Díaz Gavier respaldó a Otero Álvarez y dijo que se está encubriendo a cómplices de la dictadura
El Juez Federal Jaime Díaz Gavier salió a respaldar fuertemente a su par Carlos Otero Álvarez que el sábado fue detenido por su supuesta complicidad en la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y sugirió que con esto se está desviando la atención de quienes verdaderamente fueron cómplices.
“A veces uno se plantea si con esto no se está desviando la atención de quienes verdaderamente fueron responsables de complacencias y complicidades con la dictadura” aseguró.
Además, el magistrado que compartió con Otero Álvarez la conformación del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que en 2008 condenó a Luciano Benjamín Menéndez y a otros represores, dijo tener la “convicción” de su inocencia, destacó su conducta como “intachable” y confió en que todo se esclarecerá.
“Tengo la convicción más absoluta de que el Dr. Otero Álvarez que es un hombre de bien y que tiene una conducta intachable está sufriendo una situación de injusticia pero comprendido que, como seguramente lo comprende el, que hay que atravesar este momento procesal hasta que se esclarezca una verdad que no tengo dudas que va a esclarecerse” dijo.
Además Díaz Gavier aseguró que la acusación que llevó al ex juez federal a la Penitenciaria de Bouwer es “injusta”, no tiene pruebas fundadas y el estado deberá demostrar que las pruebas en su contra son reales.
Sin hacer una referencia puntual Díaz Gavier dijo que las acusaciones en contra de Otero Álvarez están centralizadas por “actores y personajes vinculados a los episodios tan tristes y terribles de la historia argentina”.
Otero Álvarez fue el quinto funcionario judicial de Córdoba que terminó con prisión preventiva la semana pasada y según adelantaron fuentes extrajudiciales, en menos de diez días Herrera Piedrabuena libraría los autos de procesamiento, instancia en la que los detenidos pasarán a estar imputados.
Con esto, y si ninguno de los abogados defensores en esta causa dilata el proceso con la presentación de recursos de apelación, estiman que el comienzo del juicio de la causa que investiga a ex magistrados y funcionarios del poder judicial en la tramitación de causas donde resultaron víctimas personas detenidas durante la última dictadura militar que se encontraban a disposición de la justicia federal de Córdoba, podría darse en menos de sesenta días.
En el marco de esta causa el viernes pasado fue detenido con prisión domiciliaria el ex Defensor Oficial, Ricardo Haro, (Ver Ordenaron prisión domiciliaria para Haro).
El jueves quedó privado de su libertad Luis Eduardo Molina, defensor oficial durante la dictadura acusado de encubrimiento, abuso de autoridad en calidad de autor y de cómplice secundario respectivamente (Ver: Quedó detenido el ex defensor federal Molina).
El martes ordenaron la prisión domiciliaria al ex procurador fiscal Antonio Sebastián Cornejo acusado de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal en calidad de autor y aplicación de tormentos como cómplice secundario (Ver Detuvieron con prisión domiciliaria al ex procurador fiscal Cornejo).
Y el lunes el ex juez federal Miguel Ángel Puga fue traslado al Servicio Penitenciario de Bouwer acusado de abuso de autoridad en concurso ideal con complicidad en homicidio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados (Ver Detuvieron al ex juez federal Puga).
Cabe señalar, que el imputado Ali Fuad Ali, en base a los resultados de la pericia psiquiátrica a la que fue sometido, y debido a un cuadro de incapacidad procesal sobreviniente, fue temporariamente excluido de legitimación pasiva en este proceso.
El sábado, el ex juez federal fue detenido y trasladado a la Penitenciaria de Bouwer tras ocho horas de declaración indagatoria, completando la del miércoles (Ver Otero Álvarez: “Muchas gracias a todos…y todas”) ante el juez federal de la provincia de la Rioja Daniel Herrera Piedrabuena (Ver Detuvieron al ex juez federal Otero Álvarez).
Paradójicamente, en Bouwer Otero Álvarez compartirá las instalaciones con los represores que el mismo condenó el 24 de julio de 2008 en la causa “Brandalisis” cuando integró como vocal el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1). (Ver Prisión perpetua para Videla y Menéndez).
Este proceso condenó a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez alias “cachorro”, Hermes Rodríguez a 22 que falleció este año, Jorge Ezequiel Acosta alias “rulo” a Luis Manzanelli alias “El hombre del violín” Carlos Alberto Díaz, alias “HB” ,Orestes Valentín Padován alias “Gino” y Ricardo Ramón Lardone alias “Fogo” Carlos Alberto Vega alias “Vergara” que fue condenado a 18 años.
El ex juez federal está acusado por delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal en calidad de autor y aplicación de tormentos en calidad de cómplice secundario en noventa y tres hechos cuando se desempeñaba como Secretario del Juzgado Federal 1 bajo las órdenes del fallecido Adolfo Zamboni Ledesma.
Este juzgado llevó adelante numerosas causas de presos políticos que se encontraban detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de los cuáles muchos de ellos terminaron siendo asesinados por los militares sin ninguna investigación judicial.
Los acontecimientos de cómo fueron fusilados clandestinamente con la complicidad de la Justicia Federal en fraguados intentos de fuga quedaron demostrados en el último juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba durante el 2010 en la denominada causa “Videla” (Ver Evidencian los Fraguados Intentos de Fuga).
Durante este proceso se juzgó la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la “Ley de Fugas” además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones políticas opositoras en 1976.
El tribunal estaba presidido por Jaime Díaz Gavier e integrado por Otero Álvarez y José Vicente Muscará como vocales.
Cuando se conoció que integraría este tribunal Luis Miguel Baronetto, ex Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, presentó el 14 de abril de 2008 una recusación en contra del juez federal debido a que él había denunciado las torturas que estaba sufriendo cuando estuvo detenido ilegalmente ante el juzgado que integraba Otero Álvarez como Secretario durante la dictadura cívico-militar (Ver Porque ahora Vitín?)
Esta acción despertó fuertes críticas entre los organismos de DD.HH debido a que entendían que entorpecía el comienzo del primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad en Córdoba.
La querella del juicio a Videla y Menéndez en 2010 solicitó que se investigue la participación que tuvieron estos ex funcionarios y magistrados de la justicia federal de Córdoba en relación a la violación de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y dignidad humana, etc., de las víctimas fatales de la causa UP1 al omitir investigar los asesinatos de detenidos políticos.
En ese mismo juicio Baronetto, que fue una de las víctimas, declaró haber sido trasladado al centro de detención Sierra Chica desde la UP1 en marzo de 1977, donde fue visitado por el juez federal Luis Zamboni Ledesma y el secretario penal Otero Álvarez para una nueva indagatoria.
Baronetto tenía como defensor a Luis Eugenio Angulo al que reemplazaron forzosamente por un defensor oficial, Luis Eduardo Molina (otro de los detenidos en esta causa) quien estuvo presente el día del interrogatorio donde antes de comenzar exigió conocer las causas sobre el asesinato de su mujer, Marta.
“Por qué mataron a mi mujer, si nosotros estábamos bajo sus responsabilidades o a la disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con una causa judicial”, les preguntó.
Según relató, el juez quedó “mudo”, mientras que Otero Álvarez “más activo” le dijo que contaba con un comunicado del Ejército y se lo leyó. El documento que pudo ver estaba firmado por el coronel Vicente Meli e indicaba que su esposa había muerto en un enfrentamiento durante un intento de fuga.