Piden remoción de juez de Casación por intento de soborno en el caso Ferreyra
El juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura para que se inicie el proceso de remoción y se determine si tuvo “responsabilidad funcional”, en un presunto intento de soborno para favorecer al sindicalista José Pedraza y otros imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra.
La denuncia ante el órgano judicial fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) luego de que el juez de instrucción subrogante Luis Rodríguez procesara el lunes pasado por este tema a Pedraza y al abogado y ex juez federal subrogante Octavio Araoz de Lamadrid, pero no a Riggi.
También fueron procesados como parte de la maniobra abortada el prosecretario de Casación, Luis Ameghino Escobar, el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme y el tesorero de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini.
“Resulta sugestivo que el juez Luis Rodríguez no haya profundizado hasta el momento la investigación respecto de los posibles jueces involucrados y haya demorado más de un año las indagatorias y el procesamiento de los imputados”, destacó el CELS en su presentación ante el Consejo de la Magistratura.
El organismo destacó que Rodríguez dictó los procesamientos “una semana antes del tratamiento en el Senado de su pliego para ocupar una vacante de juez federal”, al que el CELS y otras organizaciones se opusieron por las “deficiencias en su investigación”.
El intento de soborno había sido descubierto por la jueza Wilma López durante las escuchas telefónicas realizadas para esclarecer el crimen de Ferreyra, ahora en juicio oral, y consistía en que el que expediente recayera por un sorteo fraudulento en la Sala III de Casación para que Riggi revoque el procesamiento de Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño, Pablo Díaz, Daniel González y Francisco Pipitó, aliviando la situación de Pedraza.
De acuerdo a la resolución del juez Rodríguez, “la influencia de Aráoz de Lamadrid y Riquelme sobre el magistrado Riggi se consideraba real, en tanto ambos mantenían relaciones personales preexistentes con él, uno como ex-empleado y el otro con un vínculo afectivo demostrado por el intercambio de las comunicaciones y otras escuchas telefónicas obtenidas”.
Para el CELS, “el juez Riggi debe brindar explicaciones sobre todos estos hechos, en especial sobre su relación y trato familiar con el ex agente de inteligencia Riquelme, y el Consejo de la Magistratura debe evaluar su accionar como magistrado de la Nación”.
Las escuchas revelaron que Pedraza mantuvo comunicaciones con Aráoz de Lamadrid y los demás procesados para concretar la maniobra, cuyo primer paso se habría concretado luego de que Escobar hiciera recaer la apelación en la Sala III integrada por Riggi.
A partir de esta información, se allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid -quien también había sido abogado de Uño- y se secuestró un sobre con su nombre que contenía los 50 mil dólares.
“En las comunicaciones intervenidas por la jueza López aparecen conversaciones absolutamente impropias para un juez y que dan una pauta de sus vínculos con operadores de la justicia federal, expertos en hacer valer sus relaciones para obtener beneficios”, destacó el organismo en su presentación ante el Consejo de la Magistratura.