Tres ministros de la Alianza dijeron no saber nada de coimas en el Senado

Storani relató que el ex secretario parlamentario, oriundo de Luján, militaba en la corriente de la UCR que él orientaba y por ello se reunió a poco de que comenzara a hablarse del tema de las coimas.

“El me pidió una reunión porque me dijo que le habían bajado el sueldo en el Senado y yo lo recibí en mi despacho de la Casa de Gobierno”, relató el ex ministro.

“Le pregunté por el tema de los sobornos y él me los negó”, añadió, pero luego en el 2003, tras perder su empleo, declaró su arrepentimiento y reveló su participación en el caso y su encuentro con Storani está dentro de su libro “El arrepentido”.

“No había ningún indicio de la verosimilitud del anónimo que hablaba de soborno”, aseguró Storani, refiriéndose a un documento apócrifo que potenció las sospechas de un intercambio de favores para la sanción de la Ley de Flexibilidad Laboral del año 2000.

Pese a haber hecho la denuncia penal y ante la Oficina Anticorrupción, y de  haber gestionado personalmente medidas de “oxigenación” reclamada por Chacho Alvarez, como la renuncia de los jefes de bancada sospechados “no podíamos acusar a nadie porque no teníamos pruebas”, dijo el entonces jefe de la cartera política.

“No me constan que haya habido coimas”, había dicho previamente la entonces titular de la cartera de Acción Social, quien ante el tribunal declaró llamarse Graciela Rosa Castagnola, tener 81 años y estar divorciada, por lo cual ya no porta el apellido por el cual se la conoció en política.

También Machinea dijo no tener “ninguna constancia” de los sobornos pero recordó que los gastos de la SIDE se habían podado de 300 a 135 millones de pesos/ dólares al año, una caída del 45 por ciento que llevó la asignación mensual a 30 millones, con un posterior aumento de la partida mediante un decreto secreto.

Ante una pregunta sobre si de las partidas del organismo de inteligencia podían usarse 5 millones sin que quedaran registrados, tal como aseguró la acusación fiscal y el testimonio del arrepentido Mario Pontaquarto, admitió que “es posible, pero los gastos eran girados mes a mes”, agregó, relativizando su afirmación.

Negó también que las reformas laborales incluidas en la Ley, como la supresión de la ultraactividad y la descentralización de los convenios colectivos hubiese sido reclamada por el Fondo Monetario Internacional, tal como aseveró la acusación.

Storani y Castagnola coincidieron en que la campaña que había llevado a De la Rúa a la presidencia “se había basado en el máximo nivel de transparencia”, y “como no teníamos buenos resultados en lo económico-social, nos aferramos a ese tema porque sabíamos que era nuestro valor político”, dramatizó Storani.

“Chacho pidió medidas de oxigenación con las que yo coincidía”, dijo Storani, que evocó que “en persona negocié con los jefes de bloque, el justicialista Augusto Alasino (ahora imputado), el radical Carlos Galván y el presidente provisional del Senado, José Genoud, que renuncien, y recibí colaboración”, ya que lo hicieron aún cuando se entendiera como una autoinculpación.

También recordó que uno de los sospechados, el entonces ministro de Trabajo y ahora imputado, Alberto Flamarique, “era alguien de la máxima confianza de Chacho", al punto que el acta de creación de la Alianza, dijo, se hizo en su departamento.

Recordó que la renuncia de Chacho a la vicepresidencia produjo “sorpresa y desazón” no solo en el gobierno sino en la agrupación de éste, el Frepaso, por lo que en reunión con el diputado Darío Alessandro “ratificamos la continuidad de la Alianza”.

“No tengo explicación suficiente para esa renuncia, que haya sido por los sobornos”, dijo antes Meijide, quien al igual que Storani recordó que Alvarez quiso meses después revitalizar la Alianza reingresando al gobierno como jefe de gabinete al tiempo que Domingo Cavallo entraba al gobierno, posibilidad que fue rechazada por de la Rúa

Terragno, Vilma Ibarra y Sapag declararan mañana

Rodolfo Terragno, ex jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, será el primero de los tres testigos citados a declarar mañana ante el Tribunal Oral Federal 3 en el juicio por presuntas coimas en el Senado.

La audiencia se reanudará a las 10 en el Salón de Usos Múltiples del subsuelo de los tribunales de Comodoro PY 2002.

También fue citada a prestar testimonio Vilma Ibarra, entonces colaborada en el Senado de la Nación del vicepresidente Carlos Cacho Alvarez.

En último término lo hará la ex senadora Silvia Sapag, que  declaró haber recibido de boca de su entonces colega Antonio Cafiero la confirmación de que cinco senadores peronistas habían cobrado coima para aprobar la reforma laboral.