Avanzan
El diputado del Frente para la Victoria, Remo Carlotto, aseguró ayer que las leyes aprobadas para la obtención de ADN y de modernización de Banco de Datos Genéticos "ratifica el compromiso de reparar lo que el Estado terrorista hizo" en materia de violaciones a los derechos humanos.
Carlotto explicó que las leyes acelerarán los mecanismos de restitución de niños apropiados por la dictadura militar al "dar herramientas para que los jueces den respuestas con celeridad" ante los casos de búsqueda de la identidad.
"Viene a dar todas las posibilidades y caminos para extraer ADN sin utilizar formas invasivas", sostuvo el diputado oficialista, quien además aclaró que la ley prevé "todos los mecanismos de orden nacional e internacional" de preservación del material, fijados por la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Sobre la ley de creación de un nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos, Carlotto manifestó que "lo jerarquiza institucionalmente, le da autonomía y un fortalecimiento que hasta ahora no ha tenido".
Por su parte, Manuel Goncalves, hijo de desaparecidos que recuperó su verdadera identidad a los 19 años, ayer celebró la media sanción que dio ayer Diputados a la Ley que regula la obtención de ADN en causas de apropiación de niños durante la dictadura militar.
Asimismo, destacó la importancia de que "una institución de la democracia diera respuesta a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo".
"Fue un momento histórico, un triunfo de las instituciones democráticas como el Parlamento" aseguró a Télam el nieto recuperado en 1997, quien aclaró que la ley "da un marco legal a procedimientos que ya ocurren".
Recordó que responde a un fallo de la Corte Suprema y que lo que realmente se busca "es que lo que se hace se haga bien", dijo con relación a los allanamientos que realiza actualmente la justicia para retirar objetos personales y obtener el ADN a través de cepillos de dientes, pelos o saliva.
"La ley tiene la obligatoriedad de perseguir un delito como es el de falsificación de documento público", precisó Goncálves al opinar que "es un juego perverso hablar de obligatoriedad cuando en realidad es una obligación del Estado combatir un delito".