Críticas al protocolo de aborto de la Ciudad de Buenos Aires

Las legisladoras porteñas María Rachid y María Elena Naddeo, entendieron que la resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que establece los procedimientos para los abortos no punibles, "obstaculiza el derecho de las mujeres" y no respeta "importantes principios" determinados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además cuestionaron que no contempla que la intervención se convierta después en un peligro para la vida de la mujer que es víctima.

Rachid afirmó que la resolución "viola importantes principios" determinados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "La Resolución 1252 sobre Protocolo de Aborto no Punible para el sector público de salud, emitida por el Ministro de Salud porteño, viola varios e importantes principios y acciones que estableció la Corte en el `fallo F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva´", afirma en un comunicado la legisladora por el Frente para la Victoria"

Rachid afirma que el protocolo "establece que en caso de que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la mujer el Director del hospital debe confirmar el diagnóstico y la procedencia de la práctica" y que "ello viola lo dispuesto en el  art. 86 del Código Penal, ya que requerir la autorización de más de un profesional de la salud es una exigencia adicional a la que establece la ley".

"Es una carga desproporcionada que constituye un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego", remarcó. En ese sentido, explicó que "la resolución también establece que se debe constituir un equipo interdisciplinario para cada caso concreto".

Al respecto, la justicia expresa que "estas cargas en los casos de mujeres violadas se traducen en procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del embarazo y que constituye un acto de violencia institucional en los términos de la ley nacional de violencia de género N° 26.485".

Con relación a que las personas "menores de 18 años de edad deberán contar con el consentimiento de su representante legal", recordó que el proyecto consensuado por la oposición lo requiere con relación a las personas menores de 14 años, respetando la capacidad progresiva de los niños y adolescentes y debido a que las estadísticas establecen que constituyen la franja etaria más vulnerable a la violencia sexual".

Por otra parte la legisladora remarcó que "tanto el Código Penal como el fallo de la CSJN establecen claramente que no puede obligarse a las víctimas de violación a efectuar denuncias penales para acceder a la práctica del aborto no punible, bastando una declaración jurada".

Por su lado, La legisladora por el Frente Progresista y Popular, María Elena Naddeo, cuestionó la reglamentación, al asegurar que “pone ciertas restricciones que el fallo de la Corte no incluyó justamente para que el trámite no se convierta en abstracto y no se convierta después la propia intervención en un peligro para la vida de la mujer que es víctima”.

“En realidad, el protocolo del gobierno de la ciudad, si bien habilita y legitima la posibilidad de la realización de abortos no punibles en los hospitales públicos, genera un trámite más engorroso y más burocrático para las mujeres y para los equipos de salud”, dijo la legisladora a radio América.

Naddeo sostuvo que “en este protocolo el Ministerio de Salud estaba trabajando desde hace tiempo, pero el propio Jefe de Gobierno Mauricio Macri había dicho, en declaraciones públicas, que era un tema que lo tenía que resolver la Legislatura”.

Destacó que “la oposición logró consensuar un único despacho, anteponiendo incluso diferencias internas, lo cual implicaba poder votar esto en el recinto con una mayoría de 31 votos”, pero lamentó que “el PRO no logró unificar su postura y presentó un despacho que se llama vuelta a comisión, lo que quiere decir que hay que seguir discutiendo, con lo cual ya ahora se iban a tratar estos dos dictámenes en la comisión de mujer y prontamente iba a ir al recinto”.

A raíz de esta situación, añadió Naddeo, “el gobierno de la Ciudad decidió firmar y publicar este protocolo para cerrarle el paso a la Legislatura poder tener un procedimiento más amplio”.