Baronetto destacó el juzgamiento de ex jueces por complicidad con la dictadura
Luis Baronetto, querellante en la causa en la que fueron detenidos cinco ex magistrados y funcionarios por su actuación durante la dictadura militar, destacó hoy la importancia de las investigaciones sobre la complicidad de la Justicia Federal con la represión y el juzgamiento de los responsables.
"Es importante que se haya avanzado en un tema en el cual la Justicia Federal parecía no querer meterse demasiado. Costó mucho tiempo instalar la idea de que la complicidad era parte necesaria del terrorismo de Estado", aseguró a la prensa Luis Baronetto.
Baronetto, que años atrás se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la capital cordobesa, insistió en el mismo tema: "Hasta ahora parecía que los únicos autores eran los militares y policías, ejecutores del terrorismo de Estado".
"Pero el accionar de los ejecutores no podría haberse realizado sin la participación activa de ese brazo tan importante como lo era el de la Justicia Federal, más cuando las personas estaban (detenidas) a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia", recalcó Baronetto.
La semana pasada, por orden de Daniel Herrera Piedrabuena, a cargo en el carácter de subrogante del Juzgado Federal Nº 2, ordenó la prisión preventiva de Miguel Angel Puga (ex juez federal), Antonio Cornejo (ex fiscal federal); Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro (ex defensores oficiales), y de Carlos Otero Alvarez (ex secretario del Juzgado Federal Nº 1).
En el caso de Otero Alvarez, se jubiló en 2009 como vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, mientras que Haro se retiró como camarista federal, y en 2002, por decreto del ex presidente Eduardo Duhalde, había sido designado conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entre otras disposiciones, a los ex magistrados les imputan supuesta infracción al artículo 248 del Código Penal, que reprime al "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
El avance que se registró en los últimos días tiene como antecedentes el hecho de que, en abril del año pasado, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó que correspondía investigar si magistrados y funcionarios judiciales que actuaron durante la dictadura militar incumplieron la obligación de perseguir penalmente a quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos en esa época.
En la resolución, los camaristas remarcaron que, de la evolución que se advierte en el mundo en materia de protección de los derechos humanos, "puede colegirse, sin lugar a dudas, la intención de la comunidad internacional de castigar tanto la ejecución del acto como los actos preparatorios, así como también toda forma de complicidad en la perpetración de aquéllos".
En la causa, Piedrabuena investiga más de un centenar de hechos vinculados a complicidad, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes públicos contra detenidos ilegales de la dictadura que estaban alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba.