Para la UCR la audiencia sirvió para que De la Sota se muestre como “candidato prematuro”

El Comité provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), aseguró que la audiencia que tuvo lugar hoy en la Corte Suprema de justicia de la Nación por el conflicto entre la Nación y la Provincia, sirvió para que el gobernador, José  Manuel de la Sota, se muestre como “candidato prematuro”.

En este sentido, denunció que De la Sota es el principal responsable del estado de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y que luego de 10 años de injusticias dejaron a Córdoba al borde del quebranto.

También criticaron la actitud desde la órbita nacional asegurando que hoy ejerció el “impúdico ejercicio de disciplinamiento político de las provincias”, denunciando un manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos.

No obstante, ratificaron que la UCR defendió la permanencia del sistema previsional en la órbita provincial y que van a apoyar las demandas de la Provincia a la Nación, aunque señalaron que critican a “los responsables del vaciamiento del sistema Previsional”.

En tanto, convocaron a una actitud responsable a ambos gobiernos, “dejando de lado posturas que solo se interpretan en el marco de un conflicto de intereses personales y poniendo por encima la resolución a un tema que tiene en una situación de incertidumbre a miles de maestros, policías, médicos, enfermeros y trabajadores en general de la provincia, respecto de su futuro”.

Finalmente, señalaron que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos a partir de ahora, “romper con este diálogo de sordo y vanidades menores, y hacer justicia en una historia plagada de demagogias”.

Cabe señalar, que hoy al finalizar el encuentro que comenzó a las once de la mañana, el gobernador de Córdoba, brindó una conferencia de prensa, en la que le pidió a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dialogar. “Hablemos Señora presidenta para que lleguemos a un acuerdo”, manifestó.

En este sentido, afirmó que: “Córdoba es una provincia amiga, los argentinos y Córdoba se merecen que si hay una disputa entre un gobierno  y una nación el camino sea el consenso, el acuerdo, por respeto a quienes nos han votado”.

Además agregó que “queremos que nos paguen lo que nos deben”, en referencia a la deuda que mantiene la Nación con la Caja de jubilaciones de la Provincia. En este sentido aclaró que están dispuestos a dar plazos y  a recibir otras formas de pago.

La Corte Suprema interviene en estas actuaciones, por su “competencia originaria” en causas donde las provincias litigan entre sí o contra la Nación; y la audiencia fue ordenada en base a lo previsto en el artículo 36 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

En el inciso segundo del artículo 36, esa norma señala la potestad de los magistrados para “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos respetando el derecho de defensa de las partes”.

A esos efectos, los magistrados podrán “disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito”.

“Dado que por su naturaleza sólo las partes podrán concordar los derechos esgrimidos en la búsqueda de soluciones, únicamente podrán participar en su realización los representantes y asistentes que han sido individualizados”, se indicó oficialmente.

Cabe señalar que el ministro de Trabajo de Córdoba, Omar Dragún, dijo hoy que confía en que la Corte Suprema de Justicia "reconozca la deuda que la Nación tiene con la provincia, producto de un acuerdo arribado en este mismo ámbito" (judicial).

Lo expresó al ingresar al Palacio de Tribunales, en esta capital, donde se desarrolla una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema en el marco del reclamo de 1.040 millones de pesos formulado por la provincia, en razón de presuntas deudas previsionales.

El gobierno nacional argumenta que Córdoba no cumplió en su totalidad el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional para 2010 y 2011, firmado en la anterior conciliación ante la Corte entre el entonces gobernador, Juan Schiaretti, y ministro de Economía, Amado Boudou, a fines de 2009.

Además del reclamo por la deuda previsional, la Legislatura cordobesa aprobó días atrás una ley impulsada por De la Sota por la cual la provincia abandona el pacto fiscal de 1992, que establece que la Nación retiene el 15% de la coparticipación a todas las provincias para compensar a la Anses.

