El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a ex jefes de las fuerzas

09/10/2012
Nacionales - Seguridad / Conflicto
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Es por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos. Abal Medina informó que el 60% del personal tenían los haberes judicializados en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas

El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina anunció hoy junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que se subsanarán las "graves irregularidades" en las liquidaciones de haberes de prefectos y gendarmes, recordó el aumento de recursos destinado a la Gendarmería y la Prefectura, y afirmó que "el 60% del personal tenía sus haberes judicializados" gracias a un "festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas", mientras que el Ministerio de Seguridad denunció ante la justicia federal a las ex cúpulas de Gendarmeria y Prefectura por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos.

El jefe de los ministros destacó que "se sextuplicó" el destino de fondos a las dos fuerzas de seguridad, al brindar una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, acompañado por el ministro Hernán Lorenzino.

En este sentido, señaló que "todos los efectivos de ambas fuerzas recibieron sus haberes" sin errores en la liquidación.

"Lamentablemente tenemos que anunciar que la situación confirma sospechas que teníamos" respecto a la liquidación y que por eso "hay acciones (judiciales) en curso".

El jefe de los ministros destacó que "el descalabro que derivó se observa en que el 60% del personal cobraba un salario como producto de una demanda judicial", aunque agregó que "el conjunto de las inversiones muestran que el Gobierno ha revalorizado ambas fuerzas".

Señaló además que "los únicos que se van a ver perjudicados son los que usufructuaron medidas cautelares para cobrar cifras exorbitantes, que son minoría".

"La inmensa mayoría de los integrantes de Gendarmería y Prefectura van a ser beneficiados", sostuvo el jefe de Gabinete.

En tanto, el Ministerio de Seguridad denunció hoy ante la justicia federal a las ex cúpulas de Gendarmeria y Prefectura por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos, informaron fuentes judiciales.

La denuncia apunta a un conjunto de maniobras que habrían realizado los jefes junto a estudios de abogados y jueces que tramitaron pedidos de amparo por sueldos mal liquidados, de modo que las escalas salariales quedaron sustancialmente alteradas y fuera del control del gobierno, que los debe presupuestar y liquidar.

En ese sentido, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmaron que la presentación fue elevada esta mañana ante los tribunales federales.

Durante la conferencia brindada esta tarde en el Ministerio de Economía, Abal Medina y Lorenzino indicaron que la denuncia "alcanza a altos y medios mandos de las fuerzas" con la participación de estudios de abogados.

La presentación fue hecha por la Secretaría de Cooperación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Camaño, y recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Georgi, quien ya dio vistas al fiscal Guillermo Marijuan.

Entre las anomalías denunciadas figura la continuación del pago de los amparos aún luego de que los fallos fueron apelados y revocados por instancias judiciales superiores.

Las fuentes dijeron que la denuncia fue acompañada con una lista de 6 mil casos detectados durante auditoría realizada en las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad a raíz de la suba exponencial de los amparos registrados.

Respecto a la propuesta del Ejecutivo, Abal Medina anunció que se subsanarán las "graves irregularidades" en las liquidaciones de haberes de prefectos y gendarmes, que redundarán en un aumento "sustancial de sueldos".

Al mismo tiempo, aseguró que se presentaron denuncias ante la Justicia contra organizaciones que habían "judicializado" haberes en las fuerzas generando "inequidades" y "un desquicio administrativo".

"Garantizamos que en la próxima liquidación todos van a recibir los haberes correspondientes sin ningún tipo de disminución. Los únicos que se van a ver perjudicados, y no vamos a hacer nada para evitarlo, son los que usufructuaron con medidas cautelares para cobrar cifras exorbitantes", sostuvo Abal Medina en la conferencia que brindó esta tarde junto al ministro Lorenzino.

El gobierno avanzó con las medidas sobre los haberes de las Fuerzas de Seguridad a partir de un fallo de la Corte Suprema, conocido como "fallo Zanotti", luego que el Estado presentara un recurso extraordinario contra una sentencia anterior también de la Corte (“Salas”), en el que se determinó que los aumentos no remunerativos de 2005 a 2009 debían aplicarse no sobre el sueldo bruto sino sobre el haber mensual, sin antigüedad ni adicionales.

A la vez, el fallo destacaba que debían calcularse siempre sobre el sueldo vigente en 2005 y no sobre el acumulado de cada año.

