Comercial de la Capital Federal es el que tiene que fallar respecto a la medida cautelar interpuesta por el grupo Clarín hace tres años, y que tiene plazo de vencimiento el próximo 7 de diciembre, según estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según Alak, el gobierno también  le pidió a la Procuración General de la Nación que "analice desde el punto de vista penal el bloqueo de la minoría dentro del Consejo de la Magistratura", integrada por representates de la UCR, de los abogados y el juez Ricardo Recondo, para cubrir los puestos vacantes en las cámaras civil y comercial que tramitan causas de "alta gravedad institucional para la República".

Según el ministro Alak, el juez Recondo ha realizado "maniobras" para elegir jueces a través de "un mecanismo de sucesivas acordadas, que a veces son hasta contradictorias entre sí, y otras tantas sin fundamento, que permiten jueces rotatorios de duración semanal y sentencias por sistemas de sorteos".

Según Alak, este mecanismo genera "desigualdad ante la ley y vulnera principios constitucionales como la garantía del juez natural".

Agregó que lo que se pide es "igualdad ante la ley" y que "los jueces sean designados según lo establece la Constitución Nacional y el Consejo de la Magistratura.

"Queremos jueces de la Constitución, electos por el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura no fue creado para bloquear la designación de los jueces, sino para que se respeten las leyes y la Constitución", dijo Alak en su contacto con la prensa.

"Es indispensable que la Corte intervenga para solucionar y ordenar el desorden que existe hoy en el tratamiento de causas tan importantes desde el punto de vista institucional", aseveró Alak.

Al respecto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, consideró una "vergüenza" la demora del Consejo de la Magistratura en la designación de jueces y afirmó que "es una clara maniobra que intenta trabar" la aplicación integral de la ley de servicios audiovisuales.

"Durante 3 años desde la sanción de la ley, hubo distintas maniobras para evitar la aplicación integral de la ley", dijo el titular de la Afsca en declaraciones a radio La Red, en las que agregó que "la última maniobra es lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, donde se traba la designación de jueces naturales".

"Pero la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara y puso como fecha límite el 7 de diciembre", dijo el funcionario y aclaró que, si bien desde el organismo que preside, "todavía no se conformó un cronograma de actividades post 7D", en los próximos días se anunciará quiénes son los grupos "que se exceden y los que tienen que desprenderse de licencias".

Sabbatella precisó que son "en total unos 26" grupos de medios, pero "uno sólo, el grupo Clarín -que es el que mayor concentración de medios ha tenido- es el único que no acepta cumplir con los términos de la ley".

"Para los que el 8 de diciembre estén incumpliendo la ley, el Afsca tiene que actuar de oficio para adecuar a la ley, garantizando los puestos de trabajo y el servicio a la comunidad", explicó.

Para ello, la AFSCA "tiene que ir y concursar las licencias que se exceden" y "este proceso se debe garantizar con una intervención estatal desde la elaboración del concurso".