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El titular de la Asamblea Permanente por Los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, expresó su "satisfacción" por la detención del ex juez Federal de esta ciudad, Guillermo Federico Madueño, quien tenía pedido de captura desde abril de este año por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Madueño, que se desempeñó como juez federal en Bahía Blanca durante el proceso militar, fue capturado el miércoles pasado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un domicilio ubicado en la calle San Juan de la Capital Federal, tras permanecer prófugo desde abril último.
"No podemos expresar más que satisfacción por la detención de este personaje encubridor del terrorismo de Estado en Bahía Blanca donde está acusado por delitos de lesa humanidad. Y otra vez, más allá de la mala disposición del juez federal Alcindo Alvarez Canale, la Policía de Seguridad Aeroportuaria dio muestras de su eficiente trabajo de investigación para dar con su paradero", dijo a Télam Hidalgo.
Luego destacó el desempeño del fiscal y coordinador de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Bahía Blanca, Abel Córdoba, "que al igual que el ex fiscal Hugo Cañón, mantiene la misma coherencia y compromiso para motorizar las causas y capturas de represores, entre los que todavía hay varios prófugos".
Al referirse al ex juez Madueño, Hidalgo dijo que "actuó en coordinación absoluta con el gobierno militar, fue clave, e incluso hay indagatorias al general Acdel Vilas (segundo comandante del V Cuerpo del Ejército), reconociendo su lealtad y convicción ideológica con la represión militar".
"Vilas recordó haberlo invitado a 'La Escuelita' (centro de detención clandestino que funcionó en Bahía Blanca) y Madueño se negó porque dijo que no hacía falta por estar consustanciado con las prácticas y procedimientos que allí se realizaban con los detenidos. De hecho, rechazó una pila de `habeas corpus` en favor de personas desaparecidas", comentó.
Guillermo Madueño, que se hallaba prófugo desde abril de este año y por el que se fijó una recompensa de 100.000 pesos para quien aportara datos sobre su paradero, fue camarista del Tribunal Oral Criminal Federal 5 de la Capital Federal hasta el año 2005, en que renunció al cargo.
El magistrado decidió abandonar el Alto Tribunal, luego que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidiera su remoción y destitución por sus antecedentes en el juzgado de Bahía Blanca, entre los años 1975 y 1980.