Fiscal pidió la elevación a juicio para una dominicana por trata de personas
El fiscal federal Federico Delgado reclamó que se eleve a juicio oral a una ciudadana de nacionalidad dominicana acusada de integrar una banda que se dedicaba a "captar" en su país natal a jóvenes a las que traían a la Argentina donde "eran obligadas a ejercer la prostitución o trabajar en locales nocturnos".
La banda trabajaba en contacto con prostíbulos de la Capital Federal y de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Misiones, Río Negro y San Luis.
En un dictamen de nueve carillas, al que Télam tuvo acceso, el representante del ministerio público le pidió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que "decrete la clausura de la instrucción del presente sumario por haberse cumplido con todas las medidas propias de esta etapa".
En el expediente se encuentra procesada la dominicana Tania María Carmona Soto, casada, de 38 años, a quien se le atribuye "haber integrado, al menos desde el mes de julio del año 2008, una organización junto a Bautista William Vázquez y Julio Javier Almonte, entre otras personas aún no identificadas" cuyo objetivo era "obligarlas a ejercer la prostitución" en tugurios donde "eran entregadas a cambio de dinero".
La banda se aprovechaba de "ciudadanas/os dominicanas/os, con carencias en su país de origen" a quienes se les ofrecía “viajar a la Argentina y/o España, mediante falsas promesas consistentes en conseguirles un empleo redituable (servicio doméstico o en locales gastronómicos), vivienda y comida", a cambio de lo cual se les exigía determinada cantidad de dinero "para ingresar al país y asegurarse comida y un lugar donde vivir al menos por un mes".
"Sin perjuicio de ello, las personas que ingresaban al país, en su gran mayoría mujeres con alto grado de vulnerabilidad, eran obligadas a ejercer la prostitución o trabajar en locales nocturnos radicados tanto en la Capital Federal como en el interior del país, más precisamente en La Pampa, Córdoba, Misiones, Río Negro, San Luis y Buenos Aires, donde eran entregadas a cambio de dinero", sostuvo Delgado en su escrito.
El fiscal explicó que los dueños de los burdeles "las obligaban a prestar servicios sexuales, a la vez que le retenían su documentación personal, sin poder abandonar el lugar hasta tanto pudieran devolver el dinero pagado por ellas" y que era Carmona Soto quien "se encargaba de captar a las personas abusando de su confianza junto con su hermano quien se ocupaba de cobrar el dinero y gestionar el viaje desde la República Dominicana, ya que la nombrada operaba en la Argentina".