Detuvieron al ex juez federal Puga
El ex juez federal Miguel Ángel Puga quedó detenido, tras prestar declaración indagatoria, acusado de abuso de autoridad en concurso ideal con complicidad en homicidio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en el marco de la causa que investiga la actuación de los jueces federales de Córdoba durante la última dictadura cívico-militar.
El magistrado de la provincia de la Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena que tiene a su cargo la causa resolvió la detención de Puga y su inmediato traslado al Servicio Pnitenciario de Bouwer. En declaraciones a Cónclave Político el Fiscal Federal Carlos Gonella relató que luego de la audiencia indagatoria se le comunicó a Puga que quedaría detenido atento a la gravedad de los hechos que se le acusan.
Entre los hechos por los que se investigan al ex juez federal, que en total suman nueve, se encuentra el fusilamiento ocurrido el 11 de octubre de 1976 donde asesinaron a los presos políticos Pablo Balustra (Ver La última noche de Balustra), Marta González, Florencio Esteban Díaz, Oscar García, Miguel Ángel Ceballos y Oscar Hubert detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) en un fraguado intento de fuga cuando el entonces juez federal Miguel Ángel Puga estaba a cargo de la causa por la que estaban detenidos.
Los acontecimientos de cómo fueron fusilados clandestinamente con la complicidad de la Justicia Federal quedaron demostrados en el último juicio por delitos de lesa humanidad de Córdoba durante el 2010 (Ver Evidencian los Fraguados Intentos de Fuga)que terminó condenando a Jorge Rafel Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 represores durante el año 2010 (Ver Prisión perpetua para Videla y Menéndez).
La decisión de encarcelar al juez tomó por sorpresa a quienes se encontraban presentes en el séptimo piso del edificio de Tribuanles Federales esperando la resolución de Piedrabuena. Estaba el abagodo Miguel Ceballos primer querellante que comenzó con el pedido de investigación a los jueces que acturaon durante la última dictadura militar en el año 1996; Miguel Baronetto otro de los impulsores de la investigación y militante activo de Derechos Humanos; Pablo Balustra hijo de una de una de las víctimas de los fusilamientos de la UP1; Carlos Vicente, ex viceintendente de la ciudad de Córdoba y Marta Moukarzel, Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba.
Ceballos dijo que se abre "una nueva etapa que tiene que ver con las complicidades civiles, la dictadura no hubiera sido posible sin la gente que estaba acá en la Justicia Federal, de la Iglesia, de los sectores empresarios, de los sectores de la sociedad civil que acompañaron la dictadura".
Por su parte Baronetto expresó que "la justicia tomará en serio causa de los magistrados que lamentablemente a contado con la complicidad de la sagrada familia cordobesa" y conincidió con Ceballos al señalar que "la dictadura fue cívico-militar y todavía (la justicia) debería extender el brazo hacia otros sectores (..) económicos, el poder que se beneficiaron con el terrorismo de estado, los sectores eclesiásticos que avalaron y se beneficiaron también con este manto de la civilización occidental".
Mañana declarará el ex juez Cornejo, el miércoles lo hará Otero Álvarez mientras que los ex Defensores Oficiales, Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro, declararán el jueves y el viernes respectivamente.
Cabe señalar, que el imputado Ali Fuad Ali, en base a los resultados de la pericia psiquiátrica a la que fue sometido, y debido a un cuadro de incapacidad procesal sobreviniente, fue temporariamente excluido de legitimación pasiva en este proceso.
La querella solicitó durante el juicio a Videla y Menendez en 2010, que se investigue la participación que tuvieron estos ex funcionarios y magistrados de la justicia federal de Córdoba en relación a la violación de los derechos fundamentales, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y dignidad humana, etc., de las víctimas fatales de la causa UP1 al omitir investigar los asesinatos de detenidos políticos.
Durante este proceso se juzgó la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la “Ley de Fugas” además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones políticas opositoras en 1976.
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) sentenció a prisión perpetua a Videla, Menéndez y a los ex policías Carlos Yanicelli, Miguel Ángel Gómez, Luis Lucero, Calixto Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Ramón Molina.