Detuvieron al ex juez federal Otero Álvarez
El ex juez federal Carlos Otero Álvarez fue detenido y trasladado a la Penitenciaria de Bouwer tras ocho horas de declaración indagatoria ante el juez federal de la provincia de la Rioja Daniel Herrera Piedrabuena en el marco de la causa que investiga a ex magistrados y funcionarios del poder judicial en la tramitación de causas donde resultaron víctimas personas detenidas durante la última dictadura militar que se encontraban a disposición de la justicia federal de Córdoba.
Otero Álvarez es el quinto funcionario que termina con prisión preventiva esta semana y según adelantaron fuentes extrajudiciales, en menos de diez días Herrera Piedrabuena libraría los autos de procesamiento, instancia en la que los detenidos pasarán a estar imputados.
Con esto, y si ninguno de los abogados defensores en esta causa dilata el proceso con la presentación de recursos de apelación, estiman que el comienzo del juicio a los magistrados podría darse en menos de sesenta días.
El abogado defensor Marcelo Brito fue quien hoy se retiró primero de la sala del séptimo piso con el rostro marcado por la ofuscación y con la promesa de realizar “un escándalo mediático” denunciando al magistrado de la Rioja por la detención de Otero Álvarez.
Pasados unos pocos minutos apareció Otero Álvarez, esposado y custodiado por agentes federales que lo condujeron hasta el subsuelo de los edificios de Tribunales Federales de Córdoba desde donde después un móvil Grupo de Operaciones Tácticas Penitenciarias (G.O.T.P.) lo trasladó a la cárcel de Bouwer.
En ese momento Miguel Ceballos, abogado querellante y Luis Miguel Baronetto, denunciante en esta causa, se confundieron en un gran abrazo junto a militantes de los organismos de DD.HH de Córdoba que se encontraban esperando la resolución.
Hasta último momento Brito intentó que su defendido no fuera trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Córdoba y hasta intentó que su detención se cumpliera en la Alcaidía de Tribunales, pero la respuesta de Herrera Piedrabuena fue contundente: “Solo en Bouwer están dadas las condiciones de seguridad”.
Paradójicamente, en Bouwer Otero Álvarez compartirá las instalaciones con los represores que el mismo condenó el 24 de julio de 2008 en la causa “Brandalisis” cuando integró como vocal el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1). (Ver Prisión perpetua para Videla y Menéndez).
Este proceso condenó a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez alias “cachorro”, Hermes Rodríguez a 22 que falleció este año, Jorge Ezequiel Acosta alias “rulo” a Luis Manzanelli alias “El hombre del violín” Carlos Alberto Díaz, alias “HB”, Orestes Valentín Padován alias “Gino” y Ricardo Ramón Lardone alias “Fogo” Carlos Alberto Vega alias “Vergara” que fue condenado a 18 años.
El miércoles, Otero Álvarez prestó declaración durante casi cinco horas hasta que el juez decidió pasar a un cuarto intermedio ante el pedido del ex funcionario judicial de poder ver los expedientes originales para verificar, entre otras cosas, si es su firma la que figura en ellos. Como la justicia no los tenía materialmente a su disposición es que Herrera Piedrabuena decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy (Ver Otero Álvarez: “Muchas gracias a todos…y todas”).
Otero Álvarez está acusado por delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal en calidad de autor y aplicación de tormentos en calidad de cómplice secundario en noventa y tres hechos cuando se desempeñaba como Secretario del Juzgado Federal 1 bajo las órdenes del fallecido Adolfo Zamboni Ledesma.
Este juzgado llevó adelante numerosas causas de presos políticos que se encontraban detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de los cuáles muchos de ellos terminaron siendo asesinados por los militares sin ninguna investigación judicial.
Los acontecimientos de cómo fueron fusilados clandestinamente con la complicidad de la Justicia Federal en fraguados intentos de fuga quedaron demostrados en el último juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba durante el 2010 en la denominada causa “Videla” (Ver Evidencian los Fraguados Intentos de Fuga).
Durante este proceso se juzgó la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la “Ley de Fugas” además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones políticas opositoras en 1976.
El tribunal estaba presidido por Jaime Díaz Gavier e integrado por Otero Álvarez y José Vicente Muscará como vocales.
Cuando se conoció que integraría este tribunal Luis Miguel Baronetto, ex Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, presentó el 14 de abril de 2008 una recusación en contra del juez federal debido a que él había denunciado las torturas que estaba sufriendo cuando estuvo detenido ilegalmente ante el juzgado que integraba Otero Álvarez como Secretario durante la dictadura cívico-militar (Ver Porque ahora Vitín?)
Esta acción despertó fuertes críticas entre los organismos de DD.HH debido a que entendían que entorpecía el comienzo del primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad en Córdoba.
La querella del juicio a Videla y Menéndez en 2010 solicitó que se investigue la participación que tuvieron estos ex funcionarios y magistrados de la justicia federal de Córdoba en relación a la violación de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y dignidad humana, etc., de las víctimas fatales de la causa UP1 al omitir investigar los asesinatos de detenidos políticos.
En ese mismo juicio Baronetto, que fue una de las víctimas, declaró haber sido trasladado al centro de detención Sierra Chica desde la UP1 en marzo de 1977, donde fue visitado por el juez federal Luis Zamboni Ledesma y el secretario penal Otero Álvarez para una nueva indagatoria.
Baronetto tenía como defensor a Luis Eugenio Angulo al que reemplazaron forzosamente por un defensor oficial, Luis Eduardo Molina (otro de los detenidos en esta causa) quien estuvo presente el día del interrogatorio donde antes de comenzar exigió conocer las causas sobre el asesinato de su mujer, Marta.
“Por qué mataron a mi mujer, si nosotros estábamos bajo sus responsabilidades o a la disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con una causa judicial”, les preguntó.
Según relató, el juez quedó “mudo”, mientras que Otero Álvarez “más activo” le dijo que contaba con un comunicado del Ejército y se lo leyó. El documento que pudo ver estaba firmado por el coronel Vicente Meli e indicaba que su esposa había muerto en un enfrentamiento durante un intento de fuga.
Otero Álvarez le dijo que no podía hacer más porque eso es lo que el Ejército les decía, a lo que él respondió: “Pero si a mí el Ejército no tiene nada que decirme”.
En el marco de esta causa ayer fue detenido con prisión domiciliaria el ex Defensor Oficial, Ricardo Haro, (Ver Ordenaron prisión domiciliaria para Haro)
El jueves quedó privado de su libertad Luis Eduardo Molina, defensor oficial durante la dictadura acusado de encubrimiento, abuso de autoridad en calidad de autor y de cómplice secundario respectivamente (Ver: Quedó detenido el ex defensor federal Molina).
El martes ordenaron la prisión domiciliaria al ex procurador fiscal Antonio Sebastián Cornejo acusado de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal en calidad de autor y aplicación de tormentos como cómplice secundario (Ver Detuvieron con prisión domiciliaria al ex procurador fiscal Cornejo).
Y el lunes el ex juez federal Miguel Ángel Puga fue traslado al Servicio Penitenciario de Bouwer acusado de abuso de autoridad en concurso ideal con complicidad en homicidio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados (Ver Detuvieron al ex juez federal Puga).
Cabe señalar, que el imputado Ali Fuad Ali, en base a los resultados de la pericia psiquiátrica a la que fue sometido, y debido a un cuadro de incapacidad procesal sobreviniente, fue temporariamente excluido de legitimación pasiva en este proceso.