Asimismo, el gobierno nacional informó que esa jurisdicción fue beneficiada en los últimos años por una transferencia de recursos de más de 132 mil millones de pesos, más que el total de lo gastado por las administraciones de José Manuel De la Sota entre 2003 y 2007 y Juan Schiaretti entre 2007 y 2011.

Recordemos que la audiencia conciliatoria comenzó a las 11 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa “Córdoba, provincia de c/ Estado Nacional s/cumplimiento de convenio y cobro de sumas de dinero (C.930/12)”.

En representación de la Provincia de Córdoba, estuvieron citados: De la Sota, el Fiscal de Estado de la Provincia de, Jorge Eduardo Córdoba, letrado patrocinante, Alberto Manuel García Lema, Diputado Nacional por la Provincia, Francisco Fortuna, Ministro Jefe de Gabinete de Oscar F. González, Ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore, el Procurador del Tesoro de la Provincia,  Pablo Reyna, Secretario de Previsión Social, Osvaldo E. Giordano.

Como así también, Fiscal de Estado Adjunto, Cecilia María De Guernica, Subgerente de Auditoria de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros,  Heber Farfan, Gerente de Asuntos Legales de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, Mariano Méndez y  letrado patrocinante, Tomás García Lema.

En tanto, en representación del Estado Nacional están citados: Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Gaspar Lorenzino, Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Diego Luis Bossio y Funcionarios de la ANSeS y del Ministerio de Economía (siete personas).

Según el reclamo de Córdoba, la Anses adeuda 1.040 millones de pesos de convenios acordados para ser destinados al elevado déficit del sistema previsional provincial, correspondiente al período del 2011.

En declaraciones formuladas oportunamente, Bossio había justificado la no transferencia de fondos a la provincia por incumplimiento de convenio, en lo que refiere al déficit y a la “armonización” exigida a la Caja de Jubilaciones para que los sueldos al sector pasivo local estén acordes a los que abona la Anses en el orden nacional, además de reducir el déficit.

De la Sota, argumentado que Nación no transfiere los fondos, el 8 de agosto presentó un proyecto de ley de ajuste previsional, que se aprobó en la misma jornada en un breve trámite y sin debate.

La nueva legislación provocó la reacción de los gremios estatales, con paros y movilizaciones, en rechazo a la nueva norma que deja sin efecto el pago simultáneo de aumentos a los jubilados cuando lo perciben los activos.

A partir de ahora, los pasivos recibirán los incrementos seis meses después de los activos, y la norma incluso faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes de la patronal y del trabajador.

Con esta ley, De la Sota busca obtener fondos para ser destinados a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Mediante un acuerdo promovido por el Gobierno, los gremios estatales acataron la 'tregua' propuesta por De la Sota de suspender toda medida de protesta hasta la audiencia del próximo lunes, con la promesa de que si en la audiencia conciliatoria se logra destrabar la transferencia que reclama, va a dejar sin efecto la ley del ajuste previsional.

Recordemos que el pasado 5 de septiembre, se reunieron los titulares de los principales gremios de la provincia, con el Jefe de Gabinete, Oscar González y el titular de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Osvaldo Giordano,   para acordar la modalidad de la presentación ante la Corte. (Ver: Se va a conformar una Comisión Menor para el costeo y análisis de las propuestas de los gremios).

En esa oportunidad, el  secretario general del Sindicato de Empelados Públicos (SEP), José Pihen, adelantó que durante la reunión acordaron conformar una Comisión Menor integrando a la Secretaria de Ingresos Públicos, del Ministerio de Finanzas, a la Jefatura de Gabinete y a los Gremios, para el costeo y análisis las propuestas de los gremios.

El titular del SEP, confirmó que los gremios acompañarán el reclamo del gobernador de la Provincia, José Manuel De la Sota, ante la Corte Suprema en la audiencia conciliatoria que se desarrollará el próximo lunes con representantes de la Nación.

Finalmente aclaró que el plazo acordado para la suspensión de las medidas de fuerza, finaliza el lunes próximo, por lo que, en caso de no ser recibidos el 10 de agosto, se reunirán nuevamente los representantes gremiales para evaluar los pasos a seguir.

