Agua Pública

Tomó estado parlamentario en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que pretende rescindir el contrato de concesión para la provisión de agua potable suscripto con la empresa Aguas Cordobesas S.A y crear la Empresa Provincial de Saneamiento (E.PRO.S), que estará a cargo del servicio. 

La iniciativa de la legisladora Liliana Olivero (Izquierda Unida) establece que el E.PRO.S será una empresa autárquica, de propiedad del Estado Provincial y de gestión pública, con la participación en su administración y dirección de usuarios y trabajadores de la actividad. 

Además, el proyecto de ley dispone el inmediato recupero sin indemnización alguna de la titularidad de la concesión del servicio en la ciudad capital; al tiempo que declara al suministro de agua potable como bien público, social y derecho humano esencial no sujeto a las reglas de mercado. 

La iniciativa crea también la Comisión de Contralor e Investigadora Independiente, que deberá investigar el proceso licitatorio y los diversos planes de ajuste del sistema, para señalar diversos aspectos vinculados al proceso de privatización por las que se otorgaron los contratos de concesión a favor de Aguas Cordobesas. 

Las conclusiones a las que arribe la Comisión, integrada por representantes de los trabajadores y usuarios, serán puestas en conocimiento de la Justicia Nacional y de la Unicameral. 

Para controlar y efectuar un seguimiento a la crisis en el agua, el proyecto de ley crea la Comisión Especial de Diagnóstico y Proyecto de Saneamiento, integrada por representantes de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, trabajadores, usuarios, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional. 

En este sentido, la Comisión Especial deberá en el término de 90 días confeccionar el informe y diagnóstico sobre la situación actual del servicio de agua potable; y elaborar un proyecto de ley para contar con un nuevo marco normativo que contemple el funcionamiento y desarrollo del servicio.  

Olivero aseguró  en los fundamentos del proyecto que las políticas neoliberales implementadas en los años ’90 alentaron la privatización de los servicios públicos, transfiriendo el manejo de los recursos naturales de manos del estado a manos privadas.

Por lo tanto, “se promocionó un criterio puramente ‘economicista’ en el tratamiento de este tema, es así que se pierde de vista el carácter de Derecho Humano que tiene el acceso al agua”, agregó la legisladora. 

“El contrato vigente (con Aguas Cordobesas) establece la división por zonas, escondiendo casos que deberían ser considerados puntualmente; otras veces, las zonas presentan características demasiado heterogéneas que no atienden a las posibilidades económicas de quienes viven dentro de ellas, introduciendo claras situaciones de inequidad”, destacó Olivero.  

Si bien la parlamentaria reconocer que atender el problema del agua “no es fácil”, debemos tomar conciencia de que es necesario encarar un trabajo intenso, dándole a cada uno lo suyo, a través de la recuperación por parte del Estado provincial del manejo de la provisión de agua. 

Además, Olivero exige por medio de su iniciativa que se investigue a la empresa Aguas Cordobesas justificando su demanda en “un sistema tarifario inviable, la falta de respuesta en cuanto a un planeamiento estratégico del recurso, las anormalidades detectadas en cuanto a la calidad del agua suministrada, los cánones adeudados por la prestataria, las dudas sobre las inversiones realizadas, etcétera”, explicó.