Bossio aseguró que no hay deuda con la provincia de Córdoba
El Gobierno Nacional aseguró hoy ante la Suprema Corte de Justicia que no mantiene deuda alguna con Córdoba por el sistema previsional de esa provincia, y consideró que el gobernador José Manuel de la Sota “parecía un político en campaña” a la hora de realizar su reclamo ante el máximo tribunal.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director del Anses, Diego Bossio representaron en horas de la mañana al Gobierno Nacional ante la Corte Suprema de Justicia en la demanda que interpuso De la Sota en reclamo de fondos para la caja de jubilación de esa provincia.
Luego de ese encuentro, ambos funcionarios realizaron una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, oportunidad en la que Lorenzino aseguró que el Gobierno Nacional no propuso "ni un ajuste ni un recorte" a la provincia y aseguró que "los problemas que enfrenta el gobernador no tiene nada que ver con lo que ha hecho el Gobierno federal en los últimos años".
Por su parte Bossio aseguró que el Gobierno Nacional “no le debe nada a Córdoba” y consideró que De la Sota, en la audiencia en la Corte “por momentos, parecía un político en campaña” mas que un funcionario siendo riguroso para alcanzar una solución.
En esta misma línea, Lorenzino se preguntó "¿qué busca el Gobierno de Córdoba, tener un chivo expiatorio, alguien a quien acusar de algo, o una proyección nacional, la necesidad de salir en los medios nacionales?".
El funcionario desalentó cualquier especulación en torno a un ahogo financiero a la provincia al destacar que entre el 2003 y el 2011 "las transferencias del Gobierno Nacional a esa provincia han crecido más del 600 %" y que solo con la refinanciación de su deuda, el estado provincial se ahorró este año de pagar 1.351 millones de pesos.
En tanto Bossio explicó que "sólo 16 % de los cordobeses pertenecen al régimen previsional provincial, mientras que el 84 % cobra a través de la Anses y gozan de todos los beneficios, entre otros la ley de movilidad".
El funcionario explicó que, a través de diversos convenios, la provincia se comprometió a emparejar la situación previsional de la provincia, con la de la Nación, “pero eso no se cumplió” en todos sus aspectos “tal como se había convenido de manera voluntaria”.
No obstante “la Nación le siguió transfiriendo recursos a la provincia”, unos 4.440 millones de pesos desde el 2002, pero "no existe obligación del Estado nacional de financiar otro déficit previsional.
Córdoba “no actuó con la misma buena fe con la que actuó el Gobierno Nacional”.
Por su parte De la Sota, solicitó al gobierno nacional "tratar de lograr un acuerdo en el que todos salgamos beneficiados".
"Los cordobeses queremos cobrar, queremos que nos paguen lo que nos deben, no somos destituyentes ni conspiradores ni enemigos de su gobierno, ni estamos en una pulseada por el poder", aseguró de la Sota durante una conferencia de prensa celebrada al término de la audiencia de la Corte.
Lorenzino reiteró que “las provincias pueden autónomamente decidir qué tipo de políticas previsionales implementar, pueden decidir, por ejemplo, que el 10% de los jubilados con mayores haberes en sus cajas cobren casi 10 veces más que el 10% de los jubilados con menores haberes de las mismas cajas, pueden incluso (aunque no deberían) proponer políticas que incrementen aún más esta inequidad. Pero no con la plata del conjunto de los argentinos”.
“La Nación no puede y no debe financiar políticas previsionales que aumenten la desigualdad… ni en Córdoba ni en ningún otro lugar del país”. Ello implicaría desconocer el esfuerzo de todos los argentinos para construir desde 2003 en adelante un sistema de Seguridad Social armónico e inclusivo, y un país más justo y solidario”, aseguró el ministro.
Según el reclamo de Córdoba, la Anses adeuda 1.040 millones de pesos de convenios acordados para ser destinados al elevado déficit del sistema previsional provincial, correspondiente al período del 2011.
En declaraciones formuladas oportunamente, Bossio había justificado la no transferencia de fondos a la provincia por incumplimiento de convenio, en lo que refiere al déficit y a la “armonización” exigida a la Caja de Jubilaciones para que los sueldos al sector pasivo local estén acordes a los que abona la Anses en el orden nacional, además de reducir el déficit.
De la Sota, argumentado que Nación no transfiere los fondos, el 8 de agosto presentó un proyecto de ley de ajuste previsional, que se aprobó en la misma jornada en un breve trámite y sin debate.
La nueva legislación provocó la reacción de los gremios estatales, con paros y movilizaciones, en rechazo a la nueva norma que deja sin efecto el pago simultáneo de aumentos a los jubilados cuando lo perciben los activos.
A partir de ahora, los pasivos recibirán los incrementos seis meses después de los activos, y la norma incluso faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes de la patronal y del trabajador.
Con esta ley, De la Sota busca obtener fondos para ser destinados a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Mediante un acuerdo promovido por el Gobierno, los gremios estatales acataron la 'tregua' propuesta por De la Sota de suspender toda medida de protesta hasta la audiencia del próximo lunes, con la promesa de que si en la audiencia conciliatoria se logra destrabar la transferencia que reclama, va a dejar sin efecto la ley del ajuste previsional.
Recordemos que el pasado 5 de septiembre, se reunieron los titulares de los principales gremios de la provincia, con el Jefe de Gabinete, Oscar González y el titular de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Osvaldo Giordano, para acordar la modalidad de la presentación ante la Corte. (Ver: Se va a conformar una Comisión Menor para el costeo y análisis de las propuestas de los gremios).
En esa oportunidad, el secretario general del Sindicato de Empelados Públicos (SEP), José Pihen, adelantó que durante la reunión acordaron conformar una Comisión Menor integrando a la Secretaria de Ingresos Públicos, del Ministerio de Finanzas, a la Jefatura de Gabinete y a los Gremios, para el costeo y análisis las propuestas de los gremios.
El titular del SEP, confirmó que los gremios acompañarán el reclamo del gobernador de la Provincia ante la Corte Suprema en la audiencia conciliatoria que se desarrollará el próximo lunes con representantes de la Nación.
Finalmente aclaró que el plazo acordado para la suspensión de las medidas de fuerza, finaliza el lunes próximo, por lo que, en caso de no ser recibidos el 10 de agosto, se reunirán nuevamente los representantes gremiales para evaluar los pasos a seguir.
Fue en el marco de la conformación de la mesa de diálogo creada luego del encuentro que mantuvieron con De la Sota el pasado jueves 30 de agosto (Ver: Salvo UEPC, Luz y Fuerza y Viales, los gremios levantan medidas de fuerza hasta el 10 de septiembre).
En el acta firmada ese día se inició una instancia de diálogo entre los gremios estatales y el Gobierno provincial representado por González y Giordano, donde se fijó la primera reunión para esta semana.
Esta instancia se produjo luego de la denuncia que el gobierno provincial presentó contra la Nación por la deuda del déficit de la Caja de Jubilaciones correspondiente al año 2011. (Ver: La provincia acudió a la Corte; En septiembre sería la audiencia de conciliación).
Cabe señalar el miércoles 8 de agosto, la Unicameral de Córdoba aprobó la reforma del sistema de la Caja de Jubilaciones. En esa oportunidad, estuvo presente el gobernador, quien presentó formalmente el proyecto que establece que el aumento a los jubilados será abonado a los 180 días de los aumentos a los trabajadores activos. (Ver: El aumento a jubilados se pagará a los 180 días).