Magistratura desestimó la denuncia contra Oyarbide en la causa de espionaje
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura dictaminó en contra de una denuncia contra el juez federal Norberto Oyarbide por el trámite de a causa sobre “escuchas” telefónicas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes judiciales recordaron que la denuncia fue presentada por el diputado nacional del PRO, Federico Pinedo, luego de que Oyarbide dictara el procesamiento del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, como miembro de una asociación ilícita.
Días atrás, el fiscal federal Jorge Di Lello, requirió que Macri y otros procesados por las “escuchas” ilegales, como el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, el sindicado espía Ciro James y ex ministro de Educación Mariano Narodowski, sean sometidos a juicio oral y público.
El dictamen que desestimó la presentación contra Oyarbide, aprobado por mayoría en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo, debe ser homologado por un plenario del cuerpo –que podría realizarse esta semana- para que se proceda al archivo de la denuncia.
El criterio que se impuso en la Comisión tuvo en cuenta que las medidas dictadas por Oyarbide contra Macri fueron confirmadas por las cámaras federal y de Casación Penal.
Macri fue procesado por las presuntas intervenciones ilegales de las líneas telefónicas de su cuñado Néstor Daniel Leonardo y de Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA).
Di Lello sostuvo que Macri incurrió en los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica de instrumento público en la intervención telefónica a su cuñado Néstor Daniel Leonardo.
Por los mismos delitos, pero en más casos (escuchas a Sergio Burstein, al empresario Carlos Ávila y a dos gerentes del hipermercado Coto) Di Lello requirió la elevación de la causa a juicio respecto de Palacios y James.
El fiscal dictaminó que Narodowski introdujo a James en la estructura del Ministerio de Educación porteño, donde no registraba tareas, pagándole con fondos del Estado, lo que calificó como administración fraudulenta.
Según Di Lello, el ex juez de Posadas Luis Rey fue uno de los dos magistrados de esa capital (el otro, Horacio Gallardo, falleció durante la pesquisa) que autorizaron las escuchas ilegales, por lo que lo responsabilizó por asociación ilícita, violación de secreto y prevaricato.
El requerimiento de elevación a juicio se completó con relación a los comisarios Rubén Quintana, Raúl Rojas, David Amaral y Antonio César Fernández, quienes, para el fiscal, cometieron abuso de autoridad, violación de sus deberes y falsedad ideológica de documento público.