Masivo rechazo a la protesta de las fuerzas de seguridad
Legisladores del oficialismo y de la oposición, gobernadores, intendentes, dirigentes gremiales y organizaciones políticas, sociales de derechos humanos cuestionaron hoy la protesta de efectivos de la Prefectura y de Gendarmería a la vez exigieron que los reclamos se realicen en el marco del orden democrático.
El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró hoy que "no hay reclamo salarial alguno que pueda justificar el auto acuartelamiento de una fracción del personal de las fuerzas de seguridad".
“Estas cosas no pueden pasar en democracia. Esperemos que las tareas de Prefectura y Gendarmería vuelvan inmediatamente a la normalidad”, aseguró Rossi.
En un comunicado de prensa, el titular del bloque del FPV expresó su deseo de que “a partir de las decisiones del Ministerio de Seguridad de la Nación de reliquidar haberes de septiembre, compensar salarios por planilla complementaria y asumir de ahora en más la liquidación de los haberes, las tareas del personal de Prefectura y Gendarmería vuelvan inmediatamente a la normalidad”.
Sostuvo que “los reclamos se pueden hacer por múltiples vías, pero es inconcebible que ante una cuestión puntual se ponga en riesgo un servicio esencial para la población”.
“Estas cosas no pueden pasar en democracia. Las fuerzas de seguridad deben plantear sus reivindicaciones dentro del estricto respeto y disciplinamiento al poder político. Es incomprensible la actitud que asumieron Prefectura y Gendarmería”, afirmó.
Rossi manifestó además su deseo de que se cuente "con la prudencia, la responsabilidad y la comprensión de toda la dirigencia política nacional acerca de la gravedad de los hechos".
"Hoy escuché a algunos dirigentes políticos utilizando este tema para campañas opositoras. Esperamos que estos posicionamientos sean la excepción y no la regla”, finalizó Rossi.
Desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del Pro, Federico Pinedo, afirmó que los prefectos y gendarmes “no pueden hacer abandono de servicio” y recordó que “no son fuerzas deliberativas” como para manifestarse.
Por su parte, la senadora nacional y presidente provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, consideró que "se han tomado las decisiones necesarias para que los reclamos sean atendidos y resueltos. Por lo que ya debería estar desactivada la movilización".
“En la República Argentina, todo reclamo es válido, a condición de que se realice siempre en el marco de la institucionalidad. Es importante que se tome ahora una actitud más reflexiva, y que los miembros de las fuerzas puedan retornar al cumplimiento de su deber, que es proveer seguridad a la ciudadanía”, dijo.
En el mismo sentido, el legislador porteño Aníbal Ibarra afirmó que “hay una actitud política detrás del reclamo” y agregó que “la protesta es fogoneada por los grandes medios, que lo transmiten en cadena nacional”.
También, el diputado oficialista Carlos Kunkel señaló que “más allá de la justeza o no del reclamo” de los efectivos, “es un error, al que seguramente han sido inducidos, el hecho de llevarlo a medidas extremas”.
“Cada cual tiene derecho a expresar su reclamo, si lo cree legitimo y a pretender que se esfuerce el conjunto del Estado y la sociedad en satisfacerlos; pero de ese punto a medidas de fuerza, hay una distancia muy grande que no tiene sentido”, agregó.
“Debe haber sometimiento al poder político”, remarcó Pinedo en diálogo con C5N.
La diputada nacional Diana Conti instó a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad a “adecuar sus acciones a las pautas de funcionamiento democrático tan forzadamente constituidas”.
“Subordinarse a las autoridades civiles legalmente constituidas es un deber insoslayable de nuestras Fuerzas de Seguridad” afirmó la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
En ese sentido agregó que “la Constitución Nacional no se proclama, debe cumplirse con actos concretos. En este caso, las Fuerzas tienen otros mecanismos legalmente establecido para transmitir sus reclamos”.
Igualmente, el diputado socialista Jorge Rivas sostuvo que la protesta es "una actitud funcional a los desestabilizadores de siempre".
Agregó que “lo único que es justo reclamarles es que depongan esa actitud, inadmisible en fuerzas de seguridad de un estado democrático”, finalizó el dirigente de la Confederación Socialista Argentina, que integra en Diputados el bloque del Frente para la Victoria.
A su turno, el legislador porteño Juan Cabandié abogó porque las fuerzas de seguridad "rápidamente vuelvan a sus lugares de trabajo", al tiempo que repudió a los "sectores interesados en desestabilizar la democracia" y apuntó contra quienes "se regocijan con que este conflicto exista".
