Querella pide 12 años de prisión a acusado de amenazas a investigadores y testigos
El abogado querellante Iván Bordón solicitó hoy una pena de 12 años de prisión para el ex personal civil de inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, juzgado en Santa Fe por amenazar a investigadores en una causa por delitos de lesa humanidad.
En el primer alegato del juicio, Bordón basó su pedido en el artículo 149 bis del Código Penal, que refiere a las amenazas coactivas y que prevé una pena de dos a cuatro años de prisión.
El querellante solicitó 12 años por tratarse de dos hechos en concurso real y con el agravante de que las amenazas fueron hechas en forma anónima.
Luego del alegato de Bordón, el tribunal integrado por los jueces María Ivon Vella, José Escobar Cello y Otmar Paulucci dispuso la realización de un receso.
Voceros judiciales indicaron a la agencia Télam que la idea de los jueces era finalizar hoy con las partes querellantes (restaba el alegato del abogado Pedro Dinani) y del Ministerio Público Fiscal a cargo de Martín Suárez Faisal.
El acusado, de 67 años, está siendo juzgado por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", que tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.
La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista.
Daba cuenta de la recepción de dos correos electrónicos donde se cuestionaba su desenvolvimiento como integrantes de dicho organismo de derechos humanos, al tiempo que hicieron referencia a hechos de difamación e intimidación.
Los mails también fueron recibidos por la Fiscalía Federal de Reconquista y el Concejo Municipal de la misma ciudad, en todos los casos con amenazas.
El ex policía está acusado de haber amenazado mediante correos electrónicos a funcionarios judiciales, querellantes y otras personas vinculadas a la denominada Causa número 50 "Base Aérea", que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
El acusado niega haber creado la cuenta de correo [email protected], de la que partieron las amenazas a militantes de organismos de derechos humanos y querellantes de la Causa número 50 "Base Aérea".
Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada "La hermandad", se acusaba a los funcionarios judiciales de que era una "causa armada" por la Fiscalía, aunque la amenaza más fuerte daba cuenta de la "ejecución" de los fiscales José Ignacio Candioti y Salum, y del abogado Gabriel Hernández.