Piden 8 años de prisión a acusado se amenazas a investigadores en causa de DDHH
El fiscal federal Martín Suárez Faisal pidió una pena de 8 años de prisión para el ex personal civil de inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, juzgado en esta ciudad por amenazar a investigadores en una causa por delitos de lesa humanidad, informaron voceros judiciales.
El fiscal Suárez Faisal basó su solicitud de pena en los mencionados agravantes y además en la "preparación de tipo intelectual" de todo su acción enviando los mails en cuestión y puntualizó que desde su punto de vista "la pena debería ser de entre 5 y 16 años de prisión, por lo que optó por una intermedia de 8 años".
Con anterioridad, en sus alegatos, los abogados de los damnificados, Pedro Dinani e Iván Bordón, pidieron 12 y 13 años de prisión para el acusado por amenazas coactivas, por tratarse de dos hechos en concurso real y con el agravante de que las amenazas fueron hechas en forma anónima.
En la jornada de hoy, la defensa del enjuiciado pedirá, según adelantó, la absolución y luego quedará solamente conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal.
"Esta querella no tiene dudas que él fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado", manifestó en declaraciones a la prensa el abogado querellante Iván Bordón y agregó que Juan José Luis Gil "fue parte de la estructura represiva del terrorismo de Estado".
Gil está siendo juzgado por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", que tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.
La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista, que denunciaron la recepción de dos correos electrónicos donde se cuestionaba su desenvolvimiento como integrantes de dicho organismo de derechos humanos, al tiempo que hicieron referencia a hechos de difamación e intimidación.
Los mails también fueron recibidos por la Fiscalía Federal de Reconquista y el Concejo Municipal de la misma ciudad, en todos los casos con amenazas.
El ex policía está acusado de haber amenazado mediante correos electrónicos a funcionarios judiciales, querellantes y otras personas vinculadas a la denominada Causa número 50 "Base Aérea", que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.