"No sé puede seguir soportando esta provocación permanente de algunos interesados en desestabilizar la democracia", afirmó el legislador kirchnerista, quien se mostró a favor de una resolución de la protesta llevada adelante por efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
Asimismo, el diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro afirmó que “hay un reclamo justo de los afectados” por el error en la liquidación de haberes de prefectos y gendarmes, pero consideró que la manifestación ya “afecta a las instituciones y la democracia”, por lo que expresó su deseo de que ambos grupos “se subordinen a la línea de mando”.
El legislador provincial dijo que “a partir de la convocatoria del jefe de Gabinete”, Juan Manuel Abal Medina, en la que anunció que se retrotraía la situación al mes pasado y se pagarían los mismos salarios, “al no deponer la medida de fuerza, deja de ser una iniciativa de carácter gremial y afecta a las instituciones y a la democracia”.
“Cuando fuerzas de seguridad empiezan a estar en la calle y hay manifestaciones contra funcionarios no es bueno”, enfatizó en diálogo con Télam.
Navarro destacó que “hubo reconocimiento del error” por parte del Gobierno y que “luego se investigará si fue error involuntario o qué pasó”, y cuestionó que se “persista con la medida de fuerza, los ciudadanos que están armados para proteger a la ciudadanía no pueden discutir en esos términos con las autoridades”.
La Legislatura de la Ciudad exhortó hoy a las fuerzas de seguridad en conflicto a "adoptar los mecanismos de peticiones dentro de lo que la ley ordena para garantizar la paz social y la convivencia de todos los argentinos".
"La vigencia plena de la Constitución Nacional requiere el acatamiento a la legalidad sin concesiones porque no hay sistema democrático viable sin respeto a las instituciones de la República", sostiene el comunicado de la Legislatura firmado por el vicepresidente primero, Cristian Ritondo; y el vicepresidente segundo, Juan Carlos Dante Gullo.
En ese marco, instaron "a los responsables y protagonistas del conflicto en ciernes a adoptar las medidas que la verticalidad institucional impone y a actuar en consonancia con su deber en salvaguarda de la seguridad ciudadana, que es la tarea específica de las instituciones que pertenecen".
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, les manifestó esta noche a los efectivos que protestan, que llegó el momento "de reflexionar y volver a la normalidad", y les pidió que su actitud sea la de "volver al trabajo".
"Hay que llamar a la tranquilidad, confiar en la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, que ha reconocido los errores en la implementación del tratamiento salarial y los ha corregido", manifestó el mandatario bonaerense en un comunicado.
En el mismo sentido, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, afirmó que la protesta es “una bravata militar que preocupó a miles de argentinos".
"Ha sido un hecho sorpresivo que puso en vilo a toda la sociedad argentina sin ninguna justificación", agregó el mandatario esta noche en declaraciones a Télam.
Según Urribarri "fue un reclamo que tomó una dimensión injustificada y obliga necesariamente a pensar que, sobre la base de un hecho aparentemente cierto, como un recorte significativo en los ingresos de cierta parte de algunas fuerzas de seguridad, se haya montado una operación de inteligencia de sectores interesados en desestabilizar o afectar políticamente al Gobierno”.
“Está muy claro que no hay proyecto militar en la Argentina, porque hay una conducción democrática gubernamental fuerte e instituciones republicanas funcionando a pleno”, observó.
Aseguró, igualmente, que el tenor y carácter del reclamo “es inadmisible, porque de hecho siempre existen las vías por los cuales un conflicto salarial o económico puede encauzarse, incluso si se tratase de errores".
Asimismo, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, llamó a "poner la vía institucional por encima de todos los reclamos particulares o sectoriales aunque sean legítimos en su génesis", en referencia a la protesta de las fuerzas de seguridad.
"No se comprende por qué habiendo mediado una respuesta oficial al reclamo se persiste en una protesta por parte de esas fuerzas", remarcó el mandatario provincial quien aseguró que "algunos integrantes parecen estar desconociendo el rol clave que tienen".
El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, instó a los integrantes de las fuerzas de seguridad a adecuarse a las pautas del funcionamiento democrático, ya que “luego de la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto el decreto, no existen ni razones, ni justificativos para mantener un estado deliberativo de ninguna fuerza”.