En ese contexto, Abal Medina anunció que ya presentaron ante la justicia pruebas sobre presuntas maniobras delictivas de un grupo de abogados, algunos de los cuales reportan en las fuerzas, y jueces, que beneficiaron con medidas cautelares a las cúpulas.

"Las cautelares eran tomadas por jueces de familia, claramente incompetentes, que dictaban la medida, la notificaban y luego se declaraban incompetentes. Al revisar estos datos, creemos que hay cautelares que iban por autopista y el levantamiento de las mismas iban por caminos de tierra", ejemplificó el Jefe de Ministros.

Por su parte, Lorenzino señaló que "el decreto 1307" sancionado la semana pasada hará remunerativo entre el 80 y 90 por ciento del haber.

En ese sentido, el jefe de Gabinete señaló que  a partir de su regularización “la gran mayoría” del personal de las fuerzas verá mejorados sus haberes.

Por otro lado, y ante una consulta de un periodista sobre si se iban acceder al pedido de un básico de 7000 pesos, el jefe de Gabinete, dejó en claro que "ningún area de la administración cobra un mínimo de 7000 pesos".

Tanto Abal Medina como Lorenzino denunciaron el “gran descalabro” que existía en la liquidación de haberes en Prefectura y Gendarmería, que atribuyeron a un sistema de judicialización de haberes que entró en vigencia en el año 1993 durante la presidencia de Carlos Menem”.

Durante la conferencia indicaron que tras la aplicación del decreto sancionado la semana pasada, de ahora en más “nadie” en la Prefectura y la Gendarmería cobrará un salario inferior al de agosto pasado, a excepto de aquellos que cobraban cifras “exorbitantes” consecuencia de medidas judiciales.

Precisaron que incluso la mayoría percibirá salarios más altos, porque se habrán eliminado descuentos a fundaciones y otros organismos -se detectaron hasta 400 de esas entidades beneficiadas con esos recortes- que se les aplicaban, en tanto la totalidad de los salarios se harán remunerativos.

Hasta ahora, sostuvo Lorenzino ante los medios, en algunos casos sólo el 22 por ciento de los haberes estaba en blanco y el resto eran suplementos no remunerativos”, lo que implicaba "un desquicio administrativo".

En otro tramo de su exposición, ambos funcionarios constataron graves desigualdades en salarios que iban desde cifras de hasta cien mil pesos por mes a casos en que el personal quedaba debiendo dinero al Estado.

"En muchos casos quienes cumplían órdenes cobraban más que quienes se las daban y generaba una distorsión absoluta inclusive en términos jerárquicos”, ampliaron.

Esa situación se debió, por un lado, a “la industria del juicio” que se verificó con gran cantidad de causas judiciales para reajustes de haberes en los que se comprobó “connivencia entre abogados y miembros de las fuerzas”, lo que llevó, graficó Lorenzino, a la “cautelarización de la gran mayoría de los sueldos” del personal de esas fuerzas.

El jefe de Gabinete comenzó la exposición a la prensa brindando detalles del aumento del presupuesto, el personal y las inversiones efectuadas desde el año 2003 hasta el 2011, que en muchos casos llegan a cifras superiores en un 800 por ciento.

Por eso, Abal Medina definió que “todos los prefectos y gendarmes pueden dar cuenta de la importancia que este gobierno les ha dado”.

En ese sentido mencionó que en el caso la Gendarmería Nacional la evolución presupuestaria paso de $ 726 millones en el 2003 a $ 5.195 millones el año pasado lo que totaliza una variación de más de 615 por ciento.

En lo que respecta a la Prefectura Naval, el funcionario explicó que el aumento presupuestario fue de 550 millones pesos en el 2003 a 3000 millones el 2011, lo que representa un incremento del 400 %.

Además detalló que en el periodo se incorporaron 3.700 efectivos y la inversión en el personal se incrementó paso de $331 millones a 2021 millones a fines del año 2011.

Por último, Abal Medina durante la rueda de prensa señaló que "lamentablemente tenemos que anunciar que la situación no solamente confirma las sospechas sino que es mucho peor, y agrava la situación, porque los problemas no tienen que ver con cómo se realizó la última liquidación sino que hemos constatado, y eso ha dado lugar a acciones judiciales, modalidades de pago que presentaban gigantescas y enormes deficiencias que se hacían anárquicas”.