Fue en el marco de la conformación de la mesa de diálogo creada luego del encuentro que mantuvieron con el gobernador José Manuel De la Sota el pasado jueves 30 de agosto (Ver: Salvo UEPC, Luz y Fuerza y Viales, los gremios levantan medidas de fuerza hasta el 10 de septiembre).

En el acta firmada ese día se inició una instancia de diálogo entre los gremios estatales y el Gobierno provincial representado por el Ministro Jefe de Gabinete, Oscar González, y  el Titular de la Caja de Jubilaciones, Osvaldo Giordano, donde se fijó la primera reunión para esta semana.

Esta instancia se produjo luego de la denuncia que el gobierno provincial presentó contra la Nación por la deuda del déficit de la Caja de Jubilaciones correspondiente al año 2011. (Ver: La provincia acudió a la Corte;En septiembre sería la audiencia de conciliación).

Recordemos que el pasado 30 de agosto, el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, firmó un acuerdo con los gremios estatales de la provincia de Córdoba, quienes se comprometieron a acompañar al mandatario el próximo 10 de septiembre a la audiencia de negociación ante la Corte Suprema de Justicia por el conflicto entre la provincia y la Nación por la deuda que esta última mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial. (Ver: De la Sota iría a la Corte con los gremios).

Cabe señalar el miércoles 8 de agosto, la Unicameral de Córdoba aprobó la reforma del sistema de la Caja de Jubilaciones. En esa oportunidad, estuvo presente el gobernador De la Sota, quien presentó formalmente el proyecto que establece que el aumento a los jubilados será abonado a los 180 días de los aumentos a los trabajadores activos. (Ver: El aumento a jubilados se pagará a los 180 días).

Tanto la aprobación de la Reforma del Sistema Previsional, como La Tasa Vial, generaron resistencia por parte de los gremios estatales y los trabajadores.

En este sentido, una de las manifestaciones más importantes se llevó a cabo el pasado 23 de agosto donde los secretarios generales de los gremios de SUOEM, del SEP, de UEPC y bancarios presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del sistema previsional de, José Manuel De la Sota, con una fuerte represión de la Policía de la Provincia de Córdoba. (Ver: Con fuertes represarías, gremios presentaron ante el TSJ acción contra el ajuste de De la Sota).

Luego de la represión policial, diferentes gremios y agrupaciones políticas manifestaron su repudio a las medidas dispuestas desde la policía de la provincia.

En este sentido, el dirigente de Luz y Fuerza, Santiago Clavijo, expresó que esta situación “le conviene al gobierno provincial para victimizarse”, y añadió que la masiva movilización “es una respuesta a la intransigencia y a la mentira” del mandatario provincial.

Por su parte, la titular del gremio de los judiciales de la provincia, Irina Santesteban, también se manifestó en repudio a lo sucedido responsabilizando de los incidentes al gobierno de Córdoba.

“Hubo un enorme despliegue policial, tiraron balazos de goma a mansalva, lo que ha dejado compañeros heridos y también algunos detenidos”, sostuvo la dirigente, y añadió que “el primer acto de violencia fue el dictado de la ley” de cambios previsionales impulsado por De la Sota.

El titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) también criticó el accionar policial al sostener que “la orden de reprimir la dio un jefe del operativo, y yo creo que la idea es generar miedo”.

Desde el Tribunal Superior de Justicia, lamentaron los incidentes e “instan a resolver en paz las controversias” y recordó “que la violencia nunca es la salida”.

En este sentido, los gremios de Luz y Fuerza, bancarios, municipales y judiciales concretaron el pasado 24 de agosto, un paro por 24 horas en repudio por la "represión" policial desplegada durante la manifestación realizada hoy en contra de la reforma previsional dispuesta por el gobernador José Manuel de la Sota (Ver: Gremios Estatales paran y pedirán libertad de los tres detenidos).