El mandatario chaqueño, quien además es miembro de la Comisión Política del Partido Justicialista, mencionó que “una estructura jerárquica y piramidal de una fuerza de seguridad debe subordinarse a las autoridades institucionales, so pena de cometer acto de sedición, algo que se encuentra severamente penalizado por la Constitución”.
Capitanich aseveró además que “la preservación del conflicto está incentivado por actitudes destituyentes, que deben ser francamente repudiadas por la mayoría del pueblo argentino que con el 54% de los votos respaldo a nuestra Presidenta”.
Asimismo, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, dijo que "las fuerzas de seguridad deben adecuarse en la manera de sus protestas a las formas de reclamo de la civilidad argentina", sostuvo el gobernador mendocino.
También los intendentes agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) repudiaron el reclamo de efectivos de Gendarmería y Prefectura, y lo calificaron como "desmedido, improcedente y ahora injustificado, cuando el Gobierno Nacional ya atendió la situación".
Los intendentes expresaron su "irrestricto respaldo al gobierno nacional", y además pidieron "cordura y responsabilidad democrática e institucional" a los efectivos que "por estas horas, insisten con un reclamo sectorial".
A través de un documento, los jefes comunales Hernán Yzurrieta, de Punta Indio; Julio Pereyra, de Florencio Varela; Daniel Di Sabatino, de San Vicente; Juan Pablo Anghileri, de General Rodríguez; Francisco Gutierrez, de Quilmes; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; y Marisa Fassi, de Cañuelas, expresaron su "repudio" a la medida de fuerza llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, y reiteraron su "apoyo al gobierno nacional".
El intendente de Ituzaingó y titular de la FAM de la provincia de Buenos Aires, Alberto Descalzo; los jefes comunales de Berazategui, Juan Patricio Mussi; y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, también firmaron el comunicado.
El intendente de Florencio Varela y presidente de la FAM, Julio Pereyra, por su parte, manifestó que "está bien defender los derechos individuales, pero mientras tanto no se vulneren los del conjunto, y sobre todo las fuerzas de seguridad son quienes tienen que tener muy claro esto".
El flamante secretario general de la CGT Alsina, Antonio Caló, aseguró que las medidas de fuerza tomadas por Prefectura y Gendarmería "no son correctas y generan situaciones peligrosas", y llamó a los integrantes de esas fuerzas de seguridad a "tener responsabilidad".
Caló dejó en claro que desde la central obrera "no estamos de acuerdo con este reclamo, porque ellos (por los gendarmes y prefectos) tienen otros canales que no son la protesta; claramente no son un gremio y por eso deben tener responsabilidad".
En ese sentido, el dirigente metalúrgico indicó que tanto Gendarmería como Prefectura "tienen Comandos para elevar reclamos salariales y laborales, que se ajustan a la democracia".
Por último, Caló dejó en claro que "somos dirigentes de la democracia y estamos a favor de ella; lamentamos esta situación pero al mismo tiempo estamos preocupados por lo que puede llegar a generar semejante movilización".
Las Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini, llamaron a respaldar "el proyecto nacional y popular" del gobierno frente a las protestas.
En un comunicado, señalaron que "las Madres, que salimos a la calle en el primer momento y que nunca la dejamos, le pedimos al pueblo argentino que tome conciencia, que no nos dejemos invadir por las televisiones malditas, que en vez de tirar balazos nos tiran mentiras, difamaciones".
"A todos los compañeros y compañeras que nos acompañan de todos los puntos del país apoyemos con todas nuestras fuerzas a este proyecto nacional y popular, que es el que está llevando a nuestra patria a un lugar donde nunca estuvo. Es la primera vez que estamos así".
Agregaron que "nosotros repudiamos y nos da asco que haya hombres y mujeres, todavía, que quieran adueñarse del país. Por eso nos castigan, por eso se convocan, por eso hacen cacerolazos. Son los mismos: los dueños de la tierra, de las empresas, los dueños de los canales, y quieren ser también los dueños de nuestras vidas".
"Muchos antes algunos no lo permitieron, y después nuestros hijos, y después nosotras. Y ahora todos los jóvenes y todo el pueblo argentino, que no va a aguantar ni se va a bancar estas prepotencias y bravuconadas de los que nos tienen votos y por eso quieren hacer lo que hacen, porque nadie los va a votar, y como van a perder la quieren sacar de prepo a Cristina", remarcaron.
Además, Bonafini exhortó: "Desde aquí, desde la casa de las Madres, convoco al Ejército argentino, a ese nuevo Ejército, de hombres y mujeres jóvenes que tienen otra formación y otra preparación: no se dejen convencer".
