El TSJ "espera" equiparación salarial de jueces en noviembre
En medio de la escasez de recursos que agobian a la provincia de Córdoba, por incumplimientos en el envío de fondos por parte del estado nacional, entre otras razones, el Tribunal Superior de Justica no aceptaría un nuevo aplazamiento en la aplicación de la ley sancionada en 2009 y prorrogada hasta el primero de noviembre de este año por el gobierno de José Manuel De la Sota (Ver Jueces cordobeses cobrarán en noviembre el 90% de lo que cobran sus pares federales) que establece la equiparación salarial entre funcionarios y magistrados provinciales con los que perciben sus pares federales.
Consultado por Cónclave Político, el máximo órgano judicial de la provincia hizo saber a través de uno de sus voceros que “esperan que se cumpla con la ley”, luego de la postergación dispuesta en enero de este año, descartando de esta forma que la justicia provincial pueda aceptar una nueva dilación en la equiparación.
En cambio desde el gobierno provincial prefirieron no expedirse sobre la cuestión ante reiterados pedidos de este medio, pese a que en menos de treinta días el ejecutivo deberá resolver si a partir del primero de noviembre comenzará a regir la paridad en los sueldos de los jueces y funcionarios provinciales con los nacionales o existirá una nueva prórroga.
La entrada en vigencia de la equiparación, que al gobierno de Córdoba le costaría más de 130 millones de pesos anuales, se da en medio de fuertes medidas tomadas por De la Sota, principalmente por la deuda de 1039 millones de pesos que el estado nacional mantiene con la provincia correspondientes al déficit de la Caja de Jubilaciones durante 2011, reclamo que culminó con una denuncia y una audiencia de conciliación fracasada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ver La Provincia acudió a La Corte por la Caja y Fracasó la audiencia de conciliación por el déficit de la Caja).
Con este argumento, el gobierno de Córdoba impulsó primero un Reforma Previsional estableciendo un diferimiento de ciento ochenta y dos días para el pago a los pasivos de los aumentos que perciben los activos, respetando el cálculo del ochenta y dos por ciento móvil sobre el salario bruto, (Ver Aprobaron la reforma del Sistema Previsional) y posteriormente creó una Tasa Vial que incrementa el costo de todos los combustibles en el territorio provincial (Ver Aprobaron la Tasa Vial ).
Inicialmente la ley 9725 dispuesta durante el gobierno de Juan Schiaretti, estableció que las “compensaciones remuneratorias” de los jueces cordobeses serán fijadas en el 90% “de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal” y comenzaría a regir el primero de enero de este año.
Pero, el 10 de ese mes, la Legislatura de Córdoba aprobó en sesión extraordinaria convocada por el gobernador José Manuel De la Sota la ley que prorrogó hasta el primero de noviembre de este año esta equiparación.
Además la iniciativa determinó que durante este período de transición, los reajustes que se otorguen a los magistrados no iba a poder superar los porcentajes de incremento que se concedió la administración provincial.
Puntualmente, el proyecto enviado por el mandatario provincial propuso que se agregue un artículo que disponga la derogación de la ley 9725 sin perjuicio de sus efectos ya cumplidos; y otro por el que se creó una comisión con representación igualitaria de los tres poderes del Estado provincial a los fines de acordar una rejerarquización de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y agentes públicos especialmente en las áreas de salud y educación.
La normativa que envió el gobernador tuvo como fundamento la “situación financiera” porque la que atraviesa la provincia derivada, según los dichos del mandatario en el mensaje de elevación de la iniciativa, “de los serios y reiterados incumplimientos de parte del Estado Nacional de los acuerdos oportunamente celebrados”.
Esa sesión extraordinaria convocada por decreto del gobernador De la Sota fue la primera vez en la historia de la Unicameral que se utilizó esta facultad avalada por reglamento puesto que ningún mandatario de turno necesitó contar con la aprobación de alguna iniciativa fuera del período ordinario de sesiones que se extiende por once meses (desde el 1 de febrero hasta el 30 de diciembre).