Ordenaron prisión domiciliaria para Haro
El ex Defensor Oficial, Ricardo Haro, fue detenido esta tarde con prisión domiciliaria, en el marco de la causa que investiga la actuación de ex magistrados y funcionarios del poder judicial de Córdoba durante la última dictadura cívico-militar.
El ex funcionario prestó declaración indagatoria en el Juzgado Federal Nº2 de Córdoba y “negó todos los hechos en los que se lo imputa, a la vez que, realizó algunos descargos que creyó conveniente su defensa” señaló Facundo Trota Fiscal Federal de Villa María subrogante en esta causa, aunque no precisó más detalles sobre los dichos de Haro.
El Juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien tiene a su cargo la causa resolvió “no hacer lugar al pedido de exención de prisión que había presentado la defensa de Haro, pero dispuso la detención domiciliaria del acusado” afirmó el fiscal de la causa.
Cabe señalar, que en este caso puntual, “se hizo un control médico previo que en principio certifica que Haro tenía algunas dolencias” expresó Trota, al tiempo que agregó que a pesar de ello, “se trata de una persona que tiene más de 70 años que es la exigencia que impone el código para disponer la detención domiciliaria, por lo cual la cuestión de la Junta Médica imagino yo que irá un poquito más adelante porque hoy fue un sólo medico el que hizo el control”.
En tanto, Miguel Ceballos, abogado querellante, señaló que el otro funcionario investigado, Carlos Otero Álvarez, quien mañana completará su testimonio, no podría gozar del beneficio domiciliario y podría ser trasladado a Bouwer.Mañana completará su declaración el ex Secretario del juzgado del fallecido Juez Federal Luis Zomboni Ledesma durante la última dictadura cívico-militar que el miércoles 29 pasó a un cuarto intermedio hasta el sábado a las nueve de la mañana debido a que el ex magistrado solicitó los expedientes originales para corroborar las acusaciones. (Ver Otero Álvarez: “Muchas gracias a todos…y todas”).
Otero Álvarez integró como vocal el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que condenó a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez el 25 de julio de 2008 en la causa “Brandalisis”. También recibieron perpetua Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone. Vega fue condenado a 18 años. Acosta y Rodríguez a 22 (Ver Prisión perpetua para Videla y Menéndez).
Ese tribunal estaba presidido por Jaime Díaz Gavier e integrado por Otero Álvarez y José Vicente Muscará como vocales.
Luis Miguel Baronetto fue quien presentó el 14 de abril de 2008 una recusación en contra del juez federal cuando se conoció que integraría este tribunal debido a que él denunció las torturas que estaba sufriendo cuando estuvo detenido ilegalmente durante la dictadura militar ante el juzgado que éste integraba como Secretario (Ver Porque ahora Vitín? ).
A Otero Álvarez se le investiga por noventa y tres hechos entre los que se encuentran los asesinatos de los presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) cuando estaba a cargo de la causa por la que estaban privados de su libertad. Esta acción despertó fuertes críticas entre los organismos de DD.HH debido a que entendían que entorpecía el comienzo del primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad en Córdoba.
En tanto, ayer quedó detenido tras prestar declaración indagatoria Luis Eduardo Molina, defensor oficial durante la dictadura (Ver: Quedó detenido el ex defensor federal Molina).
Molina fue beneficiado con la prisión domiciliaria debido a su estado de salud, aunque al igual que en el caso del ex procurador fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el Fiscal Federal Carlos Gonella pedirá una junta médica para que corroboren que el ex defensor oficial no está en condiciones de ser trasladado a una cárcel común.
El martes Cornejo quedó detenido tras prestar declaración indagatoria acusado de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal en calidad de autor y aplicación de tormentos como cómplice secundario. (Ver: Detuvieron con prisión domiciliaria al ex procurador fiscal Cornejo).
En tanto el lunes, el ex juez federal Miguel Ángel Puga quedó detenido en la Penitenciaria de Bouwer, tras prestar declaración indagatoria, acusado de abuso de autoridad en concurso ideal con complicidad en homicidio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados. (Ver: Detuvieron al ex juez federal Puga).
Cabe recordar, que el imputado Ali Fuad Ali, en base a los resultados de la pericia psiquiátrica a la que fue sometido, y debido a un cuadro de incapacidad procesal sobreviniente, fue temporariamente excluido de legitimación pasiva en este proceso.
La querella del juicio a Videla y Menéndez en 2010 solicitó que se investigue la participación que tuvieron estos ex funcionarios y magistrados de la justicia federal de Córdoba en relación a la violación de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y dignidad humana, etc., de las víctimas fatales de la causa UP1 al omitir investigar los asesinatos de detenidos políticos.
Durante este proceso se juzgó la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la “Ley de Fugas” además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones políticas opositoras en 1976.