Fracasó la audiencia de conciliación por el déficit de la Caja
La audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre el gobierno nacional y la provincia de Córdoba por el reclamo de 1039 millones correspondientes al déficit de la Caja de Jubilaciones del año 2011 fracasó ante la reiteración sin variaciones de las posiciones de ambas partes.
Al finalizar el encuentro que comenzó a las once de la mañana, el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, brindó una conferencia de prensa en la que le pidió a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dialogar. “Hablemos Señora presidenta para que lleguemos a un acuerdo”, manifestó.
En este sentido, afirmó que: “Córdoba es una provincia amiga, los argentinos y Córdoba se merecen que si hay una disputa entre un gobierno y una nación el camino sea el consenso, el acuerdo, por respeto a quienes nos han votado”.
Además agregó que “queremos que nos paguen lo que nos deben”, en referencia a la deuda que mantiene la Nación con la Caja de jubilaciones de la Provincia. En este sentido aclaró que están dispuestos a dar plazos y a recibir otras formas de pago.
El mandatario enunció que tuvieron que acudir a la Corte porque no recibieron respuestas, después de varios meses de gestiones. “Córdoba no vino a la corte por decisión propia, lo intentamos durante 8 meses y como nos cerraron las puertas vinimos a la justicia”.
Y continuó: “No estamos pidiendo una ayuda económica, queremos que nos paguen lo que nos deben, no somos conspiradores ni mucho menos enemigos de su gobierno, no estamos en una pulseada por el poder”.
Finalmente, De la Sota agradeció a la Corte por haberlos citado a la audiencia conciliatoria entre las partes, al tiempo que destacó la “paciencia” de la máxima autoridad, durante la reunión.
Los funcionarios del gobierno nacional optaron por brindar más tarde una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía donde reiteraron que Córdoba no cumplió en su totalidad el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional para 2010 y 2011, firmado en la anterior conciliación ante la Corte entre el entonces gobernador, Juan Schiaretti, y el ministro de Economía, Amado Boudou, a fines de 2009 y que por lo tanto la Administración de Seguridad Social (Anses) no tiene ninguna deuda con el estado provincial (Ver Bossio aseguró que no hay deuda con la provincia de Córdoba).
El ministro de Trabajo de Córdoba, Omar Dragún, había dicho al ingresar al Palacio de Tribunales, que confiaba en que la Corte Suprema de Justicia "reconozca la deuda que la Nación tiene con la provincia, producto de un acuerdo arribado en este mismo ámbito" (judicial).
"Estamos convencidos de la justicia del reclamo de Córdoba", dijo el funcionario cordobés y agregó que "creemos en la justicia, somos conscientes y respetamos que la ley en la Argentina debe imperar".
Además del reclamo por la deuda previsional, la Legislatura cordobesa aprobó días atrás una ley impulsada por De la Sota por la cual la provincia abandona el pacto fiscal de 1992, que establece que la Nación retiene el 15% de la coparticipación a todas las provincias para compensar a la Anses.
Asimismo, el gobierno nacional informó que esa jurisdicción fue beneficiada en los últimos años por una transferencia de recursos de más de 132 mil millones de pesos, más que el total de lo gastado por las administraciones de De la Sota entre 2003 y 2007 y Juan Schiaretti entre 2007 y 2011.
Según el reclamo de Córdoba, la Anses adeuda 1.040 millones de pesos de convenios acordados para ser destinados al elevado déficit del sistema previsional provincial, correspondiente al período del 2011.
En declaraciones formuladas oportunamente, Bossio había justificado la no transferencia de fondos a la provincia por incumplimiento de convenio, en lo que refiere al déficit y a la “armonización” exigida a la Caja de Jubilaciones para que los sueldos al sector pasivo local estén acordes a los que abona la Anses en el orden nacional, además de reducir el déficit.
En representación de la Provincia de Córdoba estuvieron en la audiencia que se realizó en el Salón Antonio Bermejo del cuarto piso del Palacio de Justicia el Gobernador José Manuel de la Sota, el Fiscal de Estado de la Provincia de, Jorge Eduardo Córdoba, letrado patrocinante, Alberto Manuel García Lema, Diputado Nacional por la Provincia, Francisco Fortuna, Ministro Jefe de Gabinete de Oscar F. González, Ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore, el Procurador del Tesoro de la Provincia, Pablo Reyna, Secretario de Previsión Social, Osvaldo E. Giordano.
También se hicieron presentes el Fiscal de Estado Adjunto, Cecilia María De Guernica, Subgerente de Auditoria de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, Heber Farfan, Gerente de Asuntos Legales de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, Mariano Méndez y letrado patrocinante, Tomás García Lema.
En tanto, en representación del Estado Nacional estuvieron; el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Gaspar Lorenzino, Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Diego Luis Bossio y Funcionarios de la ANSeS y del Ministerio de Economía (siete personas).
Con un despliegue policial superior al habitual, no se permitió el acceso de público en general ni periodismo a la Sala del Máximo Tribunal, donde se analizó el expediente “‘Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional s/ cumplimiento de convenio y cobro de sumas de dinero’ (expediente C.930/2012 XLVIII)”.
La Corte Suprema interviene en estas actuaciones, por su “competencia originaria” en causas donde las provincias litigan entre sí o contra la Nación; y la audiencia fue ordenada en base a lo previsto en el artículo 36 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.
En el inciso segundo del artículo 36, esa norma señala la potestad de los magistrados para “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos respetando el derecho de defensa de las partes”.
A esos efectos, los magistrados podrán “disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito”.
“Dado que por su naturaleza sólo las partes podrán concordar los derechos esgrimidos en la búsqueda de soluciones, únicamente podrán participar en su realización los representantes y asistentes que han sido individualizados”, se indicó oficialmente.
De la Sota, argumentando que la Nación no transfería los fondos, el 8 de agosto presentó un proyecto de ley de ajuste previsional, que se aprobó en la misma jornada en un breve trámite y sin debate (Ver El aumento a jubilados se pagará a los 180 días).
La nueva legislación provocó la reacción de los gremios estatales que comenzaron con paros y movilizaciones en rechazo de la nueva norma.
La tirantez entre el gobierno y los gremios llegó a su punto máximo durante la protesta de los gremios estatales donde resultaron heridos 15 manifestantes y hubo tres detenidos como consecuencia de la represión policial en inmediaciones del Palacio de Justicia luego de la cuál los sindicatos resolvieron un paro por 24 horas (Ver: Gremios Estatales paran y pedirán libertad de los tres detenidos).
Los incidentes se desencadenaron en el momento en que una veintena de gremios planteaba una acción declarativa de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley 10078, que introdujo reformas en el sistema previsional provincial (Ver Con fuertes represarias, gremios presentaron ante TSJ acción contra el ajuste de De la Sota).
Mediante un acuerdo promovido por el Gobierno, los gremios estatales acataron el pasado 30 de agosto la "tregua" propuesta por De la Sota de suspender toda medida de protesta hasta la audiencia del hoy.