Inician alegatos en causa por amenazas a investigadores de delitos de lesa humanidad
La etapa de alegatos en el juicio que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe le sigue al ex personal civil de inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, acusado de amenazar a investigadores en una causa por delitos de lesa humanidad, comenzará mañana, según confirmaron fuentes judiciales.
De acuerdo a lo informado por las fuentes, mañana será el turno del abogado querellante Iván Bordón, quien dará su alegato ante el tribunal integrado por los jueces María Ivon Vella, José Escobar Cello y Otmar Paulucci.
Gil está siendo juzgado por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", que tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.
La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista, que denunció la recepción de un correo electrónico donde se cuestionaba su desenvolvimiento como integrantes de dicho organismo de derechos humanos, al tiempo que hicieron referencia a hechos de difamación e intimidación.
Los mails también fueron recibidos por la Fiscalía Federal de Reconquista y el Concejo Municipal de la misma ciudad, en todos los casos con amenazas.
El ex policía está acusado de haber amenazado mediante correos electrónicos a funcionarios judiciales, querellantes y otras personas vinculadas a la denominada Causa número 50 "Base Aérea", que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
El acusado niega haber creado la cuenta de correo ([email protected]), de la que partieron las amenazas a militantes de organismos de derechos humanos y querellantes de la Causa número 50 "Base Aérea.
Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada "La hermandad", se daba cuenta de una "causa armada" por la fiscalía, aunque la amenaza más fuerte daba cuenta de la "ejecución" de los fiscales José Ignacio Candioti y Salum, y del abogado Gabriel Hernández.