La UCR reiteró que se informe sobre el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar
El titular del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Brouwer de Koning, se refirió hoy a las declaraciones de una jueza de Villa María, Cecilia Fernández, de que no se puede hacer justicia con los recursos disponibles para prevenir los casos de violencia doméstica, y recordó que el pasado mes de julio presentó un proyecto por el cual exigía precisiones acerca del artículo N° 23 de ley 9505, por el que se creó el “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar” integrado con el 2% sobre el precio de las subastas y/o remates judiciales.
Según publicaciones periodísticas, la magistrado expresó que “tampoco se ha trabajado con la información, que es materia del Poder Ejecutivo, que recauda el 2 por ciento de cada uno de los remates judiciales desde hace cuatro años por una ley que vence este año y que se deposita para que sea invertida en la prevención de la violencia”.
El legislador requería en su momento exactitudes al gobierno provincial acerca de cuánto asciende el monto de lo recaudado en el año 2011 y lo que va de 2012, proveniente del 2% que se retiene sobre el precio de las subastas y /o remates judiciales para integrar el “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”.
También que se indicara cuáles eran los mecanismos de control que se utilizaban para verificar la efectiva realización de los depósitos en la cuenta especial correspondiente al fondo mencionado.
Finalmente, Brouwer de Koning reclamó que el gobierno informara cuáles son los programas que se financian con dicho fondo, detallando el importe destinado a cada uno de ellos.
“La violencia familiar comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el acoso, la intimidación en el seno del hogar contra alguno de los miembros de la familia y que, nuestra sociedad cordobesa, no se halla ajena a este flagelo”, opinó en julio Brouwer de Koning.
“La posibilidad de financiar programas y planes con este fondo es una necesidad que tiene la provincia para evitar el flagelo de la violencia familiar. Es por ello que, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, solicitamos una respuesta acerca de los montos que se manejan para la consecución del Fondo, como así también en qué se gastan los mismos”, añadió el legislador de la UCR.
Caffaratti pidió al gobierno que informe sobre el PPP
Por otra parte, la parlamentaria radical Elisa Caffaratti presentó una propuesta, por el que se dirige al Poder Ejecutivo para que informe sobre puntos relacionados con la ejecución sobre el Programa Primer Paso (PPP).
El citado plan llevado adelante en el pasado por el gobierno de la provincia de Córdoba y reeditado recientemente, tiene por objetivo generar una iniciativa de capacitación apoyada desde el Estado a fin de incrementar la formación laboral y por ende la empleabilidad de los jóvenes, y disminuir las barreras de entrada al mercado laboral. En esta nueva edición, se pretende alcanzar 10 mil jóvenes por año, durante 4 años. Esto representa un total de 40 mil jóvenes cordobeses.
La legisladora requiere que el Estado exprese si se han realizado fiscalizaciones en los lugares dónde prestan servicios los beneficiarios del PPP, con la finalidad de controlar en qué condiciones laborales desempeñan sus actividades: (seguridad e higiene, horarios, asignación de tareas y supervisión de las mismas, relación con el entorno laboral). De ser afirmativa la respuesta, que indique la modalidad de ejecución de dichos controles, y resultados obtenidos.
La legisladora también requirió en forma detallada la denominación social de las empresas que han incorporado jóvenes a través del programa mencionado, e indicar el número de beneficiarios que cada una de estas sociedades han tomado y modalidad (beca /contrato), porcentajes de beneficiarios incorporados por rubro de empresas: servicios, comercio, industria.
En otra parte, el pedido de informe Caffaratti exige que el gobierno mencione si existen bajas de los beneficiarios. De ser positiva la respuesta, nombre causas, indique si las vacantes han sido cubiertas, establezca mecanismo o modalidad aplicada para dicho fin.
Si en el programa citado se ha contemplado acciones de capacitación, desarrollo y formación laboral del joven, sobre la existencia de registros estadísticos que indiquen dentro del grupo de beneficiarios, acerca de las medidas que proporcionen incentivos a los jóvenes que aún no han concluido los estudios secundarios con el objeto de que los finalicen, y sobre la articulación con otras áreas ministeriales; son otros de los motivos del pedido de informe.
“Es necesario conocer si el programa contempla algún mecanismo de seguimiento con la finalidad de poder verificar en qué condiciones laborales realizan sus actividades estos jóvenes, y la posibilidad que puedan contar con un lugar determinado para esgrimir sus reclamos ante cualquier anormalidad que se presente, buscando así hacer cumplir sus derechos, lo que garantiza seguridad, y sobre todo dignidad”, afirmó Elisa Caffaratti.