Juristas, docentes y organizaciones sociales expusieron en Córdoba sobre el nuevo Código

Rossi manifestó que el proyecto en discusión propone "un Código (Civil y Comercial) progresista, pluralista, que respeta la diversidad cultural, que da opciones y que, por sobre todas las cosas, integra, dado que es un Código muy moderno".

Gil Lavedra destacó: "estas audiencias nos permiten conocer los puntos de vista, observaciones y propuestas de los ciudadanos. En el caso de Córdoba, esto es más importante, porque aquí está la universidad más antigua del país, que hizo grandes aportes a nuestra cultura jurídica".

"Consideramos de máxima importancia esta reforma en cuanto se propone ampliar y garantizar derechos. Encarar una reforma que modernice el viejo código civil es una buena decisión que merece ser celebrada", aseguró en su presentación Silvia Juliá, abogada integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.

Durante la audiencia organizada por la Comisión Bicameral que analiza la reforma, la profesional insistió: "hay que destacar la metodología democrática. El llamado a una amplia participación de la ciudadanía, que puso todos los temas en debate a través de audiencias públicas en ciudades del interior, es un acierto".

En la audiencia, celebrada en el Pabellón Argentina de la UNC, Emeric Ureel (Frente Joven Córdoba) destacó: "es alentador que se generen estas instancias, donde los representantes del pueblo se acercan a escuchar las voces de quienes los eligieron,  para poder tomar las decisiones y dictar las normas que mejor convengan a la sociedad".

Por su parte, Aldo Moreno, en representación del Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal), también destacó "los  espacios, como esta audiencia, que son necesarios para la construcción democrática de nuestro derecho".

No obstante, el dirigente abogó porque, en la nueva legislación civil y comercial, el derecho a la vivienda sea considerado "un bien social y, como tal,  inembargable, sin  necesidad de inscripción y/o afectación alguna".

Una propuesta similar efectuaron delegados de la Superintendencia de Seguros de la Nación en representación del consejo directivo de la Capital Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con el fin de que se proteja la vivienda a la que se acceda por medio de planes de financiación.

Los dirigentes propusieron que, a partir del momento en que una familia disponga de la tenencia de la vivienda, se deje constancia en "el asiento registral correspondiente", para que se "pueda inscribir el dominio de la vivienda única y familiar, y se acceda al bien de familia desde la fecha en que se la comenzó a habitar".

El abogado Horacio Etchichury (investigador del Conicet) manifestó en su ponencia que en "el proyecto falta una clara asunción del principio de subordinación del uso y goce de la propiedad al interés social", criterio que, aunque no tuviera mayor desarrollo en el texto del Código, "serviría de base para numerosas defensas y reclamos en el ámbito del derecho privado".

Por su parte, Gabriela Cabus, en representación de la corriente política y social La Colectiva, calificó como "un gran avance" que el proyecto "respete los tratados de derechos  humanos y que incorpore las leyes sancionadas en los últimos años que han  ampliado lo derechos".

Como consecuencia, "para respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", Cabus sugirió que "se incorpore una nueva definición en relación al comienzo de la existencia de la persona humana, considerándola desde su nacimiento con  vida".

Asimismo, la letrada María Belén Mignon subrayó que, en cuanto al matrimonio y el divorcio, "debe celebrarse el sistema proyectado, que elimina las causales subjetivas del ordenamiento positivo como también los plazos de espera (para poder divorciarse), los cuales resultan a todas luces lesivos a principios que emanan de la Constitución y de los tratados sobre Derechos Humanos".

Varios expositores efectuaron observaciones, como el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), quien cuestionó que, "en materia de inicio de la existencia de la persona física, se trate de modo diferenciado a los embriones humanos según la forma de su concepción, dejando de lado la igual dignidad de todos los  integrantes de la especie humana".

Por su parte, Jorge Córdoba, fiscal de Estado de Córdoba, dijo en su presentación que, haciéndose "eco de la preocupación generalizada de los fiscos provinciales y municipales",  disentía con que se acortara "a dos años el plazo de prescripción de  las obligaciones tributarias".

Finalmente, la abogada Wilma Heredia de Olazábal, en representación de la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, hizo referencia a la consideración jurídica de los animales y al "conjunto de deberes y derechos que corresponde a las personas sobre los animales para garantizar las buenas condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad, según las características de cada especie".

También presentaron ponencias la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba (por medio del fiscal de Cámara Francisco Junyent Bas) y la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (por medio de Francisco Panero).

Durante la audiencia fueron leídas (con un máximo de diez minutos por expositor) las 87 ponencias que, en forma previa, cada persona inscripta para hablar tenía que enviar por escrito (con un máximo de hasta 10 páginas).

Antes que en Córdoba, cuna de nacimiento de Dalmacio Vélez Sársfield, autor del Código Civil, se celebraron audiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Rosario, La Plata, Neuquén y Corrientes, y las próximas tendrán lugar en Bahía Blanca, San Luis, La Rioja y La Matanza (Provincia de Buenos Aires).