Buscan menor tolerancia a paraísos fiscales para combatir el lavado de activos
El gobierno argentino continuará con los planes de trabajo alrededor del sistema de decomiso, en casos de lavado de activos, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF).
También buscará avanzar sobre "dos problemáticas de trascendencia internacional: las dificultades que existen en el intercambio de información entre las distintas Unidades de Información Financiera, y la tolerancia hacia los paraísos fiscales".
La Argentina impulsará esos objetivos como nuevo presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (LAVEX), perteneciente a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA).
La asunción, por un año, se produjo durante la XXXV reunión del Grupo, realizada en Buenos Aires este lunes y martes, informó hoy la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
La apertura del encuentro estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Rafael Bielsa; y de José Sbattella, presidente de la UIF.
Un comunicado de este último organismo señaló que la presidencia del grupo es "una gran oportunidad, así como un importante reconocimiento, de los avances realizados por nuestro país en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo".
La reunión contó con la participaron de delegaciones de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y España (en calidad de país observador permanente).
Las últimas reuniones de los subgrupos de trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso, y de Coordinación e Integración entre UIFs y Organismos de Investigación Criminal, se llevaron a cabo a fines de mayo pasado en Washington.
Durante el encuentro de Buenos Aires se analizó la legislación comparada de los países del hemisferio, así como una guía normativa para crear y desarrollar cuerpos especializados para administrar los bienes incautados y decomisados.
El Grupo discutió, además, el primer borrador de las recomendaciones para la identificación y análisis de factores de riesgo, asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región.