El gobierno de Macri apeló el fallo que impidió el aborto no punible
El gobierno porteño apeló hoy la decisión de la jueza civil Myriam Rustan de Estrada que suspendió el aborto no punible de una mujer violada que debía realizarse ayer en el Hospital Ramos Mejía, dependiente de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que legisladores y comuneros porteños presentaron la denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
La decisión de la administración macrista había sido adelantada ayer por la vicejefa de gobierno porteña, Maria Eugenia Vidal, y se sumó a la que más temprano había presentada ya Pablo Vicente, abogado de la propia mujer impedida de realizarse el procedimiento para que la Cámara lo habilite.
La apelación fue presentada por el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, ante el juez civil de primera instancia 56, Miguel Guiraldes, que quedó a cargo de la causa para que éste la eleve a la Cámara Civil, dijeron fuentes judiciales.
Sin embargo, el magistrado se declaró incompetente y remitió el reclamo a Rustán de Estrada, por lo que ahora deberá ser la Cámara la que resuelva cuál de los dos magistrados interviene, sumando una nueva demora en la resolución.
El 13 de marzo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en un fallo la plena legalidad de los abortos por violación, como en este caso contra una mujer de 32 años sometida por una red de trata, decisión que no tuvo en cuenta la jueza Rustan de Estrada al conceder el amparo que prohibió concretar el procedimiento médico en el hospital porteño.
En tanto, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y comuneros presentaron hoy una denuncia penal contra el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, por incumplimiento de deberes de funcionario público por la suspensión de un aborto no punible en la Ciudad.
La denuncia fue presentada ante la Cámara del Crimen por las diputadas Laura García Tuñón, María Elena Naddeo, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti y los legisladores Alejandro Bodart y Francisco Nenna, y la titular de CTERA, Estela Maldonado, la diputada con mandato cumplido Cecilia Merchán y representantes de las comunas.
Naddeo explicó que la presentación se realizó "por incumplimiento de la ley 1845 de la Ciudad que resguarda los datos de pacientes que se atienden en el sistema de salud".
Asimismo, precisó que "el Código Penal tiene dos artículos que establecen que los funcionarios deben guardar confidencialidad frente a una acción que puedan causar daños a las personas involucradas en cualquier expediente, y ante la ley de violencia de género que plantea el derecho a una salud sexual y reproductiva".
La legisladora porteña recordó que "lo que hizo Macri en una cena que tuvo con integrantes del ámbito empresarial fue dar datos que son confidenciales, lo que generó que grupos fundamentalistas presentaran el recurso de amparo para que no se realice el aborto no punible".
Esa intervención debía realizarse ayer en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, pero la jueza Myriam Rustan de Estrada hizo lugar a la medida cautelar presentada por una organización antiabortista, y suspendió la práctica.
La mujer que había solicitado el aborto no punible tiene 32 años y fue víctima de una red de trata, en Puerto Madryn, de la cual logró escapar.