Cuesta Abajo
El ex juez federal de la ciudad de Bell Ville Eudoro Vásquez Cuestas reveló con su testimonio, que la justicia federal de Córdoba estaba totalmente subordinada al ejército y que éste además “secuestró” gente durante la dictadura militar.
Si bien a esta altura ya está comprobada la metodología de exterminio aplicada por el gobierno de facto durante la última dictadura militar, que un juez federal de esos años califique el accionar de detención de personas como “secuestro” durante su declaración en un juicio, refiriéndose al accionar tanto militar como el de la policía provincial, no es poca cosa.
Vásquez Cuestas utilizó éste término para responder como calificaría el lapso de tiempo que las personas pasaban a partir de su detención hasta que eran puestos a disposición de un juzgado federal o del ejecutivo nacional luego de largos meses.
Durante la novena jornada del juicio contra Luciano Benjamín Menéndez e integrantes de la D2 el ex juez federal dijo permanentemente no recordar nada de lo que sucedió y que su trabajo está registrado en los expedientes que él mismo firmó y selló “aplicando la ley”.
Existieron además en su juzgado innumerable cantidad de situaciones en las que el propio juez federal otorgó la falta de mérito o el sobreseimiento a detenidos, pero éstos no fueron puestos en libertad hasta que lo decidió el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
“Solo Dios estaba por encima del poder militar” dijo y agregó “con que potestas, con que fuerzas a las tres armas más fuertes que teníamos en nuestro país” le podía exigir que liberaran a los detenidos.
Y preguntó: “Usted que hubiera hecho, lo hubiera metido preso a Menéndez, no ahora, sino cuando tenia el poder", dijo.
El ejemplo más claro de como el poder judicial federal estaba subordinado fue el relato de como cumplió con una orden de Juan Bautista Sasiaíñi, jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, a quien le solicitó indagar a Morales en una cárcel y a otros detenidos como Carlos Saravia, Eduardo Alfredo Lavalle, Oscar Hugo Hubert, Stella Maris Morales y Olegario Fernando Martínez.
Este mecanismo, en el que el juez debía trasladarse hasta el lugar de detención de las personas, detallado en varias ocasiones por él mismo y también por otros testigos, es la visión real de cómo el poder militar determinaba la forma y los tiempos de proceder del poder judicial de la nación.
Eudoro Vázquez Cuestas se desempeñó como juez federal de la ciudad cordobesa de Bell Ville entre febrero de 1975 y marzo de 1985, dejando de ser subrogante para hacerse cargo de este juzgado en 1977 por decreto de la junta militar.
El testimonio del ex juez federal fue presentado en el marco de la causa que investiga lo que le sucedió a Morales, un albañil y militante de la Juventud Peronista que fue secuestrado el 22 de marzo de 1976, en Santa Rosa de Calamuchita, y como consecuencia de los tormentos y torturas a las que fue sometido perdió la funcionalidad de los riñones, entre otras afecciones físicas y psíquicas.
Vásquez Cuestas dijo no recordar si Morales fue interrogado por la Policía o por el Ejército antes de ser indagado en la penitenciaria San Martín pero se encargó de subrayar en reiteradas ocasiones que nunca realizó una indagatoria con la presencia de militares, pero sí con la de los miembros de su juzgado, incluyendo el defensor oficial, ya que rara vez los abogados querían asumir las defensas de quienes eran acusados subversivos.
Morales señaló en su declaración el cinco de noviembre pasado, que el juez le otorgó la libertad porque había comprobado que no había cometido ningún ilícito pero que le dijo que debería esperar a que los militares decidieran dejarlo salir.
La abogada querellante Maria Elba Martínez pidió al tribunal que se solicite al colegio de abogados que determine si existió alguna recomendación que se realizó desde este cuerpo hacia los abogados recomendando no asumir la defensa de los llamados “subversivos”.