Denuncian a concejales de Malvinas Argentinas, funcionarios provinciales y a la Monsanto
El legislador del Frente Cívico, Santiago Clavijo, junto a los abogados Rubén Arroyo, María López, Darío Ávila, Miguel Domingo Martínez, y Juan Pablo Ruiz, presentaron una denuncia penal contra concejales de Malvinas Argentinas, funcionarios provinciales y contra la empresa a la Monsanto por irregularidades en el otorgamiento de autorización a la empresa y la violación de disposiciones de la Constitución.
En la denuncia, reclamaron que se investigue la posible comisión delitos penales y, que en tal caso, se determinen las responsabilidades emergentes.
Los denunciantes explicaron que el 13 de julio de este año el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Malvinas Argentinas aprobó una ordenanza por la que se autorizó a la Empresa Monsanto Argentina SAIC ha realizar las tareas preliminares para la obra de la planta secadora de granos, mientras que el Secretario de Catastro y Planeamiento, Rubén E. Garcia Peyrano, otorgó la pre-factibilidad para la instalación del emprendimiento industrial, tras lo que la empresa inició tareas preliminares para concreción de la obra pese a que no recibió la autorización definitiva y sin presentar la información ambiental solicitada por los vecinos de la localidad.
Asimismo, el legislador y los abogados denunciaron que las autorizaciones conferidas por el Ejecutivo Municipal a través del Secretario de Catastro y Planeamiento y el Concejo Deliberante contravienen expresas disposiciones de raigambre Constitucional y Legal que los obligan a observar, un procedimiento previo, a su otorgamiento.
Asimismo, recordaron que la Carta Magna cuenta con una cláusula ambiental que otorga a todos los habitantes “el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, lo cual no ha sido establecido ya que no fueron presentados los informes correspondientes.
Asimismo, la cláusula establece que las autoridades son las responsables de proveer “la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”, por lo que se acusa a los funcionarios y concejales de no tomar las medidas pertinentes para garantizar este derecho.
Además, la ley, al igual que la Declaración de Río de Janeiro de 1972, establece que “las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, lo cual tampoco fue respetado.
Por este motivo, reclaman al intendente municipal Daniel Arzani y a los concejales José Antonio Blanco, Elsa Gladys Martinez, Emilio Ferrero, María Sandra Ferreyra, Ricardo Daniel Guzman, Martha Inés Castro, responder penalmente por su obrar “en la medida en que nuestra Constitución Nacional impone a las autoridades, la obligación de proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”.
Los denunciantes destacaron además que dicho delito reprime con pena de “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
También solicitaron que se investigue las eventuales responsabilidades en que pudieron incurrir funcionarios del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como el Ministro de Industria Comercio y Trabajo, Jorge Lawson, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Néstor Scalerandi, y del titular del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, Manuel F. Calvo.
En este sentido, recordaron que el informe elaborado por la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, el emprendimiento “posee la suficiente entidad como para ser calificada como degradante del medio-ambiente”.
“Resulta ingenuo asumir que una planta procesadora de semillas es solamente una industria. También es un acelerador indirecto de los procesos de monocultivo, contaminación y desmonte, y sobre todo, un factor de consolidación del modelo básicamente depredador y dependiente instalado en nuestro país”, explicaron en su denuncia a la vez que destacaron que la planta de procesamiento de semillas de Monsanto “es fuente de riesgos químicos, en especial por el ingreso de maíz contaminado con plaguicidas, y por el uso masivo e importante de plaguicidas durante varias etapas de sus procesos”.
Finalmente, recomendaron que en caso de solicitar testimonios se cite como testimonios al profesor Raúl Montenegro, titular de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de Facultad de Psicología de la UNC, y al doctor Medardo Avila Vazquez del Hospital Nacional de Clínicas.