Y finalizó: "A a la Suprema Corte: que alguna vez también se ponga del lado del pueblo y no se quede en la mitad, porque en la mitad está solo el vacío".
Desde Kolina, el partido que lidera la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, afirmaron que “comprendemos el justo reclamo de los afectados en su salario por la implementación contraria al sentido de un decreto que cumplía con un fallo de la Corte Suprema de Justicia” y lamentaron la “manipulación espuria de la información por parte de los históricos enemigos de la democracia está intentando conducir un conflicto que ya se encuentra solucionado a lugares oscuros a los que los argentinos no queremos ni estamos dispuestos a volver.
“Son los mismos que fogonean la violencia y el golpismo abiertamente los que intentan generar un clima de desestabilización a través de una serie de hechos que van en escalada de forma casi guionada por el señor Magnetto”, afirmaron a través de un comunicado de prensa.
“No hay dudas de que los privilegiados durante años reaccionan violentamente ante la decisión del pueblo argentino de terminar con las injusticias sociales”, continúa el texto.
En este sentido, explicaron que “los mandos medios y altos de Prefectura y Gendarmería que cobran muchísimo más que el resto, los que atrás de las cacerolas esconden un profundo desprecio por la democracia, los dirigentes que traicionan los intereses de sus representados, las tristes operaciones de desprestigio contra la presidenta en su reciente viaje a Estados Unidos forman parte de la reacción de ese pequeño sector de la sociedad que aceptó la conducción de un empresario mafioso como Magnetto para volver atrás y recuperar sus oscuros privilegios”.
“Los efectivos de las fuerzas de seguridad son parte del pueblo trabajador y humilde que no se debe dejar engañar por los que nos sometieron a humillaciones durante años, por los que asesinaron, torturaron y persiguieron a compatriotas para que unos pocos empresarios se llenen los bolsillos”.
También los partidos políticos agrupados en "Unidos y Organizados", expresaron hoy "nuestro firme compromiso con la democracia y con la vigencia del funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho".
En un comunicado, señalaron que "detrás de un reclamo gremial de orden salarial se esconde una maniobra decididamente destituyente que no podemos permitir".
"El reclamo gremial de prefectos y gendarmes fue resuelto por el Gobierno Nacional, quedando en claro que todos cobrarán sus salarios sin cambio alguno. No obstante, el conflicto continúa sin causa alguna, habiéndose sumado suboficiales de la Marina que a su vez están llamando a los integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea a incorporarse", señalaron.
Agregaron que "esta situación merece nuestro rechazo total y absoluto. No queremos a las fuerzas de seguridad ni a las Fuerzas Armadas desafiando al poder político y a las autoridades constitucionales".
"Las imágenes que todos vimos parecen sacadas de un pasado oscuro que nunca más vamos a permitir que se repita en la Argentina", afirmaron.
Sostuvieron que "Clarín y la corporación mediática, la Sociedad Rural y los sectores golpistas de siempre son los verdaderos artífices de este falso conflicto, Como siempre, en las sombras, operan con desenfado las corporaciones que atizan la discordia y el desencuentro para obtener privilegios indefendibles".
Además, la Unión de Empleados Judiciales (UEJN) de la Capital Federal expresó su "repudio" a las protestas de uniformados de la Prefectura y Gendarmería, y advirtieron del riesgo de que "esos actos sectoriales y egoístas, produzcan efectos gravísimos en la democracia argentina y, por ende, para el conjunto de la sociedad".
Desde el ambiente de la música, el líder del grupo rockero El Otro Yo y titular de la Unión de Músicos Independientes (UMI) Cristian Aldana vinculó las medidas de las fuerzas de seguridad con la cercanía del 7 de diciembre, fecha en la que la Corte Suprema estableció como inicio del cumplimiento total de la ley de Medios Audiovisuales.
"Esto me huele muy raro, a mí me parece sospechoso que estallen una serie de conflictos y de bombas cuando estamos tan cerca del 7 de diciembre, que es una fecha clave para el cumplimiento de la Ley de Medios Audiovisuales, señaló Aldana en declaraciones a Télam.
En ese marco, Aldana dijo que "es una locura ver como el negocio de la democracia y de algunos monopolios va por encima de las leyes, de la democracia, de las instituciones y de la gente, como si nada les importara. Esta gente de los monopolios cree que son más importante que el país".
