S.O.S
La legisladora Liliana Olivero (Izquierda Socialista) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba para que se declare la Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial por 180 días, renovable por igual término si las causas no hubieran cesado.
Asimismo propone la creación de un Comité de Crisis, que será el encargado de evaluar y recomendar las medidas a adoptarse para asegurar la provisión mínima de agua a todos los cordobeses, mediante el desarrollo de un Plan de Contingencia.
Este Comité estará integrado por el Ministro de Obras Públicas de la provincia, el Director de Hidráulica; dos representantes de la Universidad Nacional de Cordoba (UNC) expertos en el tema; dos representantes de los trabajadores del sector, entre otros.
El proyecto de ley de la parlamentaria de la oposición crea el Fondo de Aporte Solidario Agua es Vida, que tendrá por objeto proveer los medios económicos necesarios para afrontar los gastos que demande el Plan de Contingencia.
Este fondo estará constituido por los recursos provenientes de las multas aplicadas, subsidios, de los recursos disponibles en Corincor destinados al Nuevo Centro Cívico; por aplicación de un impuesto a las grandes empresas nacionales o extranjeras radicadas en la provincia, entre otros.
La iniciativa dispone que se implemente una campaña publicitaria intensiva de concientización sobre la necesidad de preservar este recurso escaso, como así también la difusión de los lineamientos del plan de contingencia y las multas por su incumplimiento.
Desde el momento en que se declare la emergencia hídrica, el proyecto prohíbe el llenado de piletas en viviendas, hoteles, countries o clubes deportivos; el uso de agua para métodos aplicados en minería a cielo abierto; así como se restringe al máximo el regado de parques o paseos públicos.
Como el agua es considerada un bien social, vital y un derecho humano inalienable, la iniciativa considera presunto delito y elevará a la justicia toda trasgresión a la norma en cuestión, que por su escala y gravedad pueda poner en riesgo a la población.
Es necesario tomar conciencia de que el agua debe ser tratada como un bien social y cultural y no en primer lugar como un bien económico. Además, la forma en la cual se realice el derecho al agua debe ser sostenible para asegurar este derecho a las generaciones presentes y futuras.
Según la legisladora Olivero, la falta de agua “es el resultado de la falta de políticas apropiadas y sustentables para el desarrollo de los recursos hídricos por un lado; y por el otro la permisiva situación de desmonte incontrolado de especies nativas en pos de más espacio para la voraz siembra de soja y otros transgénicos”, tal como expresa en los fundamentos del proyecto.
Olivero asegura en el documento que no existen políticas de estado para planificar en el territorio provincial y al servicio de la comunidad; por lo que “no se conoce planificación de corto y mediano plazo para embalses o diques, con el óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos; ni medidas restrictivas o prohibición de uso intensivo del agua para explotaciones mineras, afectando la suficiente provisión a la sociedad”.
Para Olivero el estrato social de mayor nivel adquisitivo debe ser quien aporte “para tomar medidas solucionando hoy lo urgente y atendiendo lo necesario en el mediano y largo plazo”.
“El pueblo y la clase trabajadora ya han aportado, y dan hasta el extremo de sus posibilidades, en una crisis que no le es propia y mucho menos son los responsables”, concluyó la parlamentaria en los fundamentos del proyecto.