La mujer victima de trata apeló al fallo que le impidió hacerse un aborto
La mujer a la que ayer no se le pudo practicar un aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, por decisión de una magistrada civil, apeló esa decisión por lo que el expediente deberá pasar a la Cámara del fuero.
Fuentes judiciales informaron hoy que "hasta el momento es la única apelación" presentada contra la resolución de siete carillas firmada ayer por la jueza Myriam Rustan de Estrada, quien decretó una "medida cautelar de no innovar" y suspendió el "aborto programado" en todos los hospitales de esta Ciudad.
El titular del juzgado en lo civil 56, Miguel Ricardo Güiraldes, quien ayer había recibido el expediente remitido por Rustán de Estrada, rechazó la competencia y se lo devolvió a la jueza que ya había intervenido y dictado la medida cautelar que prohibió la práctica quirúrgica.
Si bien dijo no conocer a la mujer que quedó embarazada, quien fue víctima de una red de trata de personas, la jueza Rustán de Estrada fundó su determinación en que "no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra”.
Ambos han sido víctimas de un injusto agresor y ambos han sufrido afrentas a su dignidad personal, la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la integridad física, y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho”, sostuvo Rustan de Estrada.
El 13 de marzo último la Corte Suprema de Justicia estableció que una mujer que fue víctima de una violación "no puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”.
Con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, la Corte determinó que “no se exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”.
Por su lado, la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) pedirá el juicio político para la jueza Rustan de Estrada.
"No solo la magistrada se aparta del derecho aplicable al caso, por tratarse de un aborto no punible, sino que resulta de total mal desempeño no haber escuchado a la mujer embarazada", afirmó Conti en un comunicado, en el que adelantó su decisión.
Según expresó la legisladora, "el derecho y su aplicación por parte de los jueces tienen como objetivo la resolución de casos concretos, y para ello es ineludible conocer las circunstancias y protagonistas, en este caso, la mujer que, amparada por el código penal, quiere abortar”.