Hasta la Muerte

El juez federal de Morón Germán Castelli ordenó la detención de dos militares y declaró de lesa humanidad e imprescriptibles las ejecuciones y torturas a miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que el 23 de enero de 1989 coparon el cuartel militar de La Tablada. 

En una resolución firmada el martes último, el magistrado ordenó la detención y declaración indagatoria de un general del Ejército, Alfredo Manuel Arrillaga y del mayor Jorge Eduardo Varando, según el texto al que accedió Télam. 

Arrillaga ya está  detenido en su casa de Capital Federal a disposición del juzgado federal 3 de Mar del Plata en otra causa por delitos de lesa humanidad y estuvo a cargo de la recuperación del cuartel. 

Ambos fueron acusados de las ejecuciones de los militantes del MTP que participaron del copamiento Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que según videos usados como prueba fueron capturados vivos en el lugar. 

Al declarar los delitos imprescriptibles, Castelli entendió que "el Presidente de la Nación Raúl Alfonsín, ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en cumplimiento de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación". 

Pero "varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional". 

Castelli entendió  que hay pruebas suficientes para "sospechar fundadamente que Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, habrían sido apresados en el interior del cuartel el día 23 de enero de 1989 y allí habrían muerto en manos de militares argentinos". 

"Dichas probanzas también indicarían, con igual alcance que el mayor Jorge Eduardo Varando fue la última persona que tomó contacto con Ruiz y Díaz, como así también que el general Arrillaga estaba a cargo de la recuperación del cuartel y del trato de los capturados", agregó el fallo. 

Al declarar los delitos de lesa humanidad Castelli evitó un eventual cierre de la causa por prescripción de los delitos que logren probarse. 

"Las ejecuciones de las que habrían sido víctimas Ruiz y Díaz, respecto de las cuales se procura avanzar a través de la presente resolución, constituyen delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles", resolvió el juez. 

Si bien el copamiento del cuartel se realizó en democracia, resaltó Castelli, "los hechos constituyeron un ataque sistemático contra una población civil", según la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervino en el tema. 

Según dicha comisión, nueve de los atacantes fueron capturados vivos en el cuartel y luego ejecutados ilegalmente, mientras que otros 13 fueron entregados a la Justicia.