La Legislatura denunció falta de voluntad por parte de la Nación

La legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó una declaración impulsada por el bloque del oficialismo en la que expresa la  falta de voluntad del gobierno nacional para llegar a un acuerdo por la deuda de la Caja de Jubilaciones y reconoce, a la vez, la conducta de respeto institucional que mantuvo la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia de conciliación que se desarrolló el lunes pasado.

El presidente de bloque de Unión por Córdoba Sergio Busso destacó la necesidad de que la legislatura se pronunciase en lo que calificó como “un momento histórico” en el que la provincia tuvo que acudir ante la Corte por no encontrar “un camino de dialogo que no pudo darse en ocho meses”.

Ante el rechazo de casi todo el arco opositor para acompañar la iniciativa, Busso señaló que “siempre aparecen especulaciones políticas mezquinas” y señaló que fue la nación quien hizo que esta instancia no llegara a buen puerto, “una de las partes fue con un libreto armado y lo repitió, eso hizo que esta instancia fracasara”, dijo.

Inmediatamente le salió al cruce Roberto Birri, presidente de la bancada del Frente Cívico y Social quien le señaló que el rechazo no se debía a “una especulación mezquina” sino que por el contrario explicó que no acompñaban el proyecto porque el gobierno no informó por canales institucionales lo que ocurrió en esa audiencia y criticó la decisión de la Corte de realizarla en forma privada.  

“Casi inéditamente, audiencias de este tipo que debían ser públicas, la Corte decidió que fuera privada y a título de conjetura el gobierno no movió un dedo para que lo acompañáramos para defender los intereses de Córdoba” afirmó.

En este sentido recordó que su fuerza política que representa la primera minoría en la provincia, acompañó el reclamo ante la Corte del gobernador José Manuel De la Sota al igual que lo hicieran en 2009 con un reclamo similar del ex mandatario provincial Juan Schiaretti. A pesar de esto el parlamentario recalcó que la situación de quebranto que atraviesa la provincia es responsabilidad de “la administración de este gobierno en los últimos años.

Por su parte el legislador radical, Rodrigo De Loredo, fundamentó el rechazo de su bloque al considerar que el gobierno provincial realizó “una puesta en escena” reflejada en la reiteración exacta y casi simultánea de lo que dijo el gobernador en la conferencia de prensa posterior a la audiencia con una solicitada publicada en un diario local y los programas de televisión que grabó en Capital Federal.

“Se tira de cabeza en una competencia electoral nacional, no nos tomen el pelo, un día apareció el gobernador acá (por el recinto legislativo) e hizo el ajuste más grande que se les hizo a los jubilados en los últimos cinco o diez años” agregó.

Por último el presidente de bloque del centenario partido, Luis Brouwer de Koning, señaló la contradicción del gobierno provincial al destacar la conducta de la Corte Suprema, cuando el Ministro jefe de Gabinete Oscar González criticó semanas atrás al juez Eugenio Zaffaroni por haber adelantado criterios sobre el tema en cuestión antes de la realización de la audiencia de conciliación.

La iniciativa contó solo con los votos del oficialismo y del bloque de Consenso Córdoba, de Rubén Borello y el rechazo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el del Frente Cívico y Social y el del Encuentro Vecinal Córdoba del legislador Aurelio García Elorrio.

Ayer los gremios cordobeses mantuvieron una reunión con González en el Centro Cívico donde resolvieron adoptar una postura neutral en el conflicto luego del fracaso de la audiencia conciliatoria entre el gobierno de Córdoba y la Nación por el reclamo de la deuda del déficit de la Caja de Jubilaciones (Ver Fracasó la audiencia de conciliación por el déficit de la Caja y La Corte deberá resolver si Córdoba tiene razón), ya que interpretan que el conflicto es un asunto eminentemente político y no económico y que esta cuestión los deja en el medio de una disputa en la que sus medidas juegan y son aprovechadas por ambos sectores (Ver Pihen: “somos el jamón del sándwich”).

Por su parte, González, anticipó hoy término de esa reunión que el gobierno presentará en el corto plazo otra demanda ante la Corte Suprema de Justicia para salir del Pacto Fiscal de 1992 por el que la Nación le retiene el 15 por ciento de la coparticipación para sostener el déficit del sistema previsional nacional.

González dijo que daba por descontado que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no aceptará que Córdoba abandone el pacto en cuestión, luego del fracaso de la audiencia de conciliación entre el gobierno provincial y el nacional ante el máximo tribunal por el reclamo de 1039 millones de pesos por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones del 2011 (Ver La Corte deberá resolver si Córdoba tiene razón).

De la Sota, argumentando que la Nación no transfería los fondos, el 8 de agosto presentó un proyecto de ley de ajuste previsional, que se aprobó en la misma jornada en un breve trámite y sin debate (Ver Aprobaron la reforma del Sistema Previsional y El aumento a jubilados se pagará a los 180 días).

La nueva legislación provocó la reacción de los gremios estatales que comenzaron con paros y movilizaciones en rechazo de la nueva norma. La tirantez entre el gobierno y los gremios llegó a su punto máximo durante la protesta de los gremios estatales donde resultaron heridos 15 manifestantes y hubo tres detenidos como consecuencia de la represión policial en inmediaciones del Palacio de Justicia luego de la cuál los sindicatos resolvieron un paro por 24 horas (Ver: Gremios Estatales paran y pedirán libertad de los tres detenidos).

Los incidentes se desencadenaron en el momento en que una veintena de gremios planteaba una acción declarativa de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley 10078, que introdujo reformas en el sistema previsional provincial (Ver Con fuertes represarias, gremios presentaron ante TSJ acción contra el ajuste de De la Sota).

Mediante un acuerdo promovido por el Gobierno, los gremios estatales acataron el pasado 30 de agosto la "tregua" propuesta por De la Sota de suspender toda medida de protesta hasta el día de la audiencia ante la Corte (Ver Salvo UEPC, Luz y Fuerza y Viales, los gremios levantan medidas de fuerza hasta el 10 de septiembre).