El músico folclorista Peteco Carabajal expresó su solidaridad con "el rumbo democrático, y espero de todo corazón que se arregle inmediatamente, que se llegue a un acuerdo y que no pase a mayores porque hay ejemplos en otros países de protestas similares que han llegado a lastimar a un Gobierno".
"Me llama la atención que tenga tanta cobertura de Clarín, cuando aparece desde ahí me llama más la atención, al igual que el canal de noticias TN fogoneando la protesta", concluyó el compositor santiagueño.
La cantante y compositora Teresa Parodi calificó de "peligroso" el "intento de algunos medios por amplificar el reclamo" de las fuerzas de seguridad.
"Es una clara maniobra desestebilizante que intenta contribuir a enrarecer el humor social", sentenció Parodi en declaraciones a Télam y agregó que "la democracia nos ofrece el marco institucional para dirimir los conflictos".
La cantante señaló también que la "actitud" de los monopolios mediáticos frente al conflicto que involucra a efectivos de la Gendarmería y la Prefectura Naval está "vinculada a la aplicación de la ley de medios".
Por su parte, el actor Daniel Fanego sostuvo que "todo reclamo salarial es justo, porque donde hay un reclamo hay un derecho y hay que hacer una reparación, pero no hay que correr la cancha y hacerle el juego a sectores que intentan imponer intereses por fuera de las vías institucionales".
"No hay que perder de vista lo que ocurrió en países de Latinoamérica, como lo que sucedió en Ecuador y Honduras, y hay que repudiar la actitud de las fuerzas de seguridad. Deben volver a sus mandos y respetar el orden democrático", apuntó el artista en diálogo con Télam.
Además bregó porque la sociedad cuide "esto que hemos conseguido, y no olvidemos de dónde venimos, y quiénes son los actores que juegan en la cancha, porque ya no hay ingenuidad posible", al tiempo que se preguntó por la opinión respecto a estos hechos de "quienes defendían la democracia" durante la protesta del 13 de septiembre.
Desde el Comité Nacional de la UCR afirmaron que “comprendemos el justo reclamo iniciado por Prefectura, al cual se sumaron otras fuerzas de seguridad, frente a un Estado que se comporta como un empleador explotador que paga en negro, rebaja salarios indiscriminadamente y niega una jubilación digna”.
“El gobierno nacional es el principal responsable de que las fuerzas estén hoy protestando en las calles, en lugar de custodiar la seguridad de los ciudadanos. Por ello, no puede adoptar la actitud cínica de tildar el reclamo como un atentado contra la democracia”, dice el texto.
“Debemos entender que los manifestantes son trabajadores que a fin de mes reciben su sueldos como cualquier argentino, que deben alimentar a sus familias y luchar contra la inflación que el oficialismo niega permanentemente” continúa y luego agrega que “la precaria situación salarial de estos trabajadores es grave de por sí, pero a eso debemos agregar que nos preocupa que este conflicto pueda ser el producto de una disputa por espacios de poder dentro del Gobierno o una premeditada maniobra para descabezar las cúpulas de las fuerzas involucradas en la protesta. Si esa versión fuese cierta, nos encontraríamos frente a una maniobra descalificable y burda”.
“Hoy el gobierno nacional reacciona ante este conflicto salarial reclamando el respeto por la ley y el orden jerárquico, cuando siempre ha demostrado su desprecio por las instituciones, las leyes y la Constitución nacional”, concluye el comunicado.
De esta manera, el Diputado Nacional, Hugo Maldonado (UCR-Chaco), acusó al gobierno nacional por el conflicto y cuestionó que “el gobierno nunca tuvo en cuenta a la oposición. Nos convocan ahora porque se generan problemas de esta envergadura”.
“Somos una oposición generosa y responsable”, señaló el parlamentario chaqueño y agregó que “esta situación es consecuencia de la más absoluta falta de previsiones y excesos, como otras medias de ajuste que se profundizan ahora en el presupuesto 2013. Nos llaman ahora justo cuando este gobierno siempre se caracterizó por imponer sus métodos y nunca por debatir alternativas”.
“El kirchnerismo siempre menospreció a las fuerzas de seguridad a tal punto que nuestro país posee el presupuesto militar más bajo de la región siendo superados solo por Surinam”, finalizó Maldonado.
Asimismo, el Diputado radical Luis Sacca afirmó que “los excesos del kirchnerismo agreden ahora a la fuerzas de seguridad” y agregó “este es el resultado del ajuste al que nos va a someter el oficialismo”.