Apelan ante Casación Penal para que todos los imputados estén en prisión
Al reiniciarse hoy el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se sigue en esta provincia, abogados querellantes apelaron ante la Cámara de Casación Penal el rechazo del Tribunal Oral, que negó el pedido de prisión para seis de los diez ex represores imputados que aún permanecen en libertad.
“El recurso se presentó ayer y hoy el tribunal notificó su admisión, por lo cual pensamos que en 30 días podría haber una respuesta”, indicó a Télam el querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Pablo Salinas.
Se trata de los acusados Fernando Morellato, Ricardo Miranda Genaro, Aldo Patrocinio Bruno, Antonio Garibote, Armando Fernández y Ramón Puerta.
Los otros represores involucrados en las seis causas que se analizan durante el juicio son Dardo Migno, Paulino Furió, Juan Oyarzábal, y Alcides Francisca, quienes cumplen sus condenas anteriores en prisión domiciliaria, bajo el argumento de débil estado de salud.
Salinas explicó que el recurso extraordinario ante Casación “tomó como antecedente el caso del imputado Aldo Patrocinio Bruno, a quien hace una semana la Corte le revocó la excarcelación que le había concedido el juez Walter Bentos por otra causa y lo mandó a la cárcel”.
“Con ese precedente estamos pidiendo que la situación de los demás represores sea de igual situación a la de Bruno”, agregó el querellante, quien calificó al debate de hoy como una “jornada histórica desde el punto de vista técnico”, dado que se leyó la nueva acusación que pasó de privación ilegítima de la libertad a tormentos, homicidio, y asociación ilícita.
Tal como ocurrió el primer día de este tercer juicio oral en Mendoza, hoy nuevamente los diez acusados se abstuvieron de declarar por lo cual se pasó a una nueva ronda de testimonios que incluyó a Aladino Jorge Rivero, quien trabajó en el Archivo Judicial desde 1976 al 2002 y dijo conocer a todos los imputados “porque eran sus jefes”.
Rivero recordó haber escuchado gritos de tormentos desde su oficina que quedaba en la planta baja del Centro de Detención D 2, pero indicó que él "no vio ni preguntó nada y que sólo se remitía a entregar y recibir los prontuarios a pedido de los efectivos policiales".
Luego continuó el relato de Isabel Guinchul de Pérez, miembro de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y Ana María Del´ollio, quienes relataron sus vivencias en los años setenta como amiga de familiares de las víctimas y novia de Mario Camín, estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional y desaparecido el 22 de mayo de 1978, al igual que su padre Gustavo Caín.
Desde hace unas semanas, la tarea de los magistrados del tribunal oral número 1 es comprobar las denuncias de secuestros, desapariciones forzadas y homicidio de 32 víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por causas naturales, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen con vida.
Entre la treintena de víctimas figuran Roberto Blanco, quien era militante peronista y jefe de transporte de la Dirección de Tránsito; Blanca Graciela Santamaría, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC); Miguel Alfredo Poinsteau, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la UNC ; Oscar Julio Ramos, integrante de Montoneros; y Oscar Daniel Iturgay, también Montonero, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.
El tribunal está integrado por Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, y los nombrados desde Buenos Aires Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo, como tercer y cuarto miembros